La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

En el marco del Día de la Aceptación Universal, impulsado a nivel global por la Corporación para Nombres y Números Asignados en Internet (ICANN), el pasado 23 de mayo se realizó una iniciativa pionera que abordó la inclusión del idioma guaraní en el ecosistema digital, en el salón auditorio del Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción (CNC-UNA).

El encuentro “Aceptación Universal 2025 – Capítulo Paraguay” fue organizado por el Network Information Center – Paraguay (NIC.PY), dependiente del CNC-UNA, que administra el dominio de primer nivel .PY. Además, contó con la participación de directores generales del Rectorado de la UNA, autoridades de la ICANN, representantes de instituciones públicas y privadas, así como de invitadas e invitados especiales de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), y referentes del sector tecnológico y lingüístico.

“Este día nos convoca a deliberar sobre un objetivo clave para el futuro de la red: lograr que todos los nombres de dominio y direcciones de correo electrónico -sin importar el idioma, alfabeto o extensión- sean aceptados y funcionen correctamente en todos los sistemas y plataformas. La Aceptación Universal no es solo una cuestión técnica; es también un acto de inclusión digital”, expresó el vicerrector de la UNA, Miguel Torres Ñumbay, durante la apertura.

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Bajo el lema “Aceptación Universal de Nombres de Dominio en Guaraní”, la jornada tuvo como objetivo principal visibilizar los avances y desafíos en la implementación de nombres de dominio internacionalizados, especialmente en guaraní, nuestra lengua oficial. La Aceptación Universal busca garantizar que todos los dominios -incluidos los nuevos dominios de nivel superior (TLD), los dominios en alfabetos nativos y las direcciones de correo electrónico- sean reconocidos y operen correctamente en todos los entornos digitales.

La agenda incluyó la participación de representantes de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), quienes reflexionaron sobre el valor cultural del guaraní y su incorporación a las tecnologías digitales. Posteriormente, Sergio Valle, embajador de Aceptación Universal para América Latina y el Caribe, ofreció –de forma virtual– una introducción a los fundamentos de esta filosofía de inclusión lingüística digital, preparando el terreno para las presentaciones técnicas que siguieron.

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Durante el evento, el equipo técnico del NIC.PY compartió experiencias prácticas y avances en la adaptación del idioma guaraní a entornos digitales, abordando temas como la configuración de zonas DNS, el uso de servidores web y correo electrónico, y herramientas de diagnóstico para dominios en guaraní. Las exposiciones estuvieron lideradas por Martha Fretes, directora del NIC.PY.

El cierre de la jornada estuvo marcado por una reflexión colectiva sobre los desafíos que representa la adopción plena de nombres de dominio en guaraní, en concordancia con los principios de accesibilidad, diversidad e inclusión digital que promueve la ICANN a nivel mundial. Transmisión completa de la jornada: https://www.youtube.com/live/fPE879M1H5g.

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.

El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

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La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.

El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.

El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.

Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.

Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.

El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.

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• La Habana, Cuba. AFP.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió este jueves pasado las nuevas tarifas de internet móvil que han desatado una ola de descontento en la isla, especialmente entre los estudiantes universitarios. “Renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya eminente desplome del servicio a los estudiantes”, dijo Díaz-Canel en un programa de la televisión cubana.

Este fue el sexto programa televisivo en menos de una semana en que comparecieron autoridades del gobierno y dirigentes de la empresa estatal de telecomunicaciones (ETECSA) para intentar convencer a los cubanos de la urgencia de aplicar las nuevas tarifas. Impuestas por ETECSA, que tiene el monopolio de las telecomunicaciones en la isla, las medidas implican una fuerte alza para los clientes que excedan un paquete básico, drásticamente limitado, y una dolarización parcial del servicio.

Su entrada en vigor el 30 de mayo desató una ola de indignación entre los cubanos, especialmente en sectores universitarios que llegaron a convocar un paro académico el miércoles en protesta por las medidas. “Este paso no lo deseamos, pero había que darlo”, añadió Díaz-Canel, tras subrayar que la compañía enfrenta “una situación compleja desde el punto de vista tecnológico, que todavía es posible evitar aplicando las medidas”.

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Asimismo, dijo que ETECSA encara “una escasa disponibilidad de divisas que compromete la calidad del servicio”. Díaz-Canel admitió que hubo “fallas de diseño y de comunicación” en la implementación de las medidas, y adelantó que su gobierno no va a aplicarlas “como se plantearon en un primer momento” para todos los sectores.

En ese sentido, la compañía anunció el lunes que los universitarios tendrían finalmente derecho a dos recargas mensuales en moneda nacional, frente a una para el resto de la población, pero esa propuesta no calmó el descontento. Las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse en momentos en el Cuba, sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962, enfrenta una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, medicinas, recurrentes apagones, falta de transporte público y una inflación galopante.

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