El fiscal Martín Cabrera imputó a Liliana Fernández, Santiago Ochipinti y Fredy Velázquez Agüero, por producción de documentos no auténticos, estafa en grado de tentativa y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Además Cabrera solicitó aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados, de acuerdo a un boletín del Ministerio Público.
La investigación inició en octubre de 2016 a fundaciones y oenegés que habrían celebrado convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides).
La organización sin fines de lucro "Fundación Oriente", cuya responsable es Fernández, presuntamente solicitó fondos que financien proyectos para el abastecimiento de agua potable y red de distribución domiciliaria para 162 familias de asentamientos del departamento de Canindeyú.
El presupuesto presentado por la fundación supuestamente fue viable, mediante la aprobación de Ochipinti, quien se desempeñaba como Director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fides, con la verificación técnica de Velázquez, exjefe de Asuntos Legales de la referida dependencia del Indert.
Fernández habría incurrido en ciertas irregularidades a fin de obtener la firma del convenio, lo que representaba posteriormente el desembolso de dinero de la institución pública.