El fiscal Martín Cabrera imputó a Liliana Fernández, Santiago Ochipinti y Fredy Velázquez Agüero, por producción de documentos no auténticos, estafa en grado de tentativa y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Además Cabrera solicitó aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados, de acuerdo a un boletín del Ministerio Público.
La investigación inició en octubre de 2016 a fundaciones y oenegés que habrían celebrado convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides).
La organización sin fines de lucro "Fundación Oriente", cuya responsable es Fernández, presuntamente solicitó fondos que financien proyectos para el abastecimiento de agua potable y red de distribución domiciliaria para 162 familias de asentamientos del departamento de Canindeyú.
El presupuesto presentado por la fundación supuestamente fue viable, mediante la aprobación de Ochipinti, quien se desempeñaba como Director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fides, con la verificación técnica de Velázquez, exjefe de Asuntos Legales de la referida dependencia del Indert.
Fernández habría incurrido en ciertas irregularidades a fin de obtener la firma del convenio, lo que representaba posteriormente el desembolso de dinero de la institución pública.
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Imputan y piden prisión preventiva para suegro del sospechoso del crimen de María Fernanda
Este jueves, la fiscal Gloria Rojas confirmó que imputaron y solicitaron la prisión preventiva del suegro del principal sospechoso en el crimen de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo. Se trata de Ricardo Villamayor.
Remarcaron que las investigaciones en el caso son bastantes positivas y que esperan el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda donde fue hallada la moto.
La fiscal explicó que ayer se realizaron dos intervenciones muy importantes; una en el penal de Villarrica, donde se logró incautar la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con la víctima, y otra en la vivienda donde se encontró el biciclo que está a nombre de Armando Silva, padre del presunto autor del crimen.
“Ayer se dispuso la detención de Ricardo Villamayor y hoy le tomamos su indagatoria. Se presentó la imputación y ya está a cargo del Juzgado de Paz de Garantía. Se solicitó la prisión preventiva del mismo. La caratula de la imputación es por frustración del tan sonado caso”, detalló Rojas.
Explicó que el caso de María Fernanda es muy conocido a nivel y que ninguna persona puede decir que tuvo desconocimiento. “Además, este hombre es alguien cercano al sospechoso y es por eso que también se le atribuye este hecho. Nadie puede alegar que no estaba en conocimiento por la magnitud del caso”, aclaró.
La fiscal refirió que más avances de la investigación no puede dar, pero que actualmente esperan el análisis de más cámaras de seguridad que puedan detallar más situaciones. “Se extrajeron imágenes del domicilio y también del otro lugar donde se allanó. Estamos esperando las diligencias técnicas que están realizando los investigadores”, manifestó.
Agregó que los padres del adolescente ya prestaron declaración y que ya consta en la carpeta fiscal. “Los padres ya estuvieron más de una vez en sede fiscal”, puntualizó.
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Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
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Procesan a un hombre que durante años habría abusado de su hijastra
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente Gabriel Segovia Villasanti, de la Unidad Fiscal 6 de Ciudad del Este, imputó a un hombre por supuesto abuso sexual de su hijastra menor de edad, y solicitó al Juzgado de Garantías su declaración de rebeldía, teniendo en cuenta que se encuentra prófugo de la Justicia.
La víctima ya tiene hoy 16 años y los abusos se habrían cometido desde cuando tenía 10 años.
De acuerdo a la denuncia y a los primeros elementos de investigación, la familia afectada residía en otro departamento y el padrastro de la niña le habría ofrecido regalos, a cambio de su silencio y también la amenazaba supuestamente.
El abuso consistía en manoseos sistemáticos, a pesar de la negativa de la menor. Luego, la familia se mudó a una ciudad de Alto Paraná, pero los abusos del padrastro volvieron a repetirse, siempre en base a amenazas, según los relatos de la adolescente, consignados en el escrito fiscal.
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En una ocasión, cuando la víctima tenía 13 o 14 años, el hombre ingresó a su habitación, en horas de la noche, pero fue sorprendido por su pareja y madre de la niña, la mujer le reclamó por dicha situación. Finalmente, la adolescente confesó el hecho a la psicóloga de su colegio y la profesional comunicó el caso a la madre, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía de Ciudad del Este.
La víctima recibió contención psicológica en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, en cuya instancia relató lo que debió soportar, manifestando que siente miedo de su padrastro.
El fiscal Segovia Villasanti dispuso la detención preventiva del hombre, quien está prófugo y solicitó al Juzgado de Garantías su prisión preventiva. La medida obedece a la expectativa de pena del hecho punible investigado, según el escrito del procesamiento.
Datos clave
De acuerdo a la plataforma de Datos Abiertos, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público, en lo que va del año 2025, son 1.305 casos de abuso sexual en niños, lo que implica de 8 a 9 víctimas por día.
Las zonas con mayor cantidad de hechos denunciados siguen siendo Central, Alto Paraná, Asunción e Itapúa. El 86 % de las víctimas fueron menores de 14 años de edad y el 87% de los casos, los victimarios del entorno familiar, o algún conocido de la familia.
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Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.