El microcentro de Asunción fue ayer un campo de batalla campal entre manifestantes y la fuerza pública. Los hechos de violencia dejaron varios heridos, especialmente en filas de los uniformados. La tensión siguió hoy en las inmediaciones del Congreso, donde se congregó la protesta de indígenas y campesinos.
En algunos casos los hechos de violencia atentaron contra la vida de personas, así como también ocasionaron daños y perjuicios hacia bienes materiales. La violenta protesta fue porque estaba en estudio en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que eleva las penas carcelarias por invasiones de tierra.
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Mientras que el microcentro fue punto de hechos vandálicos, en varios puntos del interior del país las protestas procedieron al cierre de rutas y puentes. Tras la sanción de la normativa, los campesinos e indígenas ultimaron al presidente, Mario Abdo Benítez, a que vete la normativa. Sin embargo, hoy el titular del Ejecutivo promulgó la ley y quedaron vigentes las penas carcelarias hasta 10 años por invasiones de inmuebles ajenos.
Varios actos vandálicos se registran a nivel país. ¿Cómo puede el Gobierno controlar?, consultó La Nación en la plataforma Votá. El 67% cree que “Tomando una mayor determinación a la hora de actuar”; mientras que el 18% señaló que “Castigando con más fuerza estos hechos” y solo el 15% optó por “Reemplazando al ministro del Interior por una persona más competente”.
En cuanto a la postura asumida por los indígenas y su actuar, autoridades del Ministerio Público y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) manifestaron su asombro al respecto, lo cual resulta llamativo, ya que la violencia no es una actitud que caracteriza a los pueblos originarios.
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Por su parte, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en representación del gremio expresó su solidaridad con las víctimas de los ataques y condenó los actos vandálicos.