El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.

El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.

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El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.

El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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En un hecho que puede conside­rarse de gran valor ciudadano por su trascendencia en la cali­dad de vida de muchas perso­nas, el Gobierno lanzó programas sanita­rios que abarcan el bienestar mental en general y el tratamiento de las adiccio­nes. Con ellos se espera iniciar de manera orgánica la ayuda del Estado en un tema muy delicado que afecta a la sociedad paraguaya, cuya incidencia va creciendo por diversos factores y que anterior­mente no tenía la atención que corres­ponde debido a su importancia. En ese sentido se trata de un hecho de relevan­cia en un asunto de mucho cuidado, que merece la atención especial de los orga­nismos estatales.

En un acto presidido por las autorida­des sanitarias se lanzó la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030, además del Manual Organizacional de la Red de Salud Men­tal y Adicciones. Con estos documentos el Estado pretende avivar y transformar el abordaje de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren las diferentes formas de trastornos mentales. Hasta la actualidad en nuestro país no se contaba con documentos oficia­les actualizados que unifiquen y den sufi­ciente rigor al tratamiento de las personas que sufren las mencionadas afecciones. Situación que tendrá un cambio impor­tante con las nuevas disposiciones.

Con los tres elementos: la política gene­ral, el plan nacional de salud mental y el manual organizacional respectivo, se espera poder abordar adecuadamente los problemas que afectan a la gente del país en la mencionada especialidad. La minis­tra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien presidió el acto del lanzamiento, destacó la trascendencia de los menciona­dos documentos explicando que son “una herramienta clave para construir un sis­tema de salud mental sólido, accesible y cercano a las comunidades”.

La secretaria de Estado admitió que toda­vía queda mucho por avanzar y que con este plan se podrá brindar una atención más integral. “Falta muchísimo por hacer, pero si no se comienza a construir este sistema de salud mental que todos los paraguayos nos merecemos, no se podrá avanzar”, reconoció. En medio de las explicaciones que brindó, dijo que, con los tres documentos apuntados, de ahora en más se contará con una herramienta para continuar en la tarea de mejorar la salud. Apuntó que uno de los propósitos del Ministerio de Salud es brindar la atención a la gente dentro de las redes de los servi­cios que ofrece.

Hay que resaltar las disposiciones adop­tadas por Salud Pública para buscar la atención a estos problemas muy delica­dos que afectan a muchas familias y que condicionan a cada vez mayor número de personas. La sociedad paraguaya requiere de un buen cuidado de la salud mental y sus conexiones de parte del Gobierno nacional, porque es un requeri­miento que se hace cada vez más fuerte. En ese sentido es un gran acierto de la administración sanitaria, que requiere el apoyo de la ciudadanía.

La salud mental nunca ha sido la priori­dad de los gobiernos anteriores y en esta ocasión, la administración actual está tomando cartas en el tema para cubrir esa falencia. No hay que olvidar que el cuidado y la promoción de la salud están entre las obligaciones fundamentales del Estado. El artículo 68 de la Constitución Nacional establece que: “El Estado prote­gerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, y que por ello “Toda per­sona está obligada a someterse a las medi­das sanitarias que establezca la ley, den­tro del respeto a la dignidad humana”.

Lo realizado por el Ministerio de Salud está dentro de lo que pide la Carta Magna cuando dice que el Estado debe articular programas de bienestar social con estra­tegias basadas en la educación sanitaria y en la participación de la comunidad.

Por ello en la tarea emprendida por la secretaría de Estado se requiere la activa participación de la ciudadanía, pues su colaboración hará que fructifique el tra­bajo encarado oficialmente. Como el cui­dado y la preservación de la salud afec­tan directamente a los individuos, todos están obligados a procurar ese propósito partiendo de la protección adecuada de su persona particular para extenderse hacia los otros miembros de la sociedad. Solo así se puede llegar al alcance social que se requiere.

Una comitiva fiscal y policial liderada por el agente fiscal, Itálico Rienzi, de Mariano Roque Alonso, en una entrega vigilada, detuvo a Carlos Noguera, Catalina Bogado, Gloria Noguera y Daniel Noguera, en el marco de la investigación por el hecho punible de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal.

De acuerdo a los primeros datos del Ministerio Público, una de las víctimas habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Con una cámara oculta y vigilada, se hizo entrega de unos G. 9.200.000, suma autenticada bajo orden del Juzgado de Paz.

El detenido Carlos Noguera sería parte de un esquema delictuoso que estafaba a sus víctimas pidiéndoles sumas cuantiosas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente de origen brasileño.

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Según los datos, Carlos Noguera trabajaría en conjunto con un ciudadano argentino identificado como Guillermo Ameri, hoy prófugo de la justicia por varias causas de estafa. Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 para el ingreso a un grupo de mensajería instantánea, donde se encuentran más de 280 personas víctimas, a fin de acceder a las documentaciones pertinentes para la compra de carpetas de cesiones de derechos y las transferencias hereditarias de una sucesión intestada de Domingo Faustino Correa, de Río Grande Do Sur.

El hecho habría ocurrido aproximadamente desde el 30 de mayo de 2019 hasta la actualidad, tanto en Asunción y Ciudad del Este y en otros lugares como también se presume en el extranjero, como Uruguay y Brasil.

Noguera Amarilla estaría vendiendo carpeta de herencia de una empresa presumiblemente ficticia denominada “The First National Bank Group”, sobre derechos sucesorios supuesto de un terrateniente o comendador brasilero que falleció en la época de los años 1.800. Para acceder a la carpeta (cuotas de derechos) se debía abonar la suma de USD 6.000 para la tramitación de la herencia dejada por el terrateniente.

La víctima ingresó en el 2019 al grupo e iba abonando diversos montos hasta alcanzar la suma de G. 200 millones para adquirir las carpetas de herencia. En tanto, Noguera Amarilla expedía el recibo de pagos con diferentes firmas; y en cada oportunidad que se realizaban los pagos a las víctimas, les llegaban diferentes correos electrónicos supuestamente de los bancos autorizados.

Asimismo, Noguera intimidaba y amenazaba a sus víctimas en caso de que algún integrante del grupo realice algún tipo de reclamo. En ese contexto, se formada un grupo de WhatsApp de unas 200 personas, donde se enviaba una lista de las personas habilitadas para el cobro del dinero y en el listado en general estaban más de 700 personas. Se solicitaba la suma de entre 1.000 y 5.000 dólares americanos.

El procedimiento fue coordinado entre la Unidad Penal a cargo del fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional a cargo de Crio. Luis López, subjefe comisario Pedro Lesme y el subcomisario Óscar Cáceres.

Del sitio en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso -donde se realizó la entrega vigilada- se logró incautar varios elementos que guardan relación a la investigación como documentos varios y el dinero producto de la entrega vigilada y otros elementos.

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