Yoan Paul López es el nuevo fiscal reasignado por el Ministerio Público en el caso Protek luego de analizar el incidente de recusación promovido contra la fiscal María Teresa Ruiz Díaz que fue recusada por imputar de manera irregular, según la Fiscalía, a los directivos de la empresa y solicitar su prisión preventiva.
López llevará el caso de la muerte del joven Mauricio Benítez, de 22 años de edad, el pasado 15 de junio, en la zona de Puerto Botánico de Asunción.
En la causa están procesados los guardias Óscar Tomás Blanco por transgresión a la Ley de Armas y Julián Benítez, por homicidio doloso. El primero tiene arresto domiciliario, mientras que el segundo cumple prisión preventiva en Emboscada.
Asimismo, se rechazó la recusación promovida por Blanco en contra de la agente fiscal María Teresa Ruiz Díaz.
También fueron imputados por violación a la Ley de Armas los directivos de la firma, Luis Fernando Fretes Schinini, director general y José Joaquín Castillo Samaniego, gerente. No obstante, aún no se les impuso medidas debido a que el juez también había sido recusado y luego se inhibió.
El hecho ocurrió el jueves 15 de junio, cuando la hermana de Mauricio Benítez, de 22 años de edad solicitó a la firma Protek que encontrara su vehículo que había sido llevado por su hermano.
El vehículo fue localizado en Luque y la persecución terminó en la zona de Puerto Botánico de Asunción, donde uno de los guardias disparó y mató al conductor.
Julián Benítez fue quien lo hizo, mientras que Óscar Tomás Blanco delimitó el perímetro. Ambos estaban habilitados para la tenencia de armas, pero no para portarlas.
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Detienen a un microtraficante en Loma Plata, Chaco
Una comitiva fiscal y policial realizó el allanamiento de una casa en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, Chaco, donde se incautaron del poder de una persona varios gramos de cocaína que estaban para ser distribuidos en la zona. Asimismo, se incautó dinero en efectivo que ya fue producto de la venta de la sustancia prohibida.
El fiscal que encabezó el procedimiento fue Andrés Arriola, quien ordenó la detención de Víctor Matías Riveros, quien asumió ser dueño de la sustancia incautada en la zona del Chaco. El representante del Ministerio Público convocó a una audiencia indagatoria donde el detenido deberá brindar su versión sobre la investigación.
De acuerdo a la información de los investigadores, el detenido formaría parte de una estructura que se dedica al microtráfico de cocaína en el departamento de Boquerón. Con la aprehensión de Riveros se desarticula una red importante de distribución de cocaína en Loma Plata y el departamento de Boquerón.
Una vez que sea imputado el detenido, el mismo tendrá que ser convocado por un juzgado penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el detenido será trasladado a una penitenciaria de nuestro país.
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Otro caso
En mayo de este año el fiscal antidrogas de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola y los agentes especiales de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de una persona que hacía delibery de cocaína a bordo de un automóvil. El detenido fue identificado como Alfredo Omar Pereira Rojas, quien fue imputado por tenencia de sustancia prohibida de estupefacientes y a su vez se pidió su prisión preventiva.
De acuerdo al presente caso, el fiscal tomó conocimiento del supuesto hecho el día 25 de mayo del 2024 siendo las 22:15, a raíz de una llamada telefónica por parte del jefe de la Regional 11 - SENAD Filadelfia, quien comunicó que personal del departamento de Control de la Dirección Nacional Antidrogas Regional Nº 11 Senad se encontraba realizando una patrulla preventiva por la ciudad.
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Fiscales de Paraguay y Colombia definen hoja de ruta para seguir investigando asesinato de Pecci
Bajo la coordinación del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer y su colega de Colombia, Adriana Mercado, se reunieron por medio virtual los equipos técnicos y equipos fiscales de Paraguay y Colombia para definir la hoja de ruta y la programación de las negociaciones operativas vinculadas al Equipo Conjunto de Investigación (ECI) del crimen del ex fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini.
La reunión técnica surge como derivación de la reunión entre los fiscales generales de Paraguay y Colombia, desarrollada (por medios virtuales) el pasado martes 10 de setiembre, oportunidad en la que los titulares de ambos entes definieron las prioridades investigativas e instruyeron a sus fiscales la decisión de avanzar en la creación del ECI.
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Los técnicos y los fiscales de ambas instituciones intercambiaron informaciones y consultas sobre cada una de las cláusulas del instrumento de cooperación técnica del ECI, y acordaron los términos preliminares y las pautas de funcionamiento del Equipo Conjunto. Además, acordaron la metodología de trabajo, la agenda programática y otros detalles vinculantes para el cierre del acuerdo internacional.
La próxima reunión técnica operativa fue fijada para el próximo viernes 20 de septiembre, en donde ya podrán definir las pautas finales para la firma bilateral del ECI.
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