El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Natalicio Chase, tras su reunión con el presidente de la República esta mañana en Palacio de Gobierno, señaló que la estatal no está en condiciones de dejar de percibir ingresos por dos meses de facturación, ya que eso representaría un perjuicio de unos G. 90 mil millones.

Esto, con relación al proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional para anular por 6 meses los pagos de las facturas tanto de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) como de la Essap a favor de los usuarios, como medida paliativa por la crisis ante la emergencia sanitaria del COVID-19.

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“La reunión con el Presidente fue justamente para explicarle el impacto que tendría en todos los sentidos la aplicación de este proyecto de ley, que nos afecta directamente de una manera legal y muy violenta, porque somos una Sociedad Anónima, y la intervención del Parlamento dentro de las atribuciones del Ejecutivo, en este caso nos afecta también en la previsibilidad de la empresa”, expresó Chase.

En cuanto al impacto mencionado por Chase y los posibles escenarios tras una promulgación de la anulación de todas las facturas por un período de dos meses, como los de marzo y abril, indicó que si bien se promedió las facturas por el consumo durante el mes de abril, para mayo ya se realizaron las lecturas correspondientes, y ya hubo un cobro de la diferencia con el consumo real, pero que al anularse el mes de abril se verá igualmente vinculado, explicó.

“Yo no puedo aconsejar un veto parcial ni total, lo que más bien hice fue presentarle al Presidente un escenario económico de la cancelación de dos meses de facturación. No estamos en condiciones de asumir esos costos, al igual que ninguna empresa autárquica ni pública está en condiciones de estar dos o tres meses sin recibir ingresos”, recalcó.

Si se promulga la ley, sobrepasaría los G. 90.000 millones, cuyo recupero sería recién en 18 meses, ya que la ley no prevé ningún fondo para cubrir tal situación, por lo que para el caso de la Essap al ser una SA, se tendría que recurrir a una banca privada o al Banco Nacional de Fomento (BNF).

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A más de esto, si se promulga la ley, implicará la anulación de otros proyectos de inversión que se están llevando adelante por la institución; es decir, tomar el 100% de posibilidades de crédito que tiene la empresa para otros proyectos.

En cuanto a las diferencias de cobro en el mes de abril para algunos usuarios, aclaró que ya fue corregida el mes de mayo, por lo que actualmente se está facturando sobre lo real de consumo, y si el promedio del mes de abril hubo alguna diferencia con el consumo, ya fue acreditado o devuelto en la factura de mayo, precisó.