El gobierno argentino retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó una fuente oficial a la AFP. “Sí, el equipo se retira”, declaró este jueves una fuente de la secretaría de Ambiente en un correo electrónico a la AFP. Desde que asumió hace casi un año, el presidente Javier Milei emprendió un fuerte ajuste que incluyó reducción de ministerios a la mitad, paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales.

Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las Conferencias de Partes (COP) de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas en Bakú. Este jueves ya no se hallaban en la sede de la COP29, situada en el estadio olímpico de Bakú, según fuentes cercanas a la delegación.

Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben regularmente suministrar informes a la secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia, previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.

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La COP29 en Bakú se centra en encontrar el billón de dólares anual necesario a nivel mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres climáticos. Las difíciles negociaciones de la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas deberían concluir el 22 de noviembre con un acuerdo financiero: ¿cuánto se comprometerán a aportar los países occidentales y Japón, además de su compromiso anterior de 100.000 millones por año para 2020-2025?

¿Qué necesitan los países en desarrollo?

Las necesidades de financiamiento climático para los países en desarrollo (excluida China) han sido estimadas en 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 por expertos designados por la ONU, distribuidos de la siguiente manera:

- aproximadamente dos tercios para la transición energética (solar, etc.);

- el resto para la adaptación al cambio climático, la reparación de desastres y la protección de la naturaleza.

De este monto total, la mayor parte debe provenir de las finanzas internas de los países afectados, pero se espera que 1 billón de dólares al año provenga de la “financiación externa”: es decir, de la ayuda pública de los países ricos, de inversiones privadas extranjeras o de impuestos globales, según el informe actualizado de los expertos presentado el jueves en Bakú.

De este billón ¿cuánto recaerá en los países ricos? Una pregunta que se escucha en todos los pasillos de la COP29. “Sería entre 300 y 400.000 millones” de dólares, dice el economista Amar Bhattacharya, coautor del informe junto a Nicholas Stern. Esto supondría al menos triplicar el compromiso previo de 100.000 millones. Sin embargo, varios contribuyentes como Francia y Alemania invocan sus dificultades presupuestarias.

Estados Unidos posiblemente abandonará el Acuerdo de París de 2015, la piedra angular de las negociaciones climáticas, e incluso podría abandonar directamente el organismo de la ONU dedicado al clima. Para 2035, un horizonte también considerado en las negociaciones, las necesidades de financiación externa de los países en desarrollo alcanzarían los 1,3 billones de dólares anuales, según el mismo informe.

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¿Cuánto aportan actualmente los países desarrollados?

En 2022, último dato proporcionado por la OCDE, los países ricos aportaron 116.000 millones de dólares en ayuda climática, cumpliendo su promesa con dos años de retraso. A falta de una definición de “financiación climática”, esta cifra es cuestionada por ONGs y países: ¿puede contarse como ayuda la renovación energética de un hotel de lujo en Kenia? ¿Un préstamo que endeuda a un país pobre es una “ayuda” real?

Sobre este total, varios institutos de investigación han intentado estimar qué países desarrollados están cumpliendo con su “parte justa”, relacionando su ayuda actual con sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero, su riqueza y su población.

Noruega sería el mejor alumno en esta clasificación, según el instituto ODI (datos de 2022), seguida por Francia con alrededor de 11.000 millones de dólares en financiación climática, el doble de su “parte justa”, aunque antes de los recortes presupuestarios anunciados para 2025. Alemania se ubica en cuarto lugar, con 14.000 millones. Estados Unidos (14.000 millones, un tercio de su “parte justa”) y Grecia cierran la lista.

¿Qué contribuciones de China y los países del Golfo?

Los países desarrollados consideran que su grupo, establecido formalmente en 1992 en la Convención de la ONU sobre el clima, debería ampliarse a China y a otros países emergentes ricos, tres décadas después. O, en su defecto, que estos últimos se comprometan a contribuir con la misma transparencia. “Desde 2016, China ha proporcionado y movilizado 177.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.500 millones de dólares) para invertir en la acción climática en otros países en desarrollo”, respondió el martes el viceprimer ministro Ding Xuexiang frente a los jefes de Estado reunidos en Bakú.

Pero el 97 % de esta ayuda se presenta en forma de préstamos, según un informe del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), con sede en Washington. Los países del Golfo, por su parte, se mantienen discretos. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido invertir 30.000 millones de dólares en un fondo bajo su control, al margen de la gestión multilateral promovida por la ONU Clima.

Fuente: AFP.

Como inicio de la última jornada de la 58.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que tiene lugar en Asunción, este martes se desarrolló el panel “Adaptación e inclusión: abordando los retos del cambio climático a través de la inclusión financiera. Como principal conclusión se pudo puntualizó que el sistema financiero es el principal nexo para mitigar el impacto del cambio climático.

Previo al conversatorio, se realizó una presentación a cargo Patricio Puga, líder de inclusión financiera de la Corporación Financiera Internacional (IFC), sobre la situación en América Latina y el Caribe. Las acciones claramente no están siendo suficientes, pues el cambio climático es una realidad y sus efectos adversos se comprueban no solo estadísticamente sino empíricamente, dijo. De las 30 metas propuestas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), solo 2 fueron cumplidas y más preocupante es que 8 tuvieron un retroceso, detalló el disertante.

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“Una de las regiones más vulnerable al cambio climático es América Latina y el Caribe, donde la movilización de recursos de capital del sector privado y público para crear resiliencia en la población que más necesita es indispensable”, expresó Puga, quien remarcó que el sistema financiero se conecta o es el hilo conductor de esos recursos, por lo que la concientización es clave a modo de canalizarlos, en especial hacia los sectores más vulnerables.

Aquí es donde el sector financiero puede ayudar a acelerar el proceso de volverse más sostenibles, de que los sectores puedan seguir operando con mayor eficiencia, a más de ayudar a reducir el cambio climático y a enfatizar la lucha. Es así que los acuerdos internacionales, como el de París, y los ODS se transmiten a la comunidad financiera internacional, el sistema puede aportar con las decisiones estratégicas para canalizar los recursos a través de inversionistas hacia las áreas que más necesitan, recomendó el experto.

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El conversatorio tuvo como panelistas a Francisco Arrata, subgerente de Relaciones Internacionales del Banco Bolivariano de Ecuador, quien contó la experiencia de la entidad y el impacto positivo que tuvieron tras emitir el primer bono azul en el mercado internacional, que aceleró fuertemente el proceso de incorporación a la estrategia sostenible. Así también, Esmar Prado, superintendente Banco da Amazônia, sobre las principales problemáticas que ayudaron a enfrentar.

El programa prosiguió con la conferencia “Tecnología que simplifica: acelerando la transformación bancaria para enfrentar la nueva revolución IA”, a cargo de Juan Cuevas, jefe de Asesoría Bancaria Global en Simetrik, y Adriana Brilhante, socia y jefa de Finanzas Digitales en Neon.

Por último, el panel “Creando la banca del futuro”, con Andrés Eduardo Velutini, VP Marketing Facebank; Juan Ignacio Napoli, presidente Banco Valores; Emilia Cárdenas de Topaz. Ya para cerrar la agenda académica, al mediodía se realizó el anuncio oficial de nuevas autoridades de la Felaban, que ahora tiene como presidente a Raúl Guizado Novey, titular de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

El Foro Nacional de Agua y Saneamiento Adecuado desarrollará su sexta edición el martes 19 de noviembre, en horario de 8:00 a 12:00, en el salón Guaraní Presidencial del Hotel Guaraní Asunción (Oliva esquina Independencia Nacional), para destacar la urgente necesidad de invertir de manera sostenible en agua y saneamiento, ante los desafíos crecientes que plantea el cambio climático. La entrada es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través del enlace: https://bit.ly/3Ah8HB9.

Organizado por Hábitat para la Humanidad Paraguay en colaboración con el Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (Ocash), y el auspicio de Unicef, en el marco del Día Mundial del Inodoro. El Ocash es una coalición que tuvo sus inicios en el 2020 y reúne a organizaciones de la sociedad civil y a profesionales con el objetivo de contribuir a superar las brechas y los desafíos en la garantía de los Derechos Humanos de Agua y Saneamiento en el país.

“Inversiones en agua potable y saneamiento: soluciones sostenibles frente al cambio climático”, bajo este lema el foro tiene como objetivo visibilizar la relevancia de la inversión en adaptación al cambio climático, promover experiencias y buenas prácticas locales y regionales, así como conocer los planes y programas e inversiones públicas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas.

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En Paraguay, el acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo dispar. Aunque el 89 % de la población tiene acceso a algún tipo de agua mejorada, solo el 67 % recibe agua de red con niveles aceptables de desinfección, y un 33 % sin adecuada desinfección. Las diferencias entre áreas urbanas y rurales son marcadas, y en zonas como el Chaco, el acceso es aún más limitado: solo el 18.6 % de la población de Boquerón y el 52.7 % de Alto Paraguay tienen acceso a agua segura. En cuanto a la cobertura nacional de alcantarillado sanitario representa el 15.28 % de la población total.

El cambio climático representa una amenaza creciente para Paraguay, nuestra economía depende en gran medida de la agricultura, los recursos naturales y la energía hidroeléctrica. La variabilidad climática afecta la disponibilidad de agua, la producción de alimentos y la infraestructura hídrica, aumentando la vulnerabilidad de nuestras comunidades rurales y urbanas. Según el Banco Mundial, Paraguay es particularmente susceptible a eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, que se ven intensificados por el cambio climático (Banco Mundial, 2021).

El evento convoca a autoridades y funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones comunitarias y juntas de agua, académicos, especialistas en agua, saneamiento e higiene (WASH), organismos multilaterales y miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La meta es fomentar una inversión pública eficaz y sostenible que permita a Paraguay afrontar los retos del cambio climático, asegurando el acceso universal al agua potable y saneamiento adecuado.

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Al menos 95 personas murieron en unas enormes inundaciones que devastaron principalmente la región española de Valencia, una cifra que “va a aumentar” porque todavía hay “muchos desaparecidos”, advirtió el gobierno este miércoles.

“La cifra actualizada es de 92 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla La Mancha y una persona más en Andalucía, lo que hace un total de 95 personas”, indicó a la televisión pública TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Son datos provisionales”, porque “lamentablemente todo hace prever que esta cifra va a aumentar”, advirtió Torres.

Valencia era la región más crítica para los servicios de emergencia este miércoles, que seguían buscando víctimas, con carreteras cortadas y zonas aisladas y sin telefonía ni electricidad desde que la zona fuera azotada la noche del martes por descomunales lluvias que provocaron las inundaciones.

“Ha estado 10 horas lloviendo sin parar (...) Y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados, No se puede acceder a la parte del pueblo. Las carreteras están todas cortadas, puentes cortados”, dijo a AFPTV José Manuel Rellán, residente de la población valenciana de Ribarroja del Turia.

Las impactantes imágenes de la noche del martes mostraron calles convertidas en verdaderos ríos caudalosos que arrastraban todo a su paso, incluidos los vehículos.

La agencia estatal de meteorología Aemet registró “acumulaciones extraordinarias” de lluvia, con algunos municipios recibiendo 300 litros de agua por metro cuadrado en apenas unas horas, “prácticamente lo que puede llover en un año completo”, según señaló en la red social X.

“Yo venía de dejar a mis nietos en la otra calle y eran las 7:10pm, y cuando nos vamos al balcón veo que entra por aquí el agua”, dijo a la AFP Francisco Puente, un residente de 69 años de la población de Sedaví, señalando la calle por donde la riada se llevó su automóvil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará la zona afectada el jueves, instó a los ciudadanos a no bajar la guardia en momentos en que la emergencia “continúa”. “No os vamos a dejar solos”, garantizó el mandatario socialista desde el Palacio de la Moncloa, dirigiéndose a los afectados.

El gobierno decretó tres días de luto oficial a partir del jueves. El transporte aéreo y ferroviario hacia la zona continuaba suspendido y el tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia no volverá a funcionar hasta la próxima semana, informaron las autoridades. “Reiteramos la importancia de no hacer desplazamientos por carretera” en las zonas afectadas, insistió el presidente de la región de Valencia, Carlos Mazón.

El rey Felipe VI expresó su “tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas”, en un mensaje desde las islas Canarias. La Unión Europea está “lista para ayudar” a España, afirmó en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Estamos ante una situación inédita, que nadie recuerda”, aseguró el presidente valenciano.

Es la catástrofe debida al mal tiempo más mortífera que se haya registrado en España en más de medio siglo, desde que en octubre de 1973, cuando murieron 300 personas por lluvias torrenciales que arrasaron varias localidades en Murcia y Andalucía.

El gobierno envió a Valencia más de 1.000 efectivos a la Unidad Militar de Emergencias, especializada en misiones de rescate, para apoyar a los servicios locales de socorro, y el ejército movilizó unidades caninas para buscar cuerpos, morgues portátiles y psicólogos para atender a las víctimas.

La Aemet advirtió que las lluvias continuarán al menos hasta el jueves, aunque se irán desplazando hacia el noreste, hacia la región de Cataluña. Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático.

“Estos fenómenos extremos pueden superar la capacidad de los planes de contingencia existentes para hacerles frente, incluso en un país relativamente rico como España”, estimó Leslie Mabon, profesora de Sistemas Ambientales en la Universidad Abierta de Gran Bretaña.

La elevada cifra de muertos sugiere que el sistema de alerta de inundaciones de Valencia falló, opinó Hannah Cloke, profesora de Hidrología en la Universidad de Reading. “La gente simplemente no sabe qué hacer cuando se enfrenta a una inundación, o cuando escucha advertencias”, dijo.

Fuente: AFP