El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar Said, señaló el pasado domingo que la agresión a un menonita en la colonia Nueva Durango de la ciudad de Maracaná, departamento de Canindeyú, ya no puede ocurrir. La víctima es un joven de 18 años de edad y el caso quedó a cargo del fiscal Lucrecio Cabrera.
“La sociedad tiene que liberarse de la violencia, no puede ser que este tipo de conductas sea tolerado socialmente. Lo que busca impulsar el Ministerio de la Niñez es una vida sin violencia”, manifestó el viceministro en una entrevista con canal Trece.
Sostuvo que el ente intervino desde el primer momento en que tomó estado público el caso y se pudo constatar que la víctima está por cumplir 19 años de edad, por lo que el caso quedó a cargo del Ministerio Público. El padre ya presentó también la denuncia sobre lo sucedido en la colonia Nueva Durango.
Sostuvo que la violencia no puede ser una respuesta a ciertas situaciones sociales y el caso habría ocurrido porque un grupo de jóvenes acude a una plaza de la zona para jugar, hecho que supuestamente molestó al agresor y golpeó brutalmente al joven. Aclaró también que todos los extranjeros deben ser sometidos a la Justicia paraguaya.
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“Aparentemente es un vecino que se molesta porque unos chicos van a jugar a una plaza y reacciona violentamente contra este joven. El padre ya radicó una denuncia. En el caso de los extranjeros, ellos tienen que someterse a la Justicia paraguaya porque Paraguay es soberano en todo su territorio”, agregó el viceministro.
El fiscal Lucrecio Cabrera y la representante interviniente de la Defensoría de la Niñez, Amelia Leiva, se constituyeron hasta el lugar para indagar sobre lo ocurrido, pero al ser víctima mayor de edad, el caso quedó a cargo del Ministerio Público.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Violencia en Colombia: matan a un concejal
El concejal y reconocido líder político de Jamundí, Valle del Cauca, John Freddy Gil Franco fue asesinado en las últimas horas en el que supone la 55ª muerte de líderes sociales en lo que va de año. A esta muerte hay que sumar los cuatro fallecidos, incluidos un cantante y un pinchadiscos, en una nueva masacre en el norte del departamento colombiano de Cauca.
“John Freddy Gil Franco era un reconocido líder político. En las pasadas elecciones regionales fue elegido como concejal del municipio de Jamundí, Valle del Cauca por el partido MAIS”, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, destacó el Instituto de Estudios para la Paz colombiano (Indepaz) en un mensaje publicado en la red social X.
Un individuo disparó varias veces con un arma de fuego contra Gil Franco. “Desde la policía metropolitana de Santiago de Cali se ha dispuesto toda la capacidad de las especialidades un grupo especial de la seccional de investigación criminal e inteligencia, han llegado al municipio con el fin de recolectar elementos materiales probatorios”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Carlos Oviedo, citado por la radio pública colombiana.
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La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo Gutiérrez, condenó el asesinato de Gil Franco, conocido popularmente como ‘Paloma’, y destacó que no había denunciado amenazas contra su vida. Mientras, en Cauca, el cantante de música popular Sebastián Muñoz conocido como ‘El León de la Canción’, el pinchadiscos DJ JJ Villegas y otras dos personas fueron asesinados por desconocidos que irrumpieron en una vivienda del municipio de Corinto y atacaron con armas de fuego a las personas que se encontraban allí.
Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, “fueron asesinadas cuatro personas, cuatro hombres, y hay una mujer herida”. “En Corinto hace presencia especialmente el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC y está llegando el Frente 57 también de las disidencias”, explicó. “Sebastián Muñoz y su presentador en tarima DJ JJ Villegas mueren en la noche del día viernes 26 de abril en hechos confusos en el municipio de Corinto y que son materia de investigación”, publicó el mánager del grupo.
Secuestro
Por último, se informó del secuestro de un soldado profesional del Ejército por el Estado Mayor Central de las FARC cuando estaba de vacaciones en Cauca. Noscue Largo Guiner Kevim fue apresado cuando se desplazaba desde Toribío al sector de Tacueyó. Petenecía al batallón de artillería de campaña N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez.
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“El hecho es denunciado por un familiar del militar, quien manifiesta que recibió una llamada de un desconocido, identificado como integrante de las FARC-EMC, advirtiéndole que su hermano se encontraba secuestrado”, indicó el Ejército. “La institución se solidariza con la familia de nuestro soldado y a través de un equipo interdisciplinario del Centro de Familia, se le brindará un acompañamiento psicosocial permanente”, ha añadido en un comunicado oficial.
Fuente: Europa Press
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.