Venció a Sportivo Luqueño por 2-0 con tantos al ini­cio y en el cierre del partido. Tras un lateral, Iván Franco y Rubén Lezcano se pasea­ron en el área sin marca de Luqueño, que permitió al segundo marcar de zurda el primer tanto del partido, al minuto 6.

En lo que siguió después, el equipo de Sergio Aquino tuvo todo para marcar cuanto menos dos o tres goles más, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Luqueño se fue arriba e intentó sin éxito y con pocos argumentos ofen­sivos llegar a la paridad.

Primero fue Marcelo Fernán­dez, que quiso definir ante Aguilar, teniendo a Tacuara Cardozo mejor posicionado para rematar. Luego, con los ingresos de Santa Cruz y Rodrigo Villalba, siguió martillando de contra, hasta que en tiempo de descuento, Roque puso con toque suave el 2-0.

El Gumarelo ya espera por Nacional o Guaraní, que jugarán la otra semifinal la semana que viene, para intentar revalidar el título logrado el año pasado.

Para Luqueño, una frus­tración grande porque va cerrando un mal año tras su discreto rendimiento en el Apertura y Clausura.

Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

General Caballero es uno de los tres clubes comprometi­dos con el descenso de cate­goría y hoy visita en el estadio Martín Torres al Sportivo Trinidense (20:30).

Con doce puntos por jugar, General Caballero tiene siete de ventaja sobre Tacuary, el último del promedio y a la misma hora (20:30) juega con Olimpia en Ciudad del Este. Un resultado que puede determinar el des­censo anticipado de Tacuary es que General Caballero le gane al Sportivo Trinidense y Tacuary pierda o empate con Olimpia.

A primera hora (18:00), en el estadio Municipal del Spor­tivo Carapeguá, Libertad, que busca un triunfo tras seis derrotas consecutivas que determinaron la salida del entrenador Daniel Gar­nero y en su reemplazo asu­mió Sergio Aquino, se las verá con Sportivo Luqueño, rival de irregular campaña. El estadio Municipal, ubicado a poco más de 87 kilómetros de

Asunción, inaugura su sistema lumínico. Con la certificación VAR realizada e inspección de sus dependencias quedó habi­litado para encuentros por la Copa de Primera.

Las Personas Privadas de Libertad que se dedican a la artesanía en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación- Cereso se beneficiarán con el primer lote de exportación de sus productos a la República de China (Taiwán). Así se informó desde el Ministerio de la Defensa Pública.

El programa se denomina Exportando Sueños y está encabezado por el Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del plan de oportunidad laboral y reinserción digna de las personas privadas de libertad. Además, beneficiará a sectores vulnerables que se dedican a la artesanía.

El programa se presentó este lunes, en un evento que se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública. En la oportunidad, su titular, Javier Esquivel González expresó su emoción por el proyecto que surgió como una idea de reinserción social, “así como para dar sustentabilidad en el trabajo y dignidad a las personas”.

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Destacó además que, el proyecto se concreta gracias a la buena predisposición de la Embajada de la República de China (Taiwán), ya que el primer lote de productos será exportado a dicha nación. “La intención de esta iniciativa es que las personas privadas de libertad tengan un ingreso económico para ellos y sus familias y que, al recuperar su libertad, estas puedan seguir trabajando”, remarcó el defensor general.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; Khaled Al-Ajmi, encargado de negocios de la embajada del Estado de Qatar en Paraguay, y José Chih-Cheng Han, embajador de la República de China (Taiwán). El programa es la primera experiencia en Paraguay y América Latina y fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados.

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