Las bandas criminales que tienen ramificaciones en las cárceles de nuestro país, es inalterablemente uno de los problemas más recurrentes para el ministro de Justicia que debe equilibrar urgencias entre el crecimiento de una población penitenciaría y la escasez cada vez más del personal calificado para esta labor.

Como si la situación de una emergencia penitenciaria dentro de una crisis sanitaria por el COVID-19 ya no resultará escandalosa, suman y siguen los casos de internos ocupando celdas vip.

Al respecto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, expresó que uno de los problemas constantes en el tema penitenciario es la “infraestructura, eso evita que nosotros podamos hacer discriminaciones por perfiles o poder determinar las personas que estén relacionadas al crimen organizado o liderando, en ese sentido ya tenemos que hablar no solo de grupos locales, sino ya de crimen transnacional”.

La funcionaria de Estado mencionó que es necesario impulsar la capacitación del funcionario penitenciario, la dotación de herramientas tanto en conocimiento y en materia de tecnología que garantizará una mayor seguridad y el distanciamiento entre los reclusos y los guardia cárceles.

“Las infraestructuras siguen siendo un déficit y sabemos que los nuevos centros no resolverán, pero por lo menos paliarán y nos permitirá dejar sentadas las bases para que las siguientes construcciones se hagan con el enfoque de un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Esos son elementos claves, no son los únicos, pero sí los importantes”, afirmó.

En la línea del conflicto penitenciario, la ministra de Justicia mencionó el conflicto de la flagrancia, razón por la cual solicitó colaboración del Legislativo. “Nosotros creemos que se pueden hacer ajustes legislativos. Habíamos intentado con una iniciativa del Ejecutivo y terminó en archivo porque hay un cierto temor de algunos autores el Congreso de terminar en esquemas de aprietes usando la escusas de querer cerrar los procesos antes del plazo, como son los casos de flagrancia”, manifestó en una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.

En ese sentido, abogó por dar herramientas legales a los operadores de la Justicia, lo cual ayudará a que no se tengan procesos abiertos de seis meses a un año, donde ya no se necesitarán corroborar elementos para dictar la condena.

“Se debe dar herramientas legislativas legales a los operadores de la Justicia para cerrar estos procesos, lo cual aumentará la cantidad de condenados sobre quienes se aplicará el tratamiento penitenciario y bajar la cantidad de la tasa de personas sin condenas, con las que nosotros no podemos hacer mucho”, refirió.

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Por otra parte, Pérez destacó la administración de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), en torno a las medidas que son adoptadas y oficializadas. “Hay un acercamiento de la Corte como institución, que es importante hacia lo que es la población penitenciaria”, comentó.

Reiteró que en el esquema de la depuración de causas aún faltan varias soluciones. En ese sentido, comentó que la problemática llevó de vuelta al Paraguay a ubicarse en el primer lugar entre los países de América Latina.

“Por la cantidad de reclusos que ingresan, otros salen, y seguimos con esa tasa tan elevada de privación de libertad sin condena, que hoy nos lleva a estar de nuevo en primer lugar en un ranking negativo en América Latina. Yo veo que esta Corte tomó cartas en el asunto, pudo incidir el cambio de personas, que es importante; cambio de estructura, la juventud de algunos miembros que tienen ideas más innovadoras y las defienden con relación al periodo anterior”, dijo.

Por otra parte, Pérez comentó que en el país, el Clan Rotela cuenta con una gran cantidad de reclusos llegando a un total de 2.000, ya que todos son paraguayos; mientras que el segundo clan con mayores internos es el Primer Comando Capital (PCC), que contaría entre 300 a 400 reclusos, quienes se destacan por tener gran organización, disciplina y jerarquía entre sus miembros.

Finalmente, la secretaria de Estado se refirió sobre el Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria, el cual no generó hasta el momento remesa. “Nosotros establecimos que los formados tengan dos años de estudios para ser un técnico en gestión penitenciaria. Se hará una etapa intensiva inicial para que las personas que pasan la primera etapa puedan ingresar a los nuevos centros con la condición de que tienen que terminar la carrera para poder mantener el trabajo”, indicó.

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