Ciudad del Este. Agencia Regional.
Catalina Mallorquín de Ojeda y Gloria Severiana Ojeda Mallorquín denunciaron ante el Ministerio Público al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos; la jueza de Faltas Municipales, Mirian Giménez, y la jefa de Catastro, Tatiana Escobar, por los supuestos hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, exacción y estafa.
Las denunciantes fueron desalojadas por decisión municipal tras estar en el lugar veinte años y haber accedido a arrendamientos de los inmuebles, pagando el canon respectivo. La denuncia se realizó a través del abogado Édgar Luis Rojas.
“Fuimos perjudicados y nos dejaron en la calle después de 20 años viviendo en nuestros hogares, que construimos a base de sacrificio”, dice parte del reclamo ante la Fiscalía, mencionando al “intendente, en connivencia con funcionarios y la Junta Municipal”.
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De acuerdo al documento presentado ante la Fiscalía, por resolución Nº 748/2016 de la Junta Municipal, el legislativo decidió ceder en arrendamiento por dos años a favor de Catalina Mallorquín de Ojeda una fracción de tierra, propiedad municipal, identificada como lote Nº 001 de la manzana 16 en el km 7 a 8 Acaray, fracción Vista del Lago, de Ciudad del Este, con una superficie de 580 metros cuadrados, la que en mayor porción fue inscrita en el Registro General de la Propiedad como finca Nº 551.
También, por resolución Nº 391/2018 de la Junta Municipal se entregó en arrendamiento por dos años a Gloria Severiana Ojeda Mallorquín, como tierra municipal, el lote Nº 01 de la manzana 16, en el km 8 Acaray, de la misma fracción Vista del Lago de Ciudad del Este, con una superficie de 532 metros cuadrados.
Ambas familias fueron desalojadas tras un sumario administrativo por el cual se verificó que los inmuebles arrendados seguían a nombre del propietario particular, de nombre Wanderlei Sehn.
El arrendamiento se realizó cuando Prieto Vallejos era el titular de la Junta Municipal y Sandra MacLeod la intendenta. Las denunciantes exigen que se defina la propiedad legal de la tierra.
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Denuncian contrato tercerizado de personas para trabajo informal en frigorífico de Limpio
Este martes, una persona denunció que son varios los empleados que trabajan en forma totalmente irregular en un frigorífico de la ciudad de Limpio y que son constantemente maltratados por un contratista tercerizado. Los funcionarios no tienen seguro médico, pese a que se exponen a un trabajo riesgoso como uso de cuchillos, fugas de amoníacos y otros.
La denuncia fue realizada por un ex empleado quien trabajó por cinco años con una firma tercerizada y que fue despedido sin haber cobrado ningún tipo de indemnización. Durante ese periodo vivió todo tipo de maltratos y también vio como sus compañeros pasaban por situaciones denigrantes, pero que aguantaron todo eso por necesidad.
El denunciante indicó que trabajaba en el frigorífico, pero que fue contratado por una tercera persona y que esta fue la que los hacía trabajar en forma informal, pero a pesar de haber comentado sobre la situación a los gerentes de la firma estos les dijeron que solo podían escuchar sus quejas más no ayudarlos, porque no fueron ellos quienes los contrataron.
“Se trata de empresarios del exterior que buscan importar a Israel la carne, pero ellos tercerizan diferentes frigoríficos del país para hacer ahí sus procesos para enviar los productos a su país. La gente que contrata de acá lo hacen de manera ilegal sin ningún tipo de papel, sería en negro”, detalló el denunciante Jonathan Cohenca, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que las personas contratadas trabajan en áreas de alto peligro e insalubre, lo que expone la integridad de los mismos, pero no pueden hacer nada porque necesitan el trabajo.
“El contratista es uruguayo y estaba a cargo de donde yo trabajé. Son muchos los que trabajaban con ellos, los que toman este trabajo lo hacen por necesidad, pagan muy bien, pero es en negro, sin seguro médico y esta persona en particular maltrata mucho a los trabajadores. En los últimos tiempos el maltrato se estaba pasando de mano”, confirmó.
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“Cancela tu consulta y anda a rezar”
Jonathan expresó que en sus últimas semanas de trabajo él se quejó sobre la serie de maltratos y amenazas, lo que motivó su despido. Afortunadamente, ya había iniciado con un emprendimiento con la firme intención de poder independizarse en algún momento y no volver a pasar por este tipo de situaciones.
“Trabajé ahí cinco años, nunca fui partidario de lo ilegal, pero lastimosamente no tuve elección y terminé en eso. Era más joven también, por varios años me encadené al sueldo y de alguna manera uno se acostumbra o acepta el maltrato por una situación económica. Es algo que está pasando mucha gente que no se anima a hablar por temor a perder sus trabajos”, indicó.
Indicó que uno de los peores casos fue el que pasó un trabajador que no podría ir a una reunión, que era fuera del horario laboral, porque tenía consulta médica y el contratante le ordenó que cancele su cita para asistir. “Era faltar a una reunión y el contratista, le dice cancela tu cita y anda al rezo, que no forma parte del trabajo en sí”, aseguró.
Contratista: Broker de un magnate
El hombre detalló que el contratista, identificado como Isac Roiman, de nacionalidad uruguaya y que aparentemente logró la nacionalidad paraguaya, que trabaja para un empresario israelí. El hace las contrataciones sin ningún tipo de documentaciones legales por lo que las personas no tienen seguro y se someten a todo tipo de improperios.
“Este contratista trabaja en conjunto con un empresario israelí, sería un broker de un magnate en Israel y esta persona no llega al país o vino muy contadas veces. Calculo que no aparece porque seguro sabe de que corre riesgo, al ser responsable de algo ilegal, y tira la pelota a esta persona que nos contrata, pero todo es ilegal, en negro”, indicó.
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Denunció al Mtess
Confirmó que desde el frigorífico saben sobre la situación, pero admiten que no pueden hacer nada pese a que todo eso puede afectar el nombre de la firma. “Una vez le comenté la situación a uno de los gerentes sobre la forma en que trabajamos y esta persona me respondió que solo puede escucharme y nada más”, agregó.
Afirmó que ya realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y quedó constancia de que advirtió a la empresa sobre la situación, pero que no le ayudaron. “Deberían ser conscientes de que las personas que van a trabajar contratadas por esta persona deben tener un seguro médico en caso de accidentes. Fui al ministerio porque me habían despedido, porque me corresponden las indemnizaciones”, apuntó.
Solicita intervención
Jonathan indicó que el único pedido que tiene es que se intervenga y que ya no haya personas trabajando en esta situación. Afirmó que hay personas de avanzada edad trabajando porque necesitan y que lamentablemente ya no tienen acceso a un trabajo digno porque superaron los 50 años.
“Pido que paren con esto. La gente se aprovecha de las necesidades de las personas y cada vez hay más desconfianza porque la situación es cada vez es más difícil, cómo va a terminar esto y a qué van a llegar las generaciones futuras. Mi objetivo es que las autoridades intervengan en esta situación. Ya es hora de parar con esto”, puntualizó.
Afirmó que incluso teme por su vida por realizar esta denuncia, pero que todo lo hace porque las personas que siguen trabajando con ellos no merecen este tipo de tratos. “Tengo mucho miedo y se trata de gente de mucho poder económico, pero quiero proteger a estas personas porque no es forma de trabajar. Están obligando al empleado a lavar el dinero y eso está fuera de lugar, supuestamente es una empresa seria, que hace algo ilegal y es hora de regularizar eso”, concluyó.
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DATOS CLAVES
- Todas la pruebas fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo.
- Isac Roitman ya fue notificado sobre la denuncia presentaba por el trabajador, pero no comparecieron a las citaciones.
- Son varias personas la que siguen trabajando y que son contratos por el contratista tercerizado.
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Calé sobre Buzarquis: “Recibió una paliza con pruebas”
“Óscar “Nenecho” Rodríguez le dio una paliza con pruebas en mano”, dijo el exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna al referirse sobre la denuncia realizada por el intendente de Asunción contra el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Enrique Salyn Buzarquis, por tráfico indebido de influencias.
“Es lamentable lo que sucedió. Fue inapropiada la forma en que el senador encaró al intendente en su despacho. Ese tipo de atropellos, maltratos, injurias y ofensas no es facultad de nadie y mucho menos de alguien quien inviste la condición de senador y miembro del Congreso. Esto desprestigia a nuestras instituciones y es perfectamente aplicable y se debe proceder a la sanción prevista en la Constitución”, indicó al programa “Cara y Cruz”, emitido por Unicanal.
Rodríguez reveló el pasado martes los mensajes enviados por Buzarquis solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, Buzarquis, en el mensaje remitido a Rodríguez, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto”, sin profundizar sobre el punto.
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La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la Municipalidad de Asunción, como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional de peticionar.
“Si se inicia el proceso de la pérdida de investidura, el show siguiente de algunos opositores y de la prensa anti será que en el Senado se necesitan 30 votos para aplicar la sanción prevista en la Constitución Nacional y eso es falso”, sostuvo Galaverna.
“Puede ser apartado con 12 votos”
El dirigente del Partido Colorado acotó que si bien en algún momento se aprobó un reglamento señalando la necesidad de los dos tercios absolutos, es decir 30 votos (para expulsar a un senador), eso no ha tenido virtualidad nunca. “Puede haber mil reglamentos, mil decretos, leyes incluso, pero si se contrapone a la prescripción constitucional, no tiene virtualidad, no es legal y mucho menos legítimo. Un senador puede ser apartado del cargo con la pérdida de investidura con 12 votos”, sentenció.
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Imputan a hermanos libaneses por supuesta falsificación de documentos en Alto Paraná
La fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía imputó a dos hermanos libaneses por supuesta falsificación de documentos. El supuesto hecho punible contra la prueba documental, producción de documentos no auténticos afecta a los hermanos Elias Hanna Eid Smetanios (35), y Juan Adib Eid Smetanios (34), quienes actualmente residen en Alto Paraná, según la carpeta fiscal.
La denuncia en contra de estos hermanos fue radicada el 4 de setiembre de 2023, en la comisaría de Itauguá, por una ex pareja de uno de ellos, bajo la representación de la abogada Carol Arias.
En su fundamentación la fiscal considera que existen elementos que inducen a presumir la existencia del supuesto hecho publico, por que la representante del Ministerio Público tendrá seis meses para presentar su acusación en contra de estos libaneses.
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La abogada Arias afirmó que le extraña las declaraciones de la fiscal a cargo de la causa, donde la misma estaría “camuflayando” el hecho punible investigado y denunciado por la persona afectada.
“Al camuflayar, la fiscala da a entender que uno puede tener documento paraguayo, siendo que nació en Líbano con nombre libanés, y otro documento con nombre en Paraguay”, dijo la profesional en Canal 13. Agregó que esta situación tiene un trasfondo, ya que hay varias aristas.
El estudio forense de las autoridades del Brasil, en lo que hace a las huellas digitales de ambos hermanos, determinó que los ambos documentos pertenecen a la misma persona. Es decir, se realizó un estudio papiloscópico con la comparación de las huellas dactilares de Juan Adib Eid Smetanios, Adib Hanna Eid Smetanios, y Elias Hanna Eid Smetanios. Este trabajo pericial determinó que Juan Adib y Adib Hanna son la misma persona, quien nació en Brasil, según la querella.
El Departamento de Investigación policial de Alto Paraná, informa en su estudio pericial que Elias Hanna Eid Smetanios estaría inscripto en un carnet de extranjeros en forma provisional en Brasil con el nombre de Elie Hanna Eid, de origen libanés.
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Con Alliana, funcionarios asociados del IPS abordan sobre problemáticas de la previsional
El Comité Integral del IPS, que aglomera a varios sindicatos de funcionarios, se reunió este viernes con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para abordar sobre una propuesta de proyecto de ley que busca dar soluciones a la problemática financiera del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Venimos en representación de 9 sindicatos que formamos el Comité Intergremial del IPS, para elevar y poner a consideración de Pedro Alliana como nexo constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la posibilidad de analizar una propuesta de proyecto de ley que hemos trabajado en las internas del IPS”, indicó el presidente de Asonadis, Julio González, tras la reunión con el vicepresidente.
El objetivo es fortalecer a la previsional, principalmente dar una solución de la deuda histórica con los proveedores, que llega a unos USD 335 millones, que hasta el momento no se pudo honrar. “A modo de avisorar esperanza de algunos recursos de salvataje, para que los siguientes cuatro años que restan del gobierno de Santiago Peña, el IPS se pueda fortalecer, sobre todo en el programa dos que tiene problemas acuciantes con una deuda histórica con los proveedores que en términos coloquiales se está bicicleteando siempre”, sostuvo.
Agregó que como funcionarios, plantean soluciones antes que problemas, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del propio IPS a cargo del doctor Jorge Brítez. “Estamos tratando de ver qué puede hacer él en cuanto a esa deuda histórica, de modo a ir cumpliendo paulatinamente en forma gradual y oxigenar las finanzas del IPS. De ese programa dos es de donde sale el pago a los proveedores”, apuntó.
Explicó que, el Instituto de Previsión Social, cuenta con dos programas importantes, el programa 1 donde se encuentra más de USD 2.400 millones de fondo de jubilaciones que es intocable constitucionalmente; y el programa 2, que es donde realmente se debe trabajar en el día a día, con gastos administrativos, pagos a proveedores, el personal, etc.
Participaron de esta reunión, Julio González, presidente de Asonadis; José González, asesor jurídico; Paola Benítez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IPS y Juan de Dios Salcedo, secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS.
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