La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

Lea más: Intervención en CDE señala millonarias asignaciones para obras inexistentes

A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

Lea también: Prieto va perdiendo respaldo ciudadano y de su entorno, afirma concejal esteño

El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

Ante una ola de robos de los cuales son víctimas, los vecinos de los barrios Jara y Las Mercedes de Asunción se manifestaron exigiendo una respuesta por parte de las autoridades respecto a los robos de los cuales son víctimas y que han denunciado en reiteradas ocasiones.

Uno de los vecinos destacó que no se trata de hechos aislados, sino que son víctimas de robos y asaltos todos los días. El mismo precisó que se trata de personas que ya son conocidas de la zona y que serían adictos que realizan estos actos, probablemente para vender los objetos robados y comprar droga.

Entre los hechos denunciados se encuentra el robo de luminarias de casas y negocios, mobiliarios, apliques de todo tipo, tanto de luminarias como de portones, accesorios de vehículos estacionados y hasta asaltos a plena luz del día a vecinas que son despojadas de sus carteras y aparatos celulares.

Puedes leer: Capturan a dos hombres que serían parte de una banda de asaltantes

“Esto es cosa de todos los días, tengo videos donde se puede ver que roban de todo, las casas amanecen peladas, y eso pasa todo el tiempo, roban hasta sillones que quedan afuera. A mí la misma persona me ha robado más de una vez, y me cruzo con él todo el tiempo; ya les conocemos a todos, falta que un día me siente a hablar con ellos”, comentó Horacio Estigarribia, uno de los pobladores de la zona, en conversación con Canal Trece.

En la misma tesitura, señaló que es preocupante la inacción policial y el nulo temor de estas personas, ya que en la zona se encuentran dos comisarías y, a pesar de ello, los hechos delictivos no frenan, afectando no solo a los vecinos, sino a las personas que frecuentan la zona y que trabajan en el lugar.

Estigarribia remarcó que es necesario y urgente que se active algún tipo de plan de acción para contrarrestar esta situación y poder garantizar la seguridad de las personas de ambos barrios, quienes ya viven con miedo.

Lea también: ¡Abrígate! El frío regresa y el viernes será el día más helado

El titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, expresó que 207.000 personas de Asunción y el área metropolitana se verán afectadas en caso de concretarse el paro de buses previsto para el próximo lunes 21 de julio por un lapso de 72 horas. Este viernes se buscará destrabar la huelga anunciada, en la continuidad de la reunión entre el Gobierno y transportistas.

“La información que tenemos sale de una encuesta de movilidad que hemos realizado en el año 2021. Quizás los números hay que actualizarlos o sea un poco más, pero en ese momento veíamos que el 20 % de las personas de Asunción y área metropolitana se movilizan en buses. Serían aproximadamente 207.000 personas que diariamente utilizan los transportes públicos y muchas de ellas hacen varios viajes”, sostuvo Ojeda, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ojeda detalló que en ambos sitios se genera casi dos millones y medio de viajes mediante diferentes medios de movilidad. Agregó que el 51 % de la población sale de sus casas para desplazarse al trabajo. “Del total de los que se trasladan en buses, un 15 % van de regreso al hogar; trabajo y trámites, un 20 %; asistencia médica, un 20 %; estudios, un 10 %“, puntualizó.

Lea también: Canindeyú: EPP fue sorprendido por la FTC mientras hacía prácticas de tiros

Señaló que el tiempo promedio que le lleva a una persona radicada en Asunción y área metropolitana para desplazarse rumbo a su trabajo es de 41 minutos, para una asistencia médica es de 35 minutos y para el regreso al hogar son unos 35 minutos. “También se midió la hora pico, vemos que la mayor cantidad de viajes se da a las 6:00 de la mañana y el otro pico se tiene a las 17:00”, refirió.

Añadió que Asunción y el área metropolitana cuentan con el 35 % de la población nacional. “La fuerza de trabajo o la gente que se encuentra ocupada en el Paraguay equivale a 2.911.000″, indicó.

El pasado lunes, el especialista en empleo, Enrique López Arce, advirtió que el paro de buses generará una pérdida equivalente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.

“Si de estas 100.000 personas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logística ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, manifestó López Arce a La Nación/Nación Media.

Te puede interesar: TSJE lanza calendario electoral para las Municipales 2026

Una comitiva encabezada por el juez de Ejecución Penal de San Lorenzo, Víctor Benítez Salinas, de la Circunscripción Judicial de Central, realizó el pasado viernes una visita a la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza.

Este hecho se da en cumplimiento del artículo 23° de la Acordada N° 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y la Ley N° 5.162/14, Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

Te puede interesar: Avioneta incautada: “No observé ninguna situación de violencia”, afirma fiscal

En la ocasión, se realizaron diversas entrevistas a las personas privadas de libertad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el estado actual de sus respectivas causas, realizar preguntas y despejar dudas relacionadas con sus procesos judiciales.

Además, se llevó a cabo una audiencia para una persona privada de libertad de 82 años, imputada por un hecho punible, y en atención a la situación de vulnerabilidad por la edad y lo establecido en la segunda parte del artículo 239 del Código de Ejecución Penal, se resolvió hacer lugar a la prisión domiciliaria de la persona de avanzada edad.

Del mismo modo, el pasado 10 de julio en cumplimiento de lo establecido por el Código de Ejecución Penal, la jueza Penal de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, Mirna Nisselli Vera, estuvo a cargo de la visita de control y monitoreo a la Penitenciaría Regional de Misiones.

Durante la actividad, la magistrada se reunió con el director de la penitenciaría, profesor Francisco Benítez, con quien dialogó sobre la operatividad general del centro.

Podes leer: Ronda de tragos, pelea y una mujer herida con puñal en el Mercado de CDE