La Municipalidad de Yaguarón, en el marco de una intervención, procedió a lacrar el templo San Buenaventura de la ciudad que se encontraba en manos de la empresa constructora Barrail Hermanos SA, tras seguidas denuncias ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya que la misma no cuenta con un protocolo aprobado para intervenir en este edificio patrimonial.
“El intendente Luis Rodríguez se apersonó en el templo de Yaguarón con una nota en la que solicita una prórroga en cuanto a los trabajos de refacción de la sacristía del templo. Esto debido a algunas precariedades que se estaban realizando. La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Diócesis de Carapeguá apoyan al intendente porque solicitan una tregua para que los trabajos se puedan suspender y podamos sentarnos a dialogar para elegir un mecanismo y protocolo que se deba seguir”, refirió Laura López, asesora Jurídica de la Municipalidad de Yaguarón, quien confirmó que la empresa Barrail Hnos. SA abandonó el sitio.
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La última nota presentada por la Comuna yaguaronina, en conjunto con la Diócesis de Carapeguá ante el MOPC, que tiene fecha 1 de octubre, puso en el tapete que el propio ministerio incumplió con la adjudicación de obras sin previa autorización del ente rector de los patrimonios tangibles, que es la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), que no autorizó el inicio de obras por falta de un protocolo de atención a restauración de un patrimonio.
La denuncia emitida también señala que la empresa no cuenta con un protocolo de intervención aprobado que habilite el inicio de los trabajos que hasta la fecha la constructora ya se encuentra desarrollando.
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“Consideramos inaceptable que la empresa continúe interviniendo en la Sacristía sin protocolo aprobado por la máxima autoridad, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Es fundamental para toda intervención contar con dicha documentación y autorización, según estipula la Ley Nº 5621/2016 ‘De protección al patrimonio cultural’, en su artículo Nº 22 ‘Autorización para obras a ser realizadas en bienes culturales’”, refiere parte de la nota presentada.
La idea de la comuna yaguaronina, junto con la Diócesis de Carapeguá, dueño del bien cultural, es la contratación externa para la elaboración de un protocolo de intervención. Esto, a raíz del retraso en la refacción de la zona de la sacristía que es la zona dañada, ya que hace más de un año ya se firmó el contrato con la empresa que sería la responsable de preparar ese protocolo, porque sin ese documento no se podían iniciar las obras. Las irregularidades nunca fueron atendidas por el MOPC, por lo que se procedió al desalojo del templo.