Este lunes, padres del segundo grado de la escuela Cristóbal Colón de la ciudad de Ñemby se manifestaron frente a la institución para solicitar que la docente y directora vuelvan a sus cargos. Ambas fueron denunciadas por supuesto maltrato contra un alumno a quien la docente no dejó ir al baño.

Según Beatriz Ayala, vocera de los padres del segundo grado, están bastante indignados con la decisión de apartar a la profesora Nidia Cardozo, quien es bastante apreciada por sus alumnos. Resaltó que es injusta la denuncia realizada por la madre y que afectó a todos los estudiantes del curso.

“El jueves pasado fue apartada tras la denuncia de una madre por supuesto maltrato verbal y psicológico al niño. Desde el año pasado tenemos problemas con esta mujer y es la única mamá que crea inconvenientes, ahora dejó sin profesora a todos los alumnos del segundo”, detalló Ayala, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que en el 2023 también realizó varias quejas contra otra docente y que aparentemente sería una mujer conflictiva. “La manifestación la hacemos para pedir el reintegro de la profe Nidia, del segundo grado y de la directora Beatriz Martínez. Es lamentable lo que estamos pasando todos en este momento”, aseguró.

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La madre refirió que los chicos quieren mucho a su profesora y que a raíz de la denuncia no están desarrollando clases, afectando el rendimiento de los alumnos. A todo esto se suma que están a una semana de los exámenes finales y que requieren de ayuda para el repaso.

“A raíz de la denuncia de esta señora nuestros hijos están afectados psicológicamente porque quieren a su profe y preguntan cuándo va a volver. Es una de las pocas docentes que es recibida con los brazos abiertos por sus alumnos, la acompañan hasta el salón de clases y ahora no puede acercarse a ellos”, detalló en LN.

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Este lunes, un grupo de padres llegó hasta la supervisión y entregó una nota en la que solicitan la reincorporación de la docente y de la directora. La nota pasará a Dirección Departamental, pero el periodo de respuesta sería dentro de 6 meses a un año, mientras los alumnos terminarán en año lectivo sin profesora.

“La nota está firmada por varios padres, que acompañan nuestro reclamo. La manifestación seguirá y esperamos tener una respuesta más rápida. Tenemos mucha confianza en la directora y la profe Nidia, que desde hace cinco años forma parte del plantel docente y nunca hubo quejas de ella”, aseguró.

Agregó que la madre del niño, refirió que su hijo tiene problemas renales y que la docente le negó la posibilidad de ir al baño, que esta situación afectó psicológicamente a su pequeño. “Esta persona no presentó pruebas para la denuncia, lo hizo verbalmente. Existe mucha incoherencia en la denuncia que ella hizo”, puntualizó.

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Tras el incendio que se reportó en la ciudad de Capiatá, dieron de alta a los dos colaboradores que estaban trabajando en la fábrica que se encarga de procesar los pollos que fue afectada por el fuego y humo. Desde la empresa agradecieron a los bomberos y a la comunidad por su solidaridad.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmaron que las dos personas que llegaron hasta el hospital Ingavi, afectados por el incendio que se registró en la fábrica, recibieron el alta médica en horas de la tarde. Estos pacientes fueron sometidos a varios estudios y se constató que están bien de salud.

“Los dos pacientes que estaban en sala de observación en el área de urgencias hospital Ingavi fueron dados de alta. Ambos trabajadores recibieron indicaciones médicas y ya se encuentran en sus casas”, explicaron desde la previsional.

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Desde la empresa emitieron un comunicado en el que informaron que no hubo víctimas que lamentar y que el incendio se registró en el sector de pre-cocidos, presumiblemente a causa de una falla en una freidora industrial. Durante el siniestro se reportaron importantes daños materiales.

“La evacuación se realizó exitosamente y de forma ordenada, de acuerdo con los protocolos de buenas prácticas. Dos colaboradores fueron trasladados a la clínica Instituto de Previsión Social y estuvieron en observación como medida de precaución”, apuntaron.

Indicaron que en la fábrica cumplen con todos los protocolos de seguridad exigidos por las normas nacionales e internacionales y que son evaluados constantemente. “Agradecemos a Dios por su protección, a los bomberos por su labor, y a la comunidad por su solidaridad, asegurándoles que estamos comprometidos con la seguridad de todos”, concluyeron.

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Continúan los reclamos de los gremios sindi­cales de la Munici­palidad de Ciudad del Este, por despidos de funcionarios y por no pago de los haberes salariales y de indemniza­ción. Son varios los gremios de la comuna que vienen recla­mando en forma permanente.

Esta semana se sumaron a las protestas los que fueron des­vinculados por término de con­trato en el mes de junio que, en el caso de los asociados al Sindi­cato de la Municipalidad de Ciu­dad del Este (Sitramcde), son 20 trabajadores, en su mayoría de servicios municipales. Es lo que dijo a La Nación/Nación Media el secretario general Antonio Fernández.

Indicó que el intendente Miguel Prieto les dejó en la calle a trabajadoras de lim­pieza, sin su único sustento, habiendo cientos de funcio­narios en carácter de contra­tados, sin que se les moleste.

Mencionó que no fueron notificados legalmente, sola­mente en forma verbal o por WhatsApp y luego de mucho reclamo consiguieron que sea emitida una resolución muni­cipal en la cual el intendente Miguel Prieto dictó el pago de la indemnización, pero “sujeto al presupuesto”.

“Nos parece una trampa porque el pago a los compa­ñeros depende de que haya presupuesto y eso no nos garantiza nada”, dijo Anto­nio Fernández. Otra irre­gularidad denunciada por el Sitramcde es la desvincu­lación de Vicenta Galeano, quien tiene fuero sindical.

Antonio Fernández aclaró que fueron muchos más los desvin­culados por el supuesto cum­plimiento de contrato, pero muchos no reclaman porque están cansados de esa situa­ción y no hay respuesta rápida. Agregó que cada seis meses hay despidos de los contratados y de la última salida masiva en diciembre de 2023, ni el 50 % cobró todo todavía.

Esta semana también hubo manifestaciones de otros gre­mios sindicales de la comuna, insistiendo sobre pago de habe­res y cumplimiento de resolu­ciones judiciales sobre rein­greso de funcionarios y pago de haberes.

• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

La causa obrera es una vértebra insustituible en la columna doctrinaria del Partido Nacional Republicano. Desde su programa fundacional (también conocido como manifiesto) del 11 de setiembre de 1887, cuando promueve, explícitamente, leyes sabias y “protectoras” para salvaguardar los derechos de los más débiles, palabra clave que certifica su distanciamiento del liberalismo leseferista de la época, que renegaba de la función social del Estado, “de manera especial uno de ellos, el doctor Cecilio Báez” (Francisco Gaona, “Introducción a la historia gremial y social del Paraguay, volumen II”).

Esta misión ideológica marca el itinerario político de Ricardito Brugada, quien en 1906 organizó la Sociedad (sindicato) de Cocheros, la Sociedad de Mozos y la Sociedad de Conductores de Carros. En 1907 –relata el ya citado Gaona–, el Centro General de Obreros designó a este intachable republicano “socio fundador de la entidad, en homenaje y estímulo a su ya larga preocupación por los problemas y reclamos de la clase obrera”. Merecidamente, y con justicia, se había ganado el sobrenombre de “abogado de los pobres”.

A ese mismo ritmo apuraba sus pasos Ignacio Alberto Pane, un verdadero “agitador de ideas”, al decir del liberal Justo Pastor Benítez, padre. En 1911 se enfrenta a una feroz controversia con los comerciantes de Asunción por su propuesta de las ocho horas laborales. Anima a las masas a reclamar sus postergadas reivindicaciones. “Se me dirá en este punto –señala Pane en su famosa conferencia a los obreros– que para eso se puede formar el partido socialista. Y yo les contestaré: es que en el país ya está formado ese partido. Es en el Partido Nacional Republicano”. Precisamente, Brugada y Pane, junto al doctor Antolín Irala, fueron los precursores en poner en “el orden del día del Congreso Nacional el primer proyecto de ley de la jornada de ocho horas”. Aclararé en este punto que, por razones que están a la vista, es imposible evitar las repeticiones como recomienda la buena redacción periodística.

El doctor Antolín Irala, ya presidente de la Comisión Central del Partido Nacional Republicano, electo en la Convención del 25 de noviembre de 1916, siguiendo la línea de su razón popular, afirmaba en aquella ocasión: “El actual movimiento obrero, al que asistimos con honda simpatía, ha venido a ratificar la imprescindible necesidad de que los partidos den al problema social un lugar preferente en sus programas, pero, sinceramente, no como una mera plataforma electoral”. Y arremete, contundente: “La Ley de Trabajo, con un criterio más social que el que informa nuestro Código Civil –impregnado del individualismo del siglo XIX–, el arbitraje como medio de solución de los conflictos entre obreros y el patrono, la indemnización a los accidentes de trabajo, el seguro obligatorio y otras reformas de la misma índole, forman parte de nuestros propósitos”. Lamentablemente, los tres (Brugada, Pane e Irala) fallecen en el aciago año de 1920.

Telémaco Silvera, Juan León Mallorquín (el abanderado de los humildes), y los jóvenes Hipólito Sánchez Quell y Juan Ramón Chaves reafirmaron su inclaudicable posición a favor de la clase trabajadora. Durante la presidencia de un imponente y respetado Juan León Mallorquín el partido integra a su programa la “ley de contrato colectivo de trabajo; descanso semanal de 36 horas seguidas, a fin de semana o por turno rotatorio; organización de las vacaciones anuales para obreros y empleados, con goce de sueldo”, además del “pago del salario en moneda de curso legal, siendo prohibido hacerlo en mercaderías, fichas o cualquier otro signo representativo con que pretenda sustituir la moneda”. Pero la doctrina del partido “evoluciona al ritmo de los acontecimientos y de las conquistas sociales contemporáneas”, explica en 1951 el doctor Roberto L. Petit. Es que cuatro años antes, en 1947, la Convención de la Asociación Nacional Republicana aprobaba como plataforma de gobierno la “estabilidad del obrero en el trabajo”, amén de otorgarle al Estado la “facultad de intervenir en la actividad económica privada en salvaguarda de los intereses de la colectividad”.

En materia de consolidación de la causa obrera, el coloradismo histórico marchaba siempre un paso adelante para impulsar “medidas económicas y sociales tendientes a crear las condiciones para una economía más evolucionada y progresista y, sobre todo, más justa, que llegue a beneficiar al pueblo antes que a grupos de privilegiados”. Medidas que deben partir “incuestionablemente de las ideas vertebrales sustentadas en la doctrina y en el programa del partido”, un partido “defensor de los desheredados, (que) inauguró la lucha por la justicia social en nuestro país” (L. Petit).

La estabilidad laboral se reafirma en las sucesivas convenciones partidarias, hasta que arribamos al proceso de la transición democrática y cada candidato de la ANR llegaba con su propia propuesta bajo el brazo, confirmándose los temores de Sánchez Quell: “La falta de un programa preciso (del partido) es la mejor plataforma de las prepotencias personales y de los políticos sin escrúpulos”. Por último, recogemos aquel histórico y valiente manifiesto de Ricardito Brugada publicado el 20 de diciembre de 1912: “Enarbolo la bandera del desinterés en medio de este grosero materialismo que nos devora y me creo con fuerzas suficientes para conjurar todas las tempestades que surgen a menudo en la desigual lucha del obrero y el capitalista, que hoy preocupa a todos los gobiernos del orbe”. Por ahí hay que empezar a buscar la esencia del coloradismo doctrinario al que estamos adscriptos. Debería ser el examen obligatorio de todos aquellos que desean incorporarse a sus registros e, incluso, de aquellos que ya están militando en sus filas.

La Asociación Nacional Republicana, a través de su Convención, debe tener un programa de gobierno al que tendrán que ajustar sus actos quienes decidan candidatarse en su nombre. Eso nomás quería decir. Buen provecho.