En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.

La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.

En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.

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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.

Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.

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Este martes se registró un nuevo intento de robo de un cajero automático. Esta vez el atraco fue en Luque, pero el robo no se pudo concretar debido a que el sistema de alerta se encendió y los malvivientes huyeron, según el informe policial. “Al sonar la alarma se dieron a la fuga”, explicó el comisario Hugo Velázquez, subjefe de Investigaciones.

Se estima que el hecho ocurrió alrededor de las 03:30 aproximadamente, un grupo integrado por al menos 6 personas encapuchadas, llegaron al acceso principal de la municipalidad de Luque, donde está ubicado el cajero automático. Los malvivientes se movilizaron en vehículo rojo de la marca Toyota, modelo Land Cruiser.

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Tras ingresar a la caseta, los delincuentes pintaron las cámaras de seguridad con aerosol negro e intentaron violentar el cajero automático. Al abrir la primera compuerta, se activó la alarma de seguridad, lo que obligó a la fuga de los delincuentes.

El subcomisario Alferi Rojas, perito de Delitos Económicos, aseguró que ya son varios los intentos de robos de cajeros que se están dando en estos días y sería porque en esta época del año hay plata en los cajeros para el pago de aguinaldo.  “Ya estamos teniendo 10 ataques a sucursales bancarias y cajeros automáticos en lo que va del año. Este es el tercero que termina en una operación fallida”, detalló.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Un hombre fue detenido en la vía pública al presentar una actitud sospechosa, se constató luego que llevaba droga en una mochila. Tenía en su haber 130 gramos de marihuana distribuida en 15 bolsas, según la Policía.

El procedimiento se realizó sobre la ruta PY01 a la altura de la avenida Eduardo Vasconcellos de la ciudad de Ñemby. Aparentemente el sujeto identificado como José Ortiz (32) se estaba alistando para venir hacia el microcentro de Asunción y sorpresivamente fue aprehendido por los agentes policiales.

Precisamente el policía interviniente manifestó a la prensa que llamó la atención la manera en que el joven estaba en la calle, demostrando mucha inquietud al divisar a la patrullera. Esto alertó a los agentes que estaban patrullando la ciudad y procedieron a la revisión confirmando la sospecha con el hallazgo del estupefaciente en el bolso que portaba el sujeto. Se presume que estaba saliendo para la venta de la hierba ilícita.

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El comisario Rodolfo Sánchez jefe de la Comisaría de Ñemby explicó las circunstancias en que se produjo la aprehensión. “Verificamos a una persona que estaba teniendo a cuestas una mochila en actitud sospechosa. Teniendo en cuenta que estaba mirando a todos lados. Y procedimos a verificar su mochila, encontrando dentro una bolsita conteniendo varias bolsitas nuevamente de supuesta marihuana en una gran cantidad”, señaló.

Los intervinientes trasladaron al detenido hasta la sede de la comisaría y de ahí se le llevó al departamento técnico de Antinarcóticos. “Se le practicó la prueba de narcotest y dio positivo a marihuana. Tenía 130 gramos, en una cantidad de 15 bolsitas distribuidas de dosis de marihuana”, detalló.

El comisario Sánchez afirmó que podría considerarlo como microtraficante al encontrarse en su poder “una gran cantidad de marihuana divida en 15 tocos grandes”, conforme expresó.

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