Por Rocío Gómez. (rocio.gomez@gruponacion.com.py)
Debido a la denuncia de atropello y desaparición de personas del pueblo indígena Avá Guaraní, el fiscal Vicente Rodríguez visitó ayer la comunidad Tacuara’i, del distrito Corpus Cristhi, departamento de Canindeyú.
El fiscal sostuvo que no se puede corroborar si se trató de un desalojo de forma violenta por disparos de armas o si fue un abandono de tierras de forma pacífica. Alegó que no se encontraron cartuchos, pero que “hay chozas y otras pruebas de que los indígenas estaban dentro del predio”.
El sábado, la propietaria paraguaya Karina Riveros contrató a una escribana para constar que ningún indígena se encontraba en el lugar. Rodríguez acota que “la estancia está en la frontera seca, por lo que es viable que brasileños podrían haber perpetrado el supuesto ataque.”
Lo llamativo del caso es la falta de pruebas audiovisuales del ataque. “Necesitamos videos que prueben el desalojo”, sostiene la fiscalía. Además, al preguntar a los nativos por los heridos del supuesto ataque, para brindarles asistencia o traslado, el fiscal explicó que “ellos no acudieron al centro asistencial, y no se encontraban” allí para ser asistidos.
Respecto a los desaparecidos, el Ministerio Público libró oficios, a la Policía Nacional y delegando al fiscal para buscar a las personas desaparecidas. Sobre el menor Vladimir López, que se encontraría entre los desaparecidos, solo se sabe el nombre, los nativos no tienen ni fotos ni el nombre de la madre o de la hermana con la que vive.
Las denuncias
El fiscal constató la denuncia por supuesta desaparición de dos personas avá guaraní, Ellos son Vicente Oliveira Larrea, de 34 años de edad, y Pablino Oliveira Benítez, de 32 años de edad. La denuncia fue realizada por la madre de ambos, Lidia Benítez.
También fue transcripta y presentada la denuncia de Silvia Recalde García, perteneciente al pueblo Avá Guaraní, por supuesto hecho de atropello y disparo de arma de fuego, hecho ocurrido el sábado 11 de noviembre.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Indert impulsa plan piloto para agilizar titulación de tierras en Alto Paraná
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, y la gerente general de la institución, Romina Velázquez, presentaron en el departamento de Alto Paraná un proyecto piloto para simplificar trámites de aprobación de comisiones vecinales de fomento para coadyuvar en la tarea de titulación.
Desde el ente agrario explicaron que la medida surge como un método innovador para la solución de conflictos sociales, fortaleciendo de esta manera la participación comunitaria en los procesos de regularización de tierras.
“Con este objetivo, la institución lanzó un proyecto piloto de democracia participativa en las colonias, alineado con la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario. La iniciativa busca agilizar la titulación masiva de inmuebles rurales y disminuir los conflictos por su tenencia”, señala un comunicado institucional.
Simplificar los procesos de titulación
Es así que el economista Francisco Ruiz Díaz lideró el fin de semana una jornada de trabajo -en la comunidad Tavapy, en el departamento de Alto Paraná- que involucró a otros integrantes de su equipo técnico.
Durante el encuentro, se coordinaron las acciones para dar participación activa a los pobladores en las tareas del Barrido Predial Masivo (BPM).
Las autoridades aclararon que mediante la cooperación directa de las comisiones vecinales, la entidad estatal apunta a desburocratizar los procesos y acelerar la entrega de títulos de propiedad en las distintas colonias del país.
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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Avanzan trámites en la titulación de tierras de la comunidad indígena La Abundancia del Chaco
Tras 16 años de reclamos, representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y de la Comunidad Nivaclé La Abundancia del Chaco alcanzaron un acuerdo para avanzar en la regularización y titulación de tierras destinadas a la comunidad.
En ese sentido, el Indi verificará la situación registral de los inmuebles y actuará legalmente si se comprueba la situación denunciada respecto de más de 10.000 hectáreas que figuran a nombre de una empresa privada. Como primer paso, la institución ya solicitó oficialmente la condición de dominio de las cuatro fincas involucradas.
El acuerdo quedó asentado en un acta suscripta tras una reunión realizada en la Comunidad Indígena La Abundancia, en Loma Plata, con participación de representantes del área Jurídica y Territorial del Indi, líderes y miembros de la comunidad y autoridades policiales.
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El encuentro se produjo luego de que la comunidad suspendiera su movilización tras aceptar una tregua solicitada por el presidente del Indi, Hugo Samaniego, quien había asumido el compromiso de enviar a representantes de las áreas correspondientes para buscar una salida al conflicto.
El titular del Indi remitió una nota oficial a la Escribanía Mayor de Gobierno solicitando realizar los trámites para obtener la condición de dominio de las cuatro fincas involucradas, con el objetivo de confirmar la titularidad del Indi y posteriormente avanzar en la transferencia solicitada por la comunidad.
La medida representa un primer paso concreto dentro del proceso acordado entre las partes para destrabar una situación que se encuentra pendiente desde 2010.
Durante la reunión, representantes del Indi reconocieron la existencia de dificultades en el expediente y señalaron que se encuentran dando pasos para solucionarlas.
Asimismo, se informó que la gestión de titulación había quedado detenida y que actualmente se volvió a solicitar, a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, información sobre la condición de dominio de los inmuebles.
Según quedó establecido en el acta, el Indi se comprometió a proteger las tierras y continuar las gestiones sobre las cuatro fincas y padrones involucrados, a fin de obtener respuestas concretas y avanzar en:
- La correcta inscripción de los registros catastrales de todas las fincas y padrones correspondientes.
- La verificación de la situación registral de los inmuebles.
- La adopción de acciones legales en caso de comprobarse la situación denunciada respecto de Panacon S.A.
- El seguimiento semanal de las gestiones, junto con los líderes de la comunidad, hasta alcanzar una solución.
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