• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

El rapero Sean “Diddy” Combs recurrió al “poder, la violencia y el miedo” como líder de una organización criminal con décadas de antigüedad, dijo ayer jueves la fiscalía en los alegatos finales de su mediático juicio por asociación ilícita y tráfico sexual. “Contaba con el silencio y la vergüenza para ocultar sus delitos”, denunció la fiscal Christy Slavik, que trata de dejar claro a los 12 miembros del jurado que sellarán la suerte del magnate de la música las razones por las que ha sido inculpado y juzgado por casi dos meses.

Sentado detrás de la fiscal, Combs, de 55 años, escuchaba impertérrito, aunque de vez en cuando escribía notas a sus abogados. Si es declarado culpable de los cargos que incluyen asociación ilícita y tráfico sexual, podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Slavik empezó a resumir lo que la fiscalía expuso en horas de declaraciones de 34 testigos, miles de páginas de mensajes de texto y grabaciones telefónicas y videos de sexo explícito mostrados durante más de siete semanas de juicio.

“Utilizó el poder, la violencia y el miedo para conseguir lo que quería”, añadió. Para ello, dijo, se servía de “leales lugartenientes” -ninguno fue llamado a declarar en el juicio- para cubrir sus delitos, entre ellos, trabajos forzados, prostitución, soborno y manipulación de testigos. “No aceptaba un no por respuesta”, completó la fiscal, antes de recordar que el fundador de la discográfica Bad Boy Records “se volvió más poderoso y más peligroso gracias al apoyo de su círculo íntimo y sus negocios”.

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Slavik dejó claro al jurado que este caso no es sobre criminalizar prácticas sexuales poco ortodoxas. “No se trata en absoluto de libre elección”, dijo.

Las mujeres involucradas en sus salvajes orgías sexuales estaban “drogadas, cubiertas de aceite, doloridas y agotadas”, mientras Combs las obligaba a mantener relaciones sexuales con trabajadores del sexo durante horas y a veces días, afirmó.

El músico que puso el hip hop en el panorama mundial de la música obligó, según la fiscalía, a dos mujeres —la cantante Casandra “Cassie” Ventura y, más tarde, a otra que testificó bajo seudónimo— para que mantuvieran relaciones sexuales bajo los efectos de las drogas con acompañantes de pago.

Ambas fueron pareja del magnate, detenido desde septiembre, después de que Ventura presentara una denuncia contra él en 2023 por agresiones sexuales y violación, retirada poco después tras llegar a un acuerdo financiero con Combs.

A su querella le sucedieron denuncias de otras víctimas, que lo condujeron al banquillo.

A lo largo de sus argumentos finales, la fiscal Slavik también hizo referencia al testimonio de un psicólogo forense que explicó al jurado cómo las víctimas quedan atrapadas por sus abusadores.

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Y en un momento impactante, pidió al panel que se pusiera en el lugar de Ventura: “Imaginen el terror de no saber nunca cuándo llegará el próximo golpe”. “Ahora imaginen intentar decirle que no a esa persona”, clamó.

El cargo más grave, el de asociación ilícita, podría enviar a Combs a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable. También enfrenta acusaciones de agresión y tráfico sexual y dos más por transporte con fines de prostitución.

Combs, que rehusó testificar para defenderse, lo niega todo. Sus abogados presentarán sus alegatos finales el viernes y se espera que insistan en que las presuntas víctimas eran mujeres que tomaban decisiones adultas.

Aseguran que las relaciones del artista fueron consensuadas y ya han intentado convencer al jurado de que muchos de los testigos lo hicieron por lucro o por despecho.

Muchas de las grabaciones presentadas en el juicio muestran angustia por parte de las presuntas víctimas. Pero muchos de los mensajes también muestran afecto y deseo, lo que la defensa recalcó una y otra vez. Una vez concluyan los alegatos, probablemente el mismo viernes, el jurado se retirará a deliberar.

El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.

Efectivos de la comisaría 24 Central de la ciudad de San Antonio lograron la captura de tres hombres sindicados como los autores del robo de una motocicleta en el barrio Las Garzas de esta ciudad. Del poder de los mismos fueron incautadas varias evidencias.

En imágenes de circuito cerrado de la zona donde se dio el robo, se puede observar cómo los sujetos llegan en un automóvil de la marca Toyota modelo Ractis, color gris y sin chapa. Del vehículo descienden dos hombres quienes en cuestión de segundos se alzan con una motocicleta.

Según el informe policial, los tres sujetos fueron identificados como Juan Manuel Martínez Hetzer, de 25 años, Nicolás Alfredo González Pérez, de 25 años, e Iván Alejandro Mereles Espínola, de 23 años.

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Fueron incautados, además del vehículo, un arma de fuego calibre 22, varios proyectiles sin percutir, teléfonos celulares y herramientas varias para desactivar sistemas de geolocalización y desarmar partes de motocicleta.

Los intervinientes destacaron que, aparentemente, los malvivientes inmediatamente tras alzarse con las motocicletas procedían a desactivar el sistema de GPS. En este caso, la víctima identificada como Richard David Martínez Camacho, de 27 años, logró recuperar su motocicleta, ya que tras la denuncia se inició una rápida persecución.

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El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.

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La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.

El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.

Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.

“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.

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