La gerente de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Teodora Recalde de Spinzi, mencionó que la obtención del grado de inversión por parte de Paraguay es una clara señal de confianza en la estabilidad y sostenibilidad de la gestión financiera del país, lo cual fortalece su estrategia de desarrollo sostenible. Lo dijo en el marco del 51.° Seminario Internacional de Presupuesto Público, que se desarrolla en Buenos Aires desde el martes hasta ayer, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Recalde fue parte de la conferencia “Desafíos para la gestión presupuestaria para mejorar la inversión pública en América Latina y el Caribe y la experiencia de los países de la OCDE”, ocasión en la que resaltó que la obtención del grado de inversión es resultado de un esfuerzo sostenido por mejorar la eficiencia y transparencia en la administración pública.
“Este no es solo un reconocimiento, sino una oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo responsable y equitativo en el largo plazo”, dijo. Al tiempo de remarcar el impulso en la inversión pública, en sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud y tecnología, que no solo elevan la calidad de vida de los ciudadanos, sino también potencian la economía y reducen las brechas sociales.
En su ponencia, la funcionaria expuso los avances de Paraguay en el contexto de las inversiones, mediante herramientas y reformas para mejorar la eficiencia como el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan 2050, que guiarán las prioridades estratégicas de la nación. Reconoció que persisten desafíos, como el fortalecimiento del monitoreo de proyectos y la implementación de evaluaciones para la toma de decisiones.
Así también el Presupuesto por Resultados (PpR) y una nueva estructura presupuestaria, que permiten una asignación de recursos más efectiva, la Ley n.º 6380/19 de Modernización del Sistema Tributario Nacional, y la Ley de Suministros y Compras Públicas de 2022, que impulsan el uso de tecnologías digitales para mejorar la trazabilidad de los proyectos.