El caso de la niña de 11 años embarazada y que se encuentra internada en el Hospital de Itauguá fue denunciado ante la Unidad Penal de Pedro Juan Caballero en octubre del 2019.
La fiscal interviniente, Sandra Díaz, imputó al autor del hecho, un menor de 14 años quien también vivía en el lugar, según informaron desde la Dirección de Comunicación del Ministerio Público a La Nación. La niña fue inspeccionada por el médico forense y se dispuso la realización de evaluaciones psicológicas que confirmaron el hecho.
El adolescente habría aprovechado que la misma fue llevada a residir en la misma vivienda con el padre. El menor fue imputado en aquel entonces y puesto a disposición del juzgado para la imposición de medidas atendiendo la edad. La Fiscalía debe presentar requerimiento conclusivo el 24 de julio. También se solicitará pruebas de ADN al recién nacido.
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Internada
En la tarde de este viernes se desarrolló la intervención quirúrgica de la menor de 11 años de edad, con un embarazo de poco más de 8 meses. El delicado procedimiento de cesárea programada se realizó en el Hospital Nacional de Itauguá.
Desde el hospital indicaron que la menor fue remitida desde Pedro Juan Caballero, donde médicos que seguían su caso desde hace varios meses solicitaron al Hospital Nacional la asistencia, teniendo en cuenta que se trataba de un embarazo de alto riesgo y que la pequeña presenta complicaciones respiratorias.
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Filtración Seprelad: Giuzzio huye de prestar declaración indagatoria mediante chicanas
Fiel a su estilo, Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, recurrió nuevamente a chicanas para no prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas.
Giuzzio debió comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) se encuentra imputado por siete posibles hechos punibles.
De acuerdo al informe de Aldo Insfrán, periodista del área judicial de Nación Media, Giuzzio mediante su abogado Emilio Fuster solicitó la suspensión de la diligencia fiscal fijada para el próximo 12 de julio a las 8:00.
El argumento utilizado por Giuzzio consiste en que aún quedan varios recursos pendientes de estudio y resolución, es decir, chicanas que fueron planteadas tanto por él como los demás imputados en la causa fiscal abierta tras la denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
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Giuzzio, al igual que el exmandatario Mario Abdo Benítez y el diputado capitalino Mauricio Espínola, está imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
También se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público los exministros Carlos Arregui, René Fernández y otros colaboradores del anterior gobierno, como Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Antecedentes
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte del período de gobierno Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Recomiendan imputar al expresidente Bolsonaro por el caso de las joyas saudíes
La Policía Federal de Brasil recomendó este jueves imputar al expresidente Jair Bolsonaro por lavado de dinero y otros crímenes en una investigación por el supuesto desvío de unas valiosas joyas de diamantes regaladas por Arabia Saudita, informaron medios locales.
El exjefe de Estado (2019-2022), que ha comparecido ante la policía por este caso, fue señalado de asociación criminal, lavado de dinero y peculado (apropiación de bienes públicos), crímenes pasibles de prisión, según el portal G1.
Bolsonaro niega haber cometido cualquier delito.
Además del líder conservador, fueron imputadas otras 11 personas, incluyendo su abogado Fabio Wajngarten, quien confirmó la acción en la plataforma X.
“Mi acusación por la Policía Federal se basa en una afronta legal (...) no hay ninguna prueba contra mí. Específicamente fui acusado por la extraña razón de haber cumplido la ley”, escribió.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, denunció también en X una “persecución declarada y descarada” contra su padre.
El legislador dijo que los bienes fueron devueltos al Estado y no hubo “daño al erario público”, pero aún así policías “cuidadosamente seleccionados para la misión” avanzaron en sus recomendaciones contra el exmandatario.
El caso fue reportado primero en marzo de 2023 por el periódico brasileño O Estado de S. Paulo.
Según el diario, inspectores de aduana incautaron en octubre de 2021 un juego de joyas con diamantes valorado en 3,2 millones de dólares, que se cree estaba destinado a la ex primera dama Michelle Bolsonaro.
Michelle Bolsonaro, que fue investigada por la PF sobre el caso, no fue incluida entre los señalados en el informe policial, según los medios locales.
A partir de los indicios reportados por la policía, la Fiscalía general deberá decidir si presenta o no una acusación formal contra Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal.
Las joyas estaban dentro de una mochila de la comitiva del ministro de Minas y Energía, que regresaba de un viaje oficial a Oriente Medio.
Funcionarios de gobierno hicieron luego varias gestiones para liberar las piezas, la última días antes del fin de mandato de Bolsonaro.
Posteriormente se conoció la existencia de otros dos conjuntos de joyas, valuados según la prensa en 100.000 y 75.000 dólares, y que no se encontraban en el acervo presidencial tras la salida de Bolsonaro del poder, pese a que este tipo de regalos constituyen patrimonio público, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
A principios de junio, la Policía Federal informó haber identificado un intento irregular de vender una nueva pieza ofrecida por el gobierno saudita a Brasil durante el gobierno Bolsonaro.
Según la prensa brasileña, los paquetes contenían joyas de la lujosa marca suiza Chopard y un Rolex de oro blanco y diamantes.
Fuente: AFP
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Caso Jardines de Remansito: procurador aclaró que continuará juicio civil
La Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra los ocupantes de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, zona conocida como “Jardines de Remansito”. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró que no existe ninguna relación entre la causa penal y la causa civil, en torno al tema.
“Desde la Procuraduría, lo que venimos instando y accionando es la acción civil para recuperar la ocupación de los inmuebles, en relación de que contamos con el título de propiedad, inscripto en el Registro Público, y está plenamente demostrada la propiedad del Estado paraguayo”, explicó.
González indicó así que el juicio civil continuará, hasta que los ocupantes sean desalojados del territorio estimado como propiedad del Estado paraguayo, teniendo en cuenta que los documentos presentados por las personas individualizadas no constituyen como título de propiedad.
“En el juicio penal, lo que se estaba investigando es que, además de lo tramitado en lo civil, esto constituía un hecho de lavado de activos, asociación criminal o invasión. Es decir, si se registraban hechos punibles a partir de esta ocupación ilegal”, detalló el procurador general.
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El caso de ocupación
González manifestó que la Fiscalía determinó que los hechos punibles no existen en el caso. Señaló que desde la Procuraduría no se hizo la denuncia, pero sí se acercó toda la documentación pertinente, aparte de brindar la ayuda de conocimiento técnico recabado durante el caso.
“Además de esa información, también evacuamos los pedidos de consulta de los fiscales del caso. Desde nuestra percepción, hay elementos suficientes para sostener la existencia de hechos punibles, pero el titular es el Ministerio Público y debe definir si se reúne o no elementos al respecto”, declaró a la 780 AM.
Con respecto al seguimiento de la causa civil, el procurador indicó que se está buscando dilatar el proceso, con el objetivo de mantener la ocupación ilegal e irregular. Sin embargo, desde la Procuraduría se sigue trabajando para mantener los intereses del Estado sobre los inmuebles.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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