La jueza interina Rosarito Montanía imputó por violación de la ley de armas a los exdirectivos de la empresa "Monital S.R.L" Protek, Luis Fernando Fretes y José Joaquín Castillo Samaniego.
Además, la magistrada admitió la querella de la familia de la víctima presentada el pasado 4 de agosto por el abogado Federico Campos Moreira, informó el portal Judiciales.net.
La causa de da dentro de la investigación por la muerte de José Mauricio Benítez (22), quien llevó el vehículo de su hermana sin permiso. Posteriormente, la mujer pidió a un contacto de Protek que encontraran su auto, el pasado 15 de junio.
El vehículo fue localizado en Luque e inició una persecución que terminó en la zona de Puerto Botánico de Asunción, donde uno de los guardias de Protek disparó y mató al conductor. De acuerdo con la Fiscalía, Julián Benítez fue quien lo hizo, mientras que Óscar Tomás Blanco delimitó el perímetro. Ambos estaban habilitados para la tenencia de armas, pero no para portarlas.
Benítez Ojeda está procesado por homicidio doloso, por lo que cuenta con prisión preventiva, mientras que Blanco Ozuna por transgresión de la ley de armas y cumple arresto domiciliario.
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Ciudad del Este: imputan a adolescente brasileño que ingresó al país con camioneta robada
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un adolescente brasileño de 17 años que había ingresado a territorio paraguayo con vehículo robado e intentó evitar el control aduanero, fue imputado por la fiscal Carolina Rosa Gadea, de la Unidad Penal N.º 5 de Ciudad del Este. El proceso es por los supuestos hechos punibles de reducción y exposición al peligro del tránsito terrestre.
El menor fue interceptado en la zona primaria del Puente de la Amistad, cuando ingresaba al país al mando de una camioneta Toyota Hilux, denunciada como robada en la ciudad brasileña de Medianeira. El procedimiento se realizó el 4 de noviembre, alrededor de las 05:30.
En esa ocasión, el conductor habría intentado evitar el control aduanero tratando de huir, pero esa acción motivó la intervención de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes procedieron a verificar el vehículo, con apoyo del personal de la Armada Paraguaya.
Durante la inspección, los intervinientes constataron que el adolescente no contaba con documentos que acreditaran la titularidad del rodado, licencia de conducir ni autorización para manejarlo.
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Ante esta situación, la camioneta quedó depositada en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), mientras que el adolescente fue trasladado al Área Naval del Este para los trámites correspondientes.
Se realizaron consultas al Comando Tripartito donde se confirmó que la camioneta, una Toyota Hilux negra, con chapa paraguaya BSY607, había sido denunciada como robada en Medianeira, estado de Paraná, Brasil, durante la madrugada del 4 de noviembre. El resultado de las verificaciones fue comunicado al Ministerio Público.
La fiscal solicitó la aplicación de medidas provisorias para el imputado, quien permanece privado de libertad en la Dirección de Policía. Argumentó que el adolescente no cuenta con domicilio fijo ni familiares que puedan hacerse responsables de él en Paraguay y que carece de arraigo en el país.
Además, señaló que están pendientes las evaluaciones psicológica y socioambiental, por lo que consideró necesario asegurar su permanencia durante el proceso judicial.
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Ingenieros Colorados exigen “justicia sin privilegios” en el caso ueno bank
Desde el Círculo de Ingenieros Colorados (CIC), emitieron un comunicado en el que requieren a las instituciones encargadas de impartir justicia, actuar con “firmeza, independencia y sin privilegios” en la causa judicial que salpica a los directivos de ueno bank.
“Por la defensa de la institucionalidad, la justicia y la recuperación de la confianza nacional, el Círculo de Ingenieros Colorados, fiel a los principios republicanos, democráticos y de justicia social, expresa su profunda preocupación ante los acontecimientos que comprometen la confianza ciudadana, la estabilidad institucional, y la credibilidad de la gestión gubernamental”, refiere la nota.
El comunicado agrega que “la confianza del pueblo paraguayo en sus instituciones constituye un patrimonio nacional construido con décadas de esfuerzo. Su recuperación exige respuestas inmediatas, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes. La Justicia debe actuar con independencia, firmeza y sin privilegios, garantizando la protección de los recursos públicos, los ahorros privados y el patrimonio de los trabajadores y jubilados".
Menciona también que “ante la gravedad de la situación, sostenemos que el juicio político, como herramienta legítima prevista en la Constitución Nacional, constituye un mecanismo institucional para determinar responsabilidades políticas y encauzar, de manera pacífica pero contundente, la reconstrucción de la confianza nacional”.
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Agrega que “el Paraguay necesita decisiones urgentes que permitan recuperar la credibilidad de sus instituciones y mejorar sustancialmente la gestión gubernamental. Los intereses superiores de la nación deben prevalecer sobre cualquier consideración personal, política o sectorial".
Los ochos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada, fueron imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
La detención de los mismos fue concretada el pasado martes luego de que el Banco Central del Paraguay haya ordenado el inicio del procedimiento de resolución y disolución de la entidad bancaria tras constatar problemas graves de insolvencia y créditos irregulares a empresas vinculadas. Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón.
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ueno bank: juez admite imputación y convoca a audiencia de imposición de medidas para este jueves
El juez de Garantías de turno Humberto Otazú admitió la imputación por los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de Estafa y violación de llevar libros de comercio contra 27 personas vinculadas al vaciamiento de ueno bank y fijó para este jueves, a partir de las 07:30, la audiencia de imposición de medidas. Dicha diligencia judicial se desarrollará ante el juez penal del caso, Rodrigo Estigarribia.
Los imputados que deberán comparecer ante el juzgado son:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti
- Juan Manuel Gustale
- Julio Daniel Rey Fernández
- Diana Leticia Mongelós González
- Mariana Torres Rubiani
- Alejandro Gómez Abente
- Diego Fernando Duarte Schussmuller
- y Miguel Ángel Almada Frutos.
Solo para Vázquez la Fiscalía pidió la prisión preventiva, mientras que para los demás imputados se pidió arresto domiciliario con el uso de las tobilleras electrónicas. Asimismo los demás imputados deberán ser citados a una audiencia de imposición de medidas.
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El Ministerio Público presentó imputación contra directivos de ueno bank y otras personas vinculadas a distintas empresas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras que habrían comprometido los activos de la entidad bancaria.
La presentación fue realizada este miércoles por los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designados para intervenir en la causa caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, identificada con el expediente N.º 89/2026.
De acuerdo con el escrito fiscal, los imputados habrían autorizado y permitido operaciones financieras entre 2025 y 2026 que comprometieron negativamente los activos del banco. El documento sostiene que esos activos estaban compuestos principalmente por recursos de terceros, cuya restitución la entidad estaba obligada a garantizar conforme a la legislación vigente y los compromisos asumidos.
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Caso ueno bank: Imputan a 27 personas y piden prisión de Miguel Vázquez
El Ministerio Público presentó imputación contra directivos de ueno bank y otras personas vinculadas a distintas empresas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras que habrían comprometido los activos de la entidad bancaria, entre ellas, Miguel Vázquez quien deberá cumplir prisión preventiva.
La presentación fue realizada este miércoles 4 de noviembre por los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designados para intervenir en la causa caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, identificada con el expediente N.º 89/2026. La Fiscalía atribuye a los investigados la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
De acuerdo con el escrito fiscal, los integrantes del Directorio de ueno bank, entre ellos Juan Manuel Gustale, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, además de Miguel Ángel Almada Frutos, en su carácter de síndico, habrían autorizado y permitido operaciones financieras entre 2025 y 2026 que comprometieron negativamente los activos del banco.
El documento sostiene que esos activos estaban compuestos principalmente por recursos de terceros, cuya restitución la entidad estaba obligada a garantizar conforme a la legislación vigente y los compromisos asumidos.
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Proceso de resolución del banco
La imputación se produce luego de que, el pasado 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera, mediante la Resolución N.º 1, el inicio del proceso de resolución de ueno bank S.A. La medida fue adoptada por la causal prevista en el artículo 13, inciso b), de la Ley N.º 2334/03, que contempla la insuficiencia del índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo requerido legalmente.
La nómina de imputados también incluye a accionistas, beneficiarios finales y representantes de empresas como MOWI S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., TUIU S.A., FRANDEDE S.A. y AIME S.A. Corredores de Seguros.
Imputados
La nómina de imputados es la siguiente: Federico Miguel Vázquez Villasanti; Juan Manuel Gustale; Julio Daniel Rey Fernández; Diana Leticia Mongelos González; Mariana Torres Rubian; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller; Miguel Ángel Almada Frutos; José Augusto Sala Cardozo.
Además: Sergio Amado Pizurno Zsarán; Vanessa Esther Godoy Ayala; Oscar Urdapilleta; César Javier Mengual Mazacotte; Miguel Ángel Garay; César Manuel Astigarraga Lambare; Luis Ernesto Angulo Rivera; Guillermo Vázquez Muniagurria; Diego Sebastían Gómez Arce. La lista sigue con: Luis Fernando Ríos Espinola; André Gayol Pires; Nicolás S. Di Iorio Olivares; Rodrigo Ramón Franco Ortiz; Mauro Vargas Wildberger; Cecilia Domínguez Elizeche; Martín Vargas Wildberger; Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.
Medidas cautelares
Tanto Juan Manuel Gustale, como Julio Daniel Rey Fernández Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, tendrán medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva consistente en: arresto domiciliario con uso de la tobillera electrónica. Prohibición de salir del país y la prestación de una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas y las que el juzgado considere pertinente. En cuanto a Federico Miguel Vázquez Villasanti, se solicita su prisión preventiva.
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