Los informes estadísticos dicen que cada año Paraguay suma unas 15.000 familias que se encuentran sin vivienda, por lo que son más de 38 mil las que viven en total precariedad en asentamientos, sin agua y electricidad.

Teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia COVID-19, una de las principales medidas para evitar el contagio del virus es el distanciamiento social, además del lavado frecuente de manos, entre otros, nace la pregunta: ¿En una piecita donde viven 12 a 15 personas hacinadas, puede haber distanciamiento social para evitar contagios del COVID?.

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Un grupo de organizaciones elaboró un informe sobre el derecho a la vivienda y hábitat para las Naciones Unidas, que será evaluado en la próxima sesión del Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de un instrumento de rendición de cuentas sobre la situación de los DDHH de los países miembros. Cabe destacar que mañana, miércoles 5 de mayo, por primera vez el Estado paraguayo será sometido a examinación.

En este contexto es importante apoyar las recomendaciones de la alianza por la vivienda y el hábitat porque necesitamos, que el derecho a la vivienda y el hábitat adecuados sean tenidos en cuenta efectivamente como DDHH. La realidad es que gran parte de la población de nuestro país vive hoy en asentamientos en condiciones vulnerables que no garantizan este derecho.

Las recomendaciones al país que surjan de la evaluación del EPU podrían marcar la agenda de políticas públicas nacionales y de cooperación internacional al Paraguay de los próximos años. Y si el derecho a la vivienda realmente se convierte en una prioridad para nuestras políticas públicas, las autoridades tomarán las medidas necesarias para abrir a cada familia las condiciones para acceder a una vivienda adecuada.

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Las recomendaciones que aporta la Alianza por la Vivienda y el Hábitat adecuado son una ruta clara y posible para mejorar las condiciones de acceso a viviendas y que ciertamente involucra al sector privado. Al respecto, las Naciones Unidas reafirma que el derecho a una vivienda es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

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