Los fabricantes de las vacunas anti-COVID presentan ciertas exigencias y una normativa especial en el posible caso de que existan reacciones adversas en la aplicación de los inmunizantes. Una de las cláusulas estipula que el afectado pueda accionar solo a nivel nacional, no pudiendo llevar el caso a nivel internacional.

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En este sentido, ya existe un anteproyecto de ley elaborado por el MSPyBS, que se espera sea tratado en la brevedad posible en el Congreso Nacional.

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Según informes, parte del documento explica que se busca eliminar responsabilidades de los fabricantes en cuanto a posibles casos de reacciones adversas que se pudieran dar, aunque aclararon que es para poder acceder a una cantidad suficiente de dosis y en un menor tiempo.

“¿Es correcto que el Estado se haga cargo de posibles reacciones adversas de la vacuna contra el COVID-19, como pretenden las farmacéuticas?”, fue la consulta que pusimos a consideración de nuestros lectores. La mayoría, es decir 73%, indicó “No, ese requerimiento pone en duda la efectividad del anticuerpo”, el 20% señaló que “Sí, lo importante es adquirir las vacunas lo antes posible” y solo el 7% dijo “Dependiendo de cuáles podrían ser esas reacciones”.

Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó que continúan las negociaciones independientemente del mecanismo Covax. Y en cuanto a este sistema, las vacunas llegarían a mediados de año, entre mayo o junio. Igualmente, declaró que habrá algunas modificaciones respecto a las medidas protocolares que entrarán en vigencia a partir del lunes 11 de enero.

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Por su parte, el coordinador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram), el doctor Carlos Morínigo, expresó: “Tienen que elegir la mejor vacuna en el menor tiempo posible para empezar la vacunación y dar tranquilidad a la ciudadanía”.


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