• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Apostado a un costado de la fangosa vía que alguna vez fue una carretera, están aguardando Lucio, Juan y Andrés, embarrados hasta las rodillas, apoyado sobre sus biciclos. A lo lejos se oye el típico ruido de un helicóptero, que pertenece a las Fuerzas Armadas y que está llegando a la comunidad de ex Obraje San Carlos, en el departamento de Alto Paraguay, con la asistencia humanitaria que brinda el Gobierno nacional.

Ubicado a unos 750 kilómetros de Asunción, esta comunidad, al igual que otras más en el Chaco, han sido afectadas por las constantes lluvias e inundaciones que han dejado caminos intransitables dejando a cientos de miles de familias en condiciones de vulnerabilidad y aisladas sin la posibilidad de conseguir para sus sustentos.

Esta situación de emergencia en el Chaco se ha activado desde el pasado 12 de marzo, cuando la Secretaría Nacional de Emergencia comenzó a brindar asistencia por las inundaciones, comenzando por el departamento de Boquerón. Posteriormente, en los primeros días de abril se registró una importante caída de lluvia en el departamento de Alto Paraguay y, últimamente, esta situación alcanzó al departamento de Presidente Hayes.

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El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, destacó durante una charla con La Nación/Nación Media que, a la fecha, esta ayuda humanitaria se está haciendo llegar por todos los medios posible, teniendo en cuenta que hasta hoy existen problemas de conectividad.

“Continuamos con la dificultad de llegar por tierra con la ayuda humanitaria. Quiero resaltar que esta dificultad se está superando gracias a la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes han puesto a disposición de la SEN sus respectivas aeronaves”, remarcó.

El secretario de Estado informó que se ha brindado asistencia humanitaria a unas 30.250 familias chaqueñas, entregando unos 720.000 kilos de alimentos no perecederos hasta la fecha.

Destacó que inicialmente se ha estimado una asistencia a 38.000 familias que estarían necesitando la asistencia del Estado, por lo que por ahora estarían faltando llegar a unas 8.000 familias para llegar a cumplir con la primera ronda de asistencia.

“Seguimos asistiendo, en el departamento de Boquerón llegamos a la población que requiera de asistencia del Estado paraguayo. También tenemos noticias que en Toro Pampa y María Auxiliadora, así como ex Obraje San Carlos, estaban con una necesidad imperiosa de asistencia del Estado, por lo que también ya hemos llevado asistencia”, expresó Zárate.

El ministro informó que persisten las dificultades con la conectividad terrestre prácticamente en todo el departamento de Alto Paraguay, por lo que seguirán utilizando los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para acompañar el trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional.

“Ojalá en el futuro no tengamos lluvias tan intensas para que podamos restablecer la conectividad de las rutas y caminos, trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gobernación, autoridades municipales y las comisiones de caminos que también nos están ayudando para restablecer la conectividad”, precisó.

En cuanto a las previsiones sobre el clima durante el invierno, el ministro señaló que por estadísticas que maneja la SEN, de acuerdo a los datos que brinda la Dirección de Meteorología e Hidrología, se sabe que el periodo de lluvias abarca desde finales de octubre y principio de noviembre hasta los primeros días de mayo del año siguiente.

Mientras que, para junio, indicó que esperan que la cantidad de lluvia que pudiera precipitarse en la región Occidental no supere los 20 milímetros, cuanto menos; esta condición se mantiene de vuelta hasta finales de octubre.

“Ahora arranca la temporada de frío, se viene las heladas, y a partir de agosto puede aparecer otro fenómeno que son los incendios forestales. El Chaco siempre tiene sus bemoles”, acotó.

Por otra parte, el ministro de la SEN indicó que constantemente están monitoreando el comportamiento del río Paraguay, sobre todo en lo que respecta al aumento de la cota del cauce hídrico.

Expresó que la actual crecida que se está observando es producto de la gran cantidad de lluvia que cayó en el Chaco, y que -tarde o temprano- termina desembocando en el río Paraguay, por el declive que tiene ese territorio.

“Es efecto de esas grandes lluvias en el Chaco, es lo que estamos viendo la crecida, sobre todo en el área de Asunción y la bahía, con un repunte importante, recuperando su nivel normal, lo que a su vez está facilitando la navegabilidad de nuestros ríos. Esto nos permite un ahorro importante al comercio interno e internacional; ya que prácticamente el 90 % de las importaciones y exportaciones son a través de la hidrovía”, precisó.

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Señaló que, de acuerdo a los reportes que reciben de la zona del Brasil, donde nace el río Paraguay, no pasa de 3 centímetros de subida del río. “En el sector del Pantanal, conforme a los datos que manejamos no existen lluvias importantes, por lo que por ahora se podría decir, que no se tendría una crecida importante del río en la zona de Asunción y alrededores en las próximas semanas”, agregó.

Respecto a las familias que hoy se están viendo obligadas a abandonar sus viviendas precarias, es porque prácticamente se han instalado en el cauce natural del río, y que con esta pequeña crecida que se está dando el río está buscando su cauce natural, obligando a todo los que se hayan instalado ahí a abandonar el sitio.

“Por la larga sequía que hemos tenido, no solo este año, sino que de por lo menos 3 años que estamos teniendo, es que varias personas fueron y se instalaron prácticamente en el cauce del río, entonces con la primera crecida están expulsando nuevamente a esa gente de ese lugar. Son aproximadamente entre 45 a 50 familias que hasta la fecha fueron afectadas y que están siendo atendidas por la Municipalidad de Asunción y una parte por la SEN”, precisó.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.

“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.

Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.

La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.

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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.

“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.

Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.

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El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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