Luego de que gremios de trabajadores cues­tionaran que con el reajuste del salario mínimo también se remarcan los pre­cios de la canasta, desde la Cámara Paraguaya de Super­mercados (Capasu) recorda­ron que la suba de la remune­ración básica solo afecta al 17 % de la población asalariada (282.000 trabajadores) y no tendrá mayor impacto en los valores de la canasta básica.

Tras la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), se confirmó que se pedirá al Poder Ejecutivo el reajuste del salario mínimo en G. 117.936, por lo que la remu­neración básica ascenderá a G. 2.798.309 mensuales, una vez que el dictamen sea aprobado por el Gobierno. Ante la pre­ocupación de que el reajuste afecte directamente los pre­cios de la canasta y genere una remarcación general de pre­cios, desde Capasu reiteraron que no se esperan “mayores aumentos”.

“No se trata de algo directa­mente proporcional. El reajuste del salario beneficia solo al casi 20 % de la población asalariada. (Los precios) dependen más del costo y el margen que pueda tener cada proveedor”, señaló Joaquín González a la 650 AM. En este sentido, desde Capasu recordaron que la remarcación también afecta al volumen de venta, por lo que no beneficia a ninguna de las partes.

“Nadie puede ajustar dema­siado los precios porque final­mente mucho no se vende. Es imposible que por un reajuste del 4,4 % cambie la ecuación. Actualmente, no vemos una excesiva presión inflaciona­ria (que afecte a la canasta básica)”, recalcó el titular de Capasu. En Paraguay, el sala­rio mínimo se reajusta de manera anual desde 2016. La consideración del reajuste es efectuada por el Poder Ejecu­tivo, con la propuesta del Cona­sam, con base en la variación interanual del IPC o la infla­ción y su impacto en la econo­mía nacional. El vigente sala­rio mínimo de G. 2.680.373 fue aprobado en junio de 2023 y puesto en vigencia desde julio del mismo año.

Los propietarios de supermer­cados exteriorizaron su preo­cupación por la proliferación de descuidistas en los locales de abastecimiento y lamen­taron que desde la Fiscalía no se den seguimiento a los casos denunciados inclusive con pruebas captadas por las cámaras de seguridad.

Joaquín González, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), lamentó que tanto clien­tes como empleados estén expuestos a la inseguridad y que pese a que los delincuen­tes son detenidos por la Poli­cía, unas horas más tarde son liberados nuevamente por los fiscales intervinientes.

“Algunas cadenas implemen­tan algún mecanismo de con­trol más tecnológico como la biometría. Pero en general lo que nos pasa como gre­mio a muchos supermerca­dos es que todo lo que tenga que ver con la Policía trabaja muy bien, le agarra a los delin­cuentes y finalmente la Fisca­lía es la que no toma medidas”, señaló a C9N.