El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, expresó en conferencia de prensa que la destitución de Pedro Halley, quien hasta ayer se desempeñó como gerente de Prestaciones Económicas, fue una decisión unánime del Consejo del IPS.

“Todo nombramiento o remoción de cualquier gerente o director se hace por el Consejo, ya sea en voto mayoritario o minoritario. Esta sustitución se dio en forma unánime. Quedaron conformes con las explicaciones y pidieron la salida de esta persona, que de forma irresponsable estaba asustando a todos con algo que no existe”, aseguró.

El presidente del IPS, Vicente Bataglia, en compañía de Cecilia Rodríguez, nueva gerente de Prestaciones Económicas de la previsional. Foto: Pánfilo Leguizamón.

Bataglia agregó que se generó una situación de desconcierto generalizado. “Eso llevó a este cuerpo colegiado, que tiene la responsabilidad administrativa de llevar adelante la institución, a tomar la decisión con la ley en la mano y con las normativas”, sostuvo.

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Agregó: “Difícilmente una denuncia judicial puede solucionarse a través de la prensa. Esta persona, a través de la prensa, en una de las declaraciones dice que el comunicado institucional no tenía ni pie ni cabeza. Quedó claro que él no estaba a gusto en ser depositario de nuestra confianza. Se decidió su remoción y sustitución por una persona de casi 20 años de carrera en la institución, que conoce ampliamente”, añadió. En ese contexto, Bataglia aseguró que no existe ninguna posibilidad de quiebre de la caja jubilatoria.

Por su parte, Miguel Doldán, representante de Feprinco, quien también participó de la conferencia, acotó que se trata de una cuestión estrictamente jurídica. “Tiene o puede tener eventualmente consecuencias económicas, siempre y cuando esta sentencia de miembros de la Corte pueda afectar parte de los fondos jubilatorios. No hay una sola denuncia en el Consejo de Administración”, dijo.

Pedro Halley había advertido esta semana que un fallo de la Corte Suprema de Justicia pondría en peligro los fondos jubilatorios del Instituto y su subsistencia en los próximos 10 a 20 años. Así mismo denunció que alrededor de 6.000 empresas obligaban a sus trabajadores a prestar servicios a pesar de estar suspendidos. Estos dos temas fueron los detonantes de la salida del mismo.

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