Atendiendo a que el Ministerio de Desarrollo Social recomendó al Ejecutivo el veto parcial del proyecto de ley de consolidación económica y contención social, en lo que respecta a las ollas populares. Desde el Bañado Tacumbú comenzaron a realizar ferias para poder seguir ayudando a los niños ante un recorte prácticamente anunciado.
Esta actividad es realizada por las mujeres del Bañado y pueden encontrar ropas desde 1.000 guaraníes; así también, reciben donaciones para poder seguir con las ollas populares que alimentan especialmente a los más pequeños de la comunidad cuyos padres quedaron desempleados durante la pandemia.
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Las mujeres colocaron una mesa larga donde exhibieron las ropas frente a la iglesia Nazarena. Estarán ahí toda la semana para poder recaudar algo de fondo y poder hacer el almuerzo y merienda para los más de 130 niños que van hasta la olla popular realizada por doña Eugenia y su hija.
Buscan padrinos
“El objetivo principal de la actividad es recaudar fondos para seguir con nuestra olla popular en la zona 6. Como todos saben ya tenemos un presupuesto recortado prácticamente, no tenemos más insumos y nos toca volver al principio”, dijo al canal GEN Lidia, una de las organizadoras de la feria.
Resaltó que si el Estado paraguayo no les apoya, tendrán que ver por sus propios medios para poder seguir ayudando a los más desamparados del Bañado. “Nos sobran las ganas de seguir y ojalá podamos seguir con el beneficio del Gobierno. Esperamos conseguir padrinos para las ollas y poder continuar”, mencionó.
Por su parte, Majo, otra de las voluntarias, apuntó que tienen ropas para niños, jóvenes, hombre y mujeres para todas las edades y talles. “Invitamos a todos y de paso hacer una buena obra que es la de ayudar a estos niños cuyos padres no tienen todos los recursos y vienen para compartir un plato de comida”, señaló.
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Desde el Ministerio de Desarrollo indicaron que solo en el departamento Central se cuenta con 100 ollas populares, mientras que en la capital un total de 60. Anunciaron que la decisión será comunicada de manera oficial la próxima semana. En los últimos días, varias personas en condición de vulnerabilidad se congregaron con pancartas frente a Mburuvicha Róga para exigir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetar parcialmente la propuesta.
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Prieto dio plata para ollas populares a leales ligados con disco-constructora
Funcionarios leales a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, no solo aparecen ligados a una discoteca que facturó por construcciones a la comuna esteña, sino que también recibieron fondos municipales para la supuesta realización de ollas populares durante los meses más complicados de la pandemia. Llamativamente, declaraban realizar las entregas en el mismo día que recibían los fondos.
- Unidad de Investigación Nación Media
- investigacion@nacionmedia.com
Denuncia número 39 contra Miguel Prieto Vallejo, intendente de Ciudad del Este, quien sigue sumando causas en su contra por la comisión de supuestos hechos irregulares al frente de la comuna esteña.
Ayer, representantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este entregaron en Fiscalía una denuncia por los supuestos hechos de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros hechos.
La denuncia señala que se detectó “la conformación de subcomisiones vecinales para solicitar la suma de G. 311.580.000″, siendo estas comisiones integradas por un solo grupo familiar.
En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.
Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipalidad, mientras que Silva Battochi cumple funciones en esa misma dirección. La funcionaria aparece ligada también a la firma SCDE SA, empresa constructora que recibió millonarios contratos con la comuna pero que antes era una discoteca en el Alto Paraná.
COMISIONES CREADAS EN PARALELO
Quiroga Cañete aparecía como presidente de la comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero, supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El 30 de diciembre de 2020, el entonces director de Desarrollo Social, el actual concejal Sebastián Martínez, solicitó se inicie el proceso de pago a ambas comisiones, utilizando rubros excluidos de la ley 2051 (de Contrataciones Públicas).
TODO EN UN MISMO DÍA
La subcomisión de apoyo a ollas populares, presidida por Quiroga Cañete, recibió G. 155 millones. Para justificar la recepción de ese dinero se presentó una única factura de la firma FASV Import Expor de María Fátima Sartorio Vanni. Casualmente, la factura tenía ya fecha del 30 de diciembre de 2020.
La factura menciona la entrega de 1.700 kg de carne (no se especifica qué tipo), cantidad 3.000 bidones de aceita de 900 ml, 3.000 paquetes de fideos de 5 kg, cantidad 3.000 paquetes de arroz de 5 kg, no se mencionan las marcas. No se anexó al expediente donde fueron entregados los insumos adquiridos, como fueron distribuidos dichos insumos entre los organizadores de ollas populares. Es decir, el pedido de desembolso y el pago se realizaron en cuestión de menos de 24 horas.
DELIVERY SUPERRÁPIDO
Por su parte, la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este, encabezada por Silva Battochi, recibió G. 156 millones. Al igual que la otra subcomisión, el pedido de desembolso se realizó el 30 de diciembre de 2020. Ese mismo día recibieron los fondos y ese mismo día realizaron pagos –supuestamente– a la firma FASV Import Expor.
La empresa, beneficiada por ambas subcomisiones, declaró que realizó 7.215 raciones de comidas por valor de G. 12.000. Sin embargo, este destino se hizo figurar recién en la factura de la empresa y no aparecía en la solicitud de la comisión.
UN MISMO ENTORNO FAMILIAR
De acuerdo a los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus respectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.
Juan Quiroga Cañete era presidente de la subcomisión de apoyo a voluntarios de ollas populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.
Laura Beatriz Cañete, también hermana de Juan Quiroga, aparecía como prosecretaria de la comisión encabezada por Silva Battochi (su cuñada).
“CONSTRUCTORA”
Esta no es la única denuncia en la que aparece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
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Detectan “graves saqueos” y documentos de contenido falso en gestión de Prieto
Con la firma de diez personas, la Contraloría Ciudadana presentó esta mañana ante el Ministerio Público una nueva denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es la acción número 39 contra el jefe comunal esteño.
La unidad No. 11 a cargo de la fiscal Julia González es la que salió sorteada, pero si se repite lo ocurrido con las denuncias anteriores, pasará a la Unidad Especializada contra Delitos Económicos de Asunción.
“Una vez que accedimos a los expedientes de las subcomisiones que supuestamente trabajaron en pandemia para repartir víveres y proveer insumos para ollas populares, hemos detectado graves saqueos y producción de documentos de contenido falso, porque ninguno de los insumos, ninguna de las ollas populares recibió esos alimentos”, manifestó el abogado Víctor Enriquez, patrocinante de la acción.
La causa planteada se centra en un esquema en la que documentaciones de supuestos aportes a dos subcomisiones de ollas populares fueron fraguadas, porque todas tenían la misma fecha, sin que se hayan cumplido con los procedimientos legales correspondientes.
“No podemos adivinar, pero como somos técnicos y entre nosotros hay varios entendidos en la materia, material y físicamente es imposible que la municipalidad haya entregado los cheques, que las subcomisiones hayan averiguado los precios en diferentes lugares como indica la ley y hayan adjudicado la compra a la empresa FASV, de Fátima Sartorio, a la media mañana y a la tarde ya están almorzando. En una misma fecha se hizo todo”, refirió el abogado Enriquez. Remarcó que “los alimentos no se entregaron”.
La denuncia detalla que las dos subcomisiones involucradas están presididas por Juan Esteban Quiroga en una y por su esposa Lumma Silva Batochi en la otra, además de familiares de los mismos en ambas organizaciones. Las dos personas son mencionadas como funcionarios municipales.
Los denunciantes sostienen que, además del jefe comunal, “Sebastián Martínez Insfrán es el cabecilla de todo esto, todas las documentaciones fraguadas, fotos de abril de 2020 que él mismo firmó, vuelve a agregar en la rendición de cuenta de su secretaría de acción social en diciembre de 2020″, sostuvo Víctor Enriquez, tras ser presentado el escrito a la fiscalía.
Martínez Insfrán fue director de desarrollo social de la comuna en ese tiempo y hoy es concejal municipal por el movimiento de “Yo Creo”. Enriquez dijo que están investigando si Juan Esteban Quiroga no es primo del citado concejal.
“El solicitante de recursos es Sebastián Martínez y los supuestos voluntarios que celebraron en una misma fecha, con una misma caligrafía, dos actas, solicitud de aportes, resolución de aportes, cheques, factura emitida por FASV, todo secuencialmente organizado” manifestó.
“Por eso decimos que existe una organización criminal jerárquicamente organizada que responde a Miguel Prieto, Sebastián Martínez, funcionarios de la municipalidad y los que vendieron sus facturas”, apuntó Enriquez.
Finalizó diciendo que “en diciembre de 2020 ya no había ollas populares, ya se habían levantado todas las restricciones, es un fraude”.
Quiroga se presentó ante la Fiscalía
El denunciado por la Contraloría Ciudadana como uno de los supuestos integrantes del esquema dirigido desde la comuna de Ciudad del Este, Juan Esteban Quiroga, se presentó a la fiscalía de Ciudad del Este y se acercó al abogado Víctor Enriquez a preguntar sobre la denuncia.
Consultado por La Nación/Nación Media, dijo que fue a interiorizarse de la denuncia y negó que esté involucrado en un esquema de fraude.
Indicó que él y su esposa ya no son funcionarios municipales y confirmó que fueron integrantes de las subcomisiones de apoyo, pero que todo está documentado.
“Como era pandemia, no se podía salir de la casa, no se podía conformar las comisiones, entonces se hicieron en el transcurso del año y se pagaron al final del año, eso es lo que se hizo, prácticamente se trabajó adelantado y se pagó después”, refirió Quiroga.
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Nueva denuncia contra Prieto por repartija de plata para ollas populares entre sus funcionarios
Una nueva denuncia fue presentada contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejo. De acuerdo con los documentos presentados ante la Fiscalía en la mañana de este miércoles, en la comuna esteña se montó un esquema para sacar dinero a través de comisiones “solidarias” en plena pandemia. Las comisiones estaban ligadas a un mismo entorno familiar, donde aparecen funcionarios cercanos al jefe comunal.
En la mañana de este miércoles se presentó la denuncia número 39 contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejo, por la supuesta comisión de hechos irregulares al frente de la comuna de la segunda ciudad más grande del país.
La denuncia fue presentada por el abogado Víctor Enriquez Núñez, en representación de Lourdes Montiel, Gricelda Fernández, Sergio Sánchez y Víctor Hugo Vázquez, todos miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este.
La denuncia señala que se detectó “la conformación de subcomisiones vecinales para solicitar la suma de G. 311.580.000″, siendo estas comisiones integradas por un solo grupo familiar. En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.
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Lumma Magdalena Silva es la misma que estaba vinculada a una discoteca que se transformó en constructora para facturar por obras. Según la denuncia, ambos crearon dos subcomisiones entre marzo y mayo de 2020. Quiroga Cañete aparecía como presidente de la comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero, supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El 30 de diciembre de 2020, el entonces director de Desarrollo Social, el actual concejal Sebastián Martínez, solicitó que se inicie el proceso de pago a ambas comisiones, utilizando rubros excluidos de la Ley 2051 (de Contrataciones Públicas).
Los pagos se realizaron el mismo día y es ahí donde surgen nuevas cuestiones. Una de las comisiones presentó una única factura. “Lo llamativo de esta factura es que hace mención a 1.700 kg de carne (no se especifica qué tipo), cantidad de 3.000 bidones de aceita de 900 ml, 3.000 paquetes de fideos de 5 kg, cantidad de 3.000 paquetes de arroz de 5 kg, no se mencionan las marcas, tampoco se anexó al expediente donde fueron entregados los insumos adquiridos, como fueron distribuidos dichos insumos entre los organizadores de ollas populares”, señala la denuncia.
La otra comisión, por su parte, declaró haber repartido más de 7.000 raciones de comida el mismo día que recibieron los desembolsos.
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Un solo entorno familiar
La denuncia ahonda aún más en los entornos familiares que conformaban ambas comisiones. “Como se observa en las siguientes fotografías, subcomisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, el presidente era Juan Esteban Quiroga Cañete, la tesorera era Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, presidente de la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este, el vicepresidente era Denis Rodrigo Quiroga cañete, hermano de Juan estaban Quiroga Cañete, presidente de la otra subcomisión, y prosecretaria Laura Beatriz Cañete, también hermana de Juan Esteban Quiroga Cañete”, relata el documento presentado en Fiscalía.
“La subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este estaba integrada por otro grupo familiar, íntimamente ligado con los integrantes de la comisión ya citada, compuesta por Lumma Magdalena Silva Battochi (presidente), Marcos David Galeano Fernández (rotesorero) y su madre Ester Vitalina Fernández de Galeano (miembro de la subcomisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este) y Adriana Paola Pérez Martines (síndico suplente de la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este) (sic)”, agrega.
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Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
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La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
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Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.