El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó acerca del inicio de la auditoría por parte de la Unión Europea (UE), al sistema de certificación en la producción bovina paraguaya para exportación a los mercados europeos.

La metodología de la auditoría durante la primera semana será mediante teleconferencias, con sesiones virtuales para intercambiar información relevante acerca de los procesos que encara el sector productivo pecuario, tanto desde lo público como en lo privado.

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Los trabajos consistirán en evaluaciones a los controles oficiales y sistemas de certificación sobre la producción de carne bovina y tripas, destinadas a la exportación al destino de la UE, incluyendo controles sobre residuos de sustancias farmacológicamente activas, pesticidas y contaminantes.

Y ya a partir de la segunda semana es que la auditoría será presencial, con la fiscalización de los especialistas quienes realizarán inspecciones un situ en sedes de tanto del Senacsa como en establecimientos pecuarios y frigoríficos a nivel nacional.

Así, la auditoría llevará dos semanas, tras el inicio este lunes 9 de setiembre con la primera reunión virtual, que contó con la presencia del presidente del Senacsa, José Carlos Martin, directores generales y directores de la institución, que celebra hoy día el 57 aniversario.

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Una mujer denunció en la Comisaría 7ma de Ñemby a su pareja por supuesta tentativa de feminicidio. La víctima dijo que el hombre, identificado como José Domingo Solís Ortigoza (33), intentó matarla asfixiándola con una almohada, por lo que teme por su vida y la de su hija.

Se activó el protocolo de seguridad para la mujer de 33 años, de profesión peluquera, y para su pequeña de 3 años. Ambas tuvieron que salir de la vivienda para ponerse a salvo, en tanto, el sujeto ya cuenta con orden de captura.

La joven mostró a la prensa los rastros de los golpes físicos que sufrió por parte de su agresor, quien aparentemente tuvo esa reacción por celos.

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“Intentó matarme prácticamente con una almohada, hubo una discusión porque vio que yo estaba en línea en el teléfono. Realmente estaba mensajeando a una clienta y tengo las pruebas. El empezó a agarrarme de mi cuello, me quiso matar en frente de mi hija, ella pedía auxilio, así no le hagas a mami, le dijo. Y yo empecé a forcejearme con él, a luchar por mi vida prácticamente porque él quiso matarme”, relató a los medios de prensa.

La denunciante aseguró que venía sufriendo violencia por parte de su pareja desde hace un buen tiempo. “No es la primera vez que pasa esto, venía ya pasando desde que ella era bebé. Ya tuve conflictos también con sus familiares. Yo me callé, no hice la denuncia, fui echada de esa casa y ahora es el momento que yo quiero salir de esa casa”, manifestó.

Afirmó que sus clientas en la peluquería conocen los constantes maltratos y agresiones físicas que venía soportando. “Cuando fui echada dormía en el piso con mi hija, en su momento me retiré y no compartía más con ellos. Y ahora quiero salir de esa casa y que se haga lo que se tiene que hacer, justicia, porque muchas mujeres ya pasan esto, se callan y se mueren. Y yo no, ahora hago por mi hija y por mi vida”, expresó.

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El Ministerio de la Defensa Pública habilitó su nueva sede en la ciudad de San Ignacio Guazú, departamento de Misiones. Las nuevas oficinas de la citada institución, que estarán al servicio de la ciudadanía están ubicadas sobre las calles Cerro Corá entre San Roque González de Santa Cruz y Marcial de Lorenzana, en la reconocida “Casa de Indios”, patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Para la habilitación de la nueva sede estuvo presente el presidente de la República, Santiago Peña, al igual que el Defensor General, Javier Esquivel y otras autoridades locales.

La superficie habilitada para la sede de la defensa pública tiene una dimensión total de 223 m2. Tras la restauración edilicia realizada por la Municipalidad de San Ignacio en el año 2022, es posible para la institución facilitar el acceso a la justicia brindando orientación, asistencia y representación a más de 70.000 personas, ya que las oficinas instaladas atenderán a pobladores de los distritos de San Ignacio, Santa Rosa y Santa María.

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Por su parte, el titular de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel, expresó: “Esta habilitación logramos con un gran esfuerzo y ahora, la comunidad requiere de nuestro compromiso y empatía al atender a las personas, ponernos en sus zapatos, escucharles y acompañarles, ese es nuestro gran desafío” señalo.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó que habilitar una sede de la institución en una ciudad con importante cantidad poblacional, implica un gran compromiso con las personas, para el acceso a la justicia como así también, un compromiso cultural por lo que representa el edificio para la ciudad” indico el jefe de estado.

Cabe destacar que esta es la primera sede de la institución que es instalada y habilitada al servicio de personas reconocidas como vulnerables, durante los primeros 100 días de gestión de la administración actual, en el marco del fortalecimiento de la Defensa Pública y en refuerzo del compromiso asumido con la protección de los derechos humanos.

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En el marco del juicio oral y público de Lorenzo González, acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, declaró la exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez, quien investigó el presente caso inicialmente. La misma se presentó ante el tribunal de Sentencia y mencionó la inacción de Arnaldo Giuzzio mientras se desempeñaba como fiscal, para lograr la detención de los autores del hencho.

Quiñónez señaló que “Cecilia Cubas estaba viva al momento de la reunión, donde se decidió su muerte”. Agregó que “Dionisio Olazar ya estaba colaborando con el Ministerio Público y él nos comunicó de la reunión”.

Ante la consulta del abogado querellante, Andrés Casati, sobre qué actitud tomó el Ministerio Público ante la comunicación de la reunión clave, Quiñónez manifestó que “se acercaron los fiscales de aquel entonces, Giuzzio y otros, cuando los que estaban adentro se percataron que iba a haber un procedimiento salieron y fueron detenidos, pero luego fueron liberados”.

Dijo además que la Fiscalía de aquel entonces logró la detención de Lorenzo González y Anastasio Mieres, pero luego fueron liberados, pasadas las 6 horas. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado Lorenzo González está integrado por Laura Ocampos, Fabián Weinsesee y Cándida Fleitas.

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González fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022 y es señalado como el “fusilero” del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También tuvo participación en la captura de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Además de este antecedente, el ahora procesado aparece en un video de una reunión del grupo criminal que data del 2004.

La Cámara de Apelación conformada por José Waldir Servín, Gustavo Santander y Agustín Lovera Cañete confirmó la condena para Óscar Luis Benítez por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Benítez fue condenado a 24 años de cárcel y 10 años como medida de seguridad el 29 de junio del 2021, por el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Fabián Escobar.

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