El concejal Eduardo Rebruk manifestó que, aparentemente, el intendente de Encarnación, Luis Yd, estaría cediendo a la necesidad de transferir el aeropuerto de la localidad a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con la finalidad de concretarse las inversiones que requiere el lugar, con miras al Mundial de Rally 2025.

“Hay una tendencia de que el día de mañana finalmente el intendente ceda su actitud mezquina y la transferencia del aeropuerto se termine dando en la sesión de la Junta Municipal. Esto, luego de la presión ciudadana que existe acá”, manifestó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) dispone de una inversión de USD 10 millones para el mejoramiento del aeropuerto local. Sin embargo, el dirigente de la oposición había rechazado la oferta por considerar que el lugar merece mucho más a cambio de ceder la administración.

Sin embargo, la situación está siendo utilizada por Yd para condicionamientos. “Él pedía una garantía de las inversiones que se harán en el aeropuerto y también otras inversiones, como el asfaltado que une la ruta uno con la ruta sexta, un acceso paralelo al aeropuertos, mejoras en la iluminación en la costanera y el cambio de cañerías de la Essap. Estas cosas no le corresponden a la Dinac, pero de todos modos el comité organizador del rally mundial se comprometió a realizar todas estas gestiones”, refirió.

Lea también: Una cumbre de poderes refleja un “compromiso institucional”, afirma politólogo

Asimismo, Rebruk acotó: “Se está poniendo en riesgo la realización del rally mundial. Hay un enojo bastante grande y una desesperación por parte de los intendentes, ya que están utilizando el presupuesto genuino de sus municipios para realizar gestiones y las inversiones, pero hoy encuentran esta traba que puede secuestrar la gran posibilidad que tiene el departamento de Itapúa, con este evento deportivo, que promete ser el más grande del país”.

Por otra parte, el concejal comentó que mañana miércoles a las 9:00 la Junta Municipal, mediante una sesión ordinaria, buscará a destrabar el conflicto y buscar que la administración del aeropuerto finalmente pase a manos de la Dinac. Inicialmente, la convocatoria estaba prevista para este martes, pero ante la falta de respuestas por parte del presidente del cuerpo colegiado, el pedido de sesión extraordinaria no prosperó.

Te puede interesar: Titular de Mitic refuta publicaciones sobre seguro médico y limpieza

El juez José Delmas elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el rallista Diego Yaluk, quien fue acusado por la fiscal adjunta Lourdes Samaniego por estafa, al igual que su esposa Andra Ketterer y su padre Humberto Yaluk. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada en el Palacio de Justicia.

La fiscalía sostiene que Yaluk ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 17 mil millones mediante la entrega de cheques sin respaldo por parte de los acusados, en base a la denuncia presentada por las empresas Atlántico S.A. y Marsella S.A., que también presentaron querella adhesiva.

Ahora se deberá sortear quienes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Yaluk y demás acusados. Una vez que tenga al tribunal colegiado se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

Te puede interesar: Piden prisión de imputado por agredir a su madre y hermanos en Loma Pytâ

Yaluk igualmente fue procesado en otra causa penal por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación en base a la denuncia realizada por Guido Ferreira. Esta causa se encuentra en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de USD 175.000.

De acuerdo a la carpeta fiscal, el imputado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacyretá para honrar el compromiso; sin embargo, esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

Existe un tercer caso, que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que también está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro cuarto, a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

Podes leer: Detienen a mujer que apuñaló a su pareja y luego pidió auxilio a la Policía

La Policía Nacional logró incautar varios vehículos que contaban con chapas que no les pertenecían y cuyas documentaciones son de dudosa procedencia, en la ciudad de Villa Hayes (Presidente Hayes). Uno de los autos no contaba con ningún registro nacional y se presume que burló varios controles para su ingreso.

Según el reporte policial fueron tres los rodados incautados en controles ruteros. Uno de los autos contaba con chapa falsa y dos tenían chapas originales, pero que pertenecen a otros vehículos que se encuentran dentro del Registro Automotor. “Los tres vehículos están en situación irregular, porque los conductores presentaron documentación apócrifa. Todas las cédulas verdes son falsificadas y uno de ellos contaba con chapa falsa”, expresó el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento de Control de Automotores, en Unicanal.

Lea más: Preparan peregrinación a Roma para la canonización de Carlo Acutis

En el caso del vehículo modelo Funcargo cuenta con implante de chasis, los intervinientes lograron detectar el corte de la placa metálica donde se insertó el de otro rodado. En tanto que el automóvil Toyota modelo Allion no está registrado y no aparece en ninguna base de datos de la Policía Nacional o de Automotor, lo que significa que ingresó clandestinamente al territorio nacional.

“En este caso podemos decir que burló al sistema de la Aduana y no hizo el proceso de inscripción al Registro Automotor. Dos de ellos tienen chapas originales ciertamente, pero que no le corresponden. Sin embargo, los tres serán sometidos a un peritaje para determinar la situación de cada uno”, comentó el jefe policial.

Lea también: Cierran local sin licencia de discoteca, tras viralizarse controvertido video

Desde agosto del 2012, la familia Pereira viene peleando por recuperar un predio de 8,5 hectáreas ubicado en la compañía Zárate Isla, en la ciudad de Luque, que habría sido adquirido por Fidelino Pereira en el año 1994, pero tras 18 años de propiedad se enteró de que desde la Municipalidad de Luque la habrían vendido tras alegar que era un terreno municipal.

La comuna luqueña habría vendido la propiedad a la empresa Promarket S.A. luego de realizar un juicio de mesura, del cual no participó ningún miembro de la familia Pereira ni sus representantes, por lo que se determinó que el inmueble es de dominio privado de la municipalidad.

De esta manera, si bien Fidelino Pereira contaba con el título de propiedad tras su compra por parte de Vicente Olmedo, quien fuera el anterior propietario de la misma, y contaba con boletas de recibo municipal del pago de sus impuestos hasta el año 2011, pierde en todas las instancias en un juicio de nulidad de acto jurídico contra la firma Promrket S.A., según los denunciantes, sin analizar a cabalidad los documentos de propiedad y la autenticidad de los mismos.

Podés Leer: Gobernación y el SNPP inician capacitación de 1.500 mujeres para “Hambre Cero”

“Son 15 años de trámite judicial, donde perdimos en las tres instancias por mal proceso y mal uso del derecho, principalmente por la producción de documentos fraguados de la Municipalidad de Luque y su jefe comunal de aquella época. Nosotros tenemos la seguidilla de contratos privados desde el año 1980 de anteriores dueños, y nosotros compramos el inmueble mediante vías legales y la Municipalidad realizó un nuevo título en el año 2010″, indicó Richard Pereira, hijo del propietario del inmueble, en conversación con La Nación/Nación Media.

Recordó que desde el principio no se respetaron los plazos procesales correspondientes porque no se notificaron correctamente, siendo más preciso en este caso a su madre, que es también propietaria del mencionado inmueble, por lo que continúan los litigios judiciales hasta la actualidad, generando un desgaste de años para la familia que aguarda un proceso claro y justo que les permita recuperar su propiedad.

Richard Pereira puntualizó que hasta la fecha continúan reclamando y con inicios sobre una nueva figura penal para recuperar el inmueble, el cual ya fue vendido en dos ocasiones, primeramente por parte de la Municipalidad de Luque a la empresa Promarket S.A. y posteriormente esta última lo habría revendido a una empresa denominada Megalog S.A, la cual se encuentra constituida actualmente en la propiedad.

Lea también: Amenazan a un grupo de visitantes en el cerro Tres Kandu