La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), junto con el Ministerio Público, realizó cinco allanamientos para desmantelar un importante esquema de producción de facturas falsas. El grupo, que operaba en el departamento de Alto Paraná, generó más de 26 millones de facturas por más de G. 527.000 millones.
Desde la DNIT informaron que en coordinación con el Ministerio Público lograron desbaratar un esquema dedicado a la inscripción irregular de contribuyentes y la producción de facturas de contenido falso. Estos trabajos se dan en el marco de la lucha contra la evasión que viene realizando la dirección en los últimos meses.
Como resultado de la denuncia presentada por la DNIT, la Fiscalía dispuso la realización de cinco allanamientos en el departamento de Alto Paraná. El esquema estaba conformado por contadores, funcionarios desleales e imprentas que trabajan en conjunto para la producción de las facturas de contenido falso.
Según las informaciones, en total el esquema generó más de 26 millones de facturas y más de 1.400 contribuyentes han informado haber utilizado estas facturas por más de G. 527.000 millones. Entre los contribuyentes inscriptos se encuentran personas de escasos recursos, personas en situación de calle e incluso personas fallecidas, quienes, presumen, fueron engañadas para la obtención de sus documentos de identidad durante la pandemia.
El director de la DNIT, Óscar Orué, había anunciado al inicio de esta semana la realización de este procedimiento de manera a seguir disminuyendo la evasión y aumentando la sensación de riesgo en los contribuyentes de manera que prefieran cumplir sus obligaciones tributarias antes que exponerse a sanciones que pueden llegar hasta el 300 % de la cantidad evadida.
Desde la institución recuerdan que ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con los asesores al (021) 419-7000 o mediante un formulario en la página web. Durante los últimos meses ya se realizaron varios allanamientos que derivaron en el quiebre de estos esquemas que generan un gran perjuicio al Estado.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
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Fiscalía formula nueva imputación contra Miguel Prieto y otros 12 funcionarios municipales
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez formularon acta de imputación contra el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, además de otras 12 personas más que son altos funcionarios de la administración municipal actual. Según la investigación del Ministerio Público, el intendente Prieto habría encabezado un esquema creado para el desvío de recursos de la comuna esteña.
Esta es una nueva imputación fiscal contra el jefe comunal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por el supuesto hecho de haber despilfarrando unos 306.188.500 guaraníes. De acuerdo al acta de imputación, el intendente Prieto, como ordenador de gastos, en complicidad con funcionarios de la institución que ocupan altos cargos directivos, habrían promovido una licitación por vía de la excepción para adquirir insumos para fabricar panificados que servirían a familias de escasos recursos golpeadas por la pandemia de la covid-19, entre los meses de marzo a junio del 2020.
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Al respecto, los investigadores señalan que de acuerdo a los elementos recabados, dan indicios de que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado, con el objetivo de favorecer a una estructura jurídica que pertenecería al intendente Miguel Prieto, identificado con el nombre de “Tajy Servicios Generales”. Mencionan además que si bien se efectuó el pago en junio del 2020, fue por productos inexistentes que nunca fueron entregados.
Junto al intendente de Ciudad del Este, también han sido imputados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, ambos en calidad de coautores. Además fueron imputados por asociación criminal en calidad de cómplices los ciudadanos Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richar Ayala Ávalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhart, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Finalmente, el Ministerio Público solicita al juzgado la aplicación de medidas cautelares reales como la fijación de una fianza sobre todos los imputados; la inhabilitación general para enajenar o gravar bienes; aplicar embargos preventivos de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero y cooperativos a nombre de los imputados.
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Fideicomiso: importante instrumento financiero
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
La previsión financiera se constituye en una de las mejores decisiones que permiten la salvaguarda del patrimonio no solo de las familias, sino también de las empresas, siendo el fideicomiso uno de los instrumentos financieros que permiten facilitar de buena forma el manejo y la conservación del patrimonio, a través de la transmisión de activos a un tercero bajo la conformación de un patrimonio autónomo inembargable.
Dentro de su contexto resaltan elementos primarios a saber:
Fideicomitente: es la persona que transfiere dinero, inmuebles, negocios u otros bienes de valor, definiéndose por acto jurídico los plazos, obligaciones y derechos de los beneficiarios.
Fideicomisario: persona que recibe los recursos para los fines establecidos dentro del contrato, en función a los términos y condiciones establecidas.
Entidad fiduciaria: entidad que capta, custodia, administra o invierte los activos y hará entrega de los bienes que engloba el fideicomiso al fideicomisario, conforme lo estipulan los términos de la escritura pública.
El fiduciario deberá ser una entidad financiera que opera dentro de nuestro mercado u otra empresa fiduciaria, debidamente aprobada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Dentro del campo empresarial, los fideicomisos más utilizados son los de planeación patrimonial, orientados a la obtención de un crédito, dejando, por ejemplo, como garantía un bien inmueble u otros tipos de activos (acciones, bonos, etcétera), que pasan automáticamente a formar parte de un patrimonio autónomo.
Permite una protección legal y fidelidad en el cumplimiento, que se lleva a cabo a través de la formalización de un contrato con validez fiscal y legal, conteniendo dentro de su contexto condiciones explícitas, y bien clarificadas, previamente acordadas por las partes intervinientes.
Es una figura jurídica que permite transparencia en el manejo del patrimonio, cuyos términos y condiciones se rige por la ley de negocios fiduciarios englobando todos los derechos y obligaciones de las partes intervinientes.
Las operaciones deberán estar respaldadas por instituciones financieras especializadas que ofrezcan confiabilidad y experiencia en la administración de los bienes fideicomitidos.
El contrato deberá establecer claramente los bienes cedidos, la duración del plazo y otros aspectos que otorguen el respaldo y tranquilidad necesarios a los beneficiarios o acreedores.
El fideicomiso permite poder resguardar convenientemente los activos. Todos los que pasan a formar parte del patrimonio autónomo, la responsabilidad de su administración queda a cargo de la entidad debidamente aprobada por el BCP y que debe ser una institución financiera.
Permite definir un plan de tal forma a que los activos sigan generando renta durante el periodo de vigencia del mismo. La entidad que actúa de fiduciario tiene derecho a percibir una retribución por los servicios prestados.
Una de las características y ventajas de la fiducia se refiere a que los bienes incluidos dentro del patrimonio autónomo no podrán ser alcanzados por acreedores de ninguna de las partes, pues se vuelven inembargables, debido a que quedan afuera de cualquier acción judicial.
Son varios los tipos de fideicomisos que podrán ser constituidos, según las características y finalidad de cada uno, debiendo tener un objetivo claro y específico.
Hace algunos días saltaron al tapete algunos fideicomisos de administración instrumentados por el Instituto de Previsión Social (IPS), para propósitos específicos, pero que finalmente según las denuncias y auditorías realizadas, los bienes fideicomitidos fueron destinados a fines distintos. Se dividen en dos grandes grupos fideicomisos financieros y no financieros.
Se mencionan también a los fideicomisos inmobiliarios, agropecuarios, para educación entre otros, cada uno de ellos con fines y propósitos específicos. Al no ser el fideicomiso una figura societaria, sino un contrato, deberá constituirse por escritura pública.
Los que deseen interiorizarse en mayor profundidad y detalle podrán referirse a la Ley de Negocios Fiduciarios 921/96, que rige las normativas jurídicas de su funcionamiento y cumplimiento a nivel global y que están vigentes.
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Venta de cargos: detienen al coordinador de servicios del IPS
Un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrado en el esquema de venta de cargos, se acercó a la Comisaría 3ª. de Luque para denunciar el extravío de su celular y quedó preso. Al cargar los datos al sistema, saltó la orden de captura por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y estafa, por lo que se procedió a la detención.
El hombre fue identificado como José Genaro Santacruz Frutos (50), quien se desempeñaba como coordinador de la Dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central del IPS, según confirmó la abogada Alicia Olazar, responsable del departamento de Asuntos Penales.
“El día sábado se produjo la detención, él así como muchas otras personas más está siendo investigado en el marco de la causa que tiene la fiscal Sandra Ledesma”, señaló al canal GEN-Nación Media durante el programa “Así son las cosas”.
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Investigación paralela
Recordó que la auditoria interna también lleva adelante una investigación paralelamente al proceso judicial. Las evidencias documentales relacionadas a la participación de Santacruz ya obraba en poder del Ministerio Público.
“Estas evidencias fueron anexadas a la carpeta fiscal por la dirección jurídica en la semana pasada y la Fiscalía encontró suficientes elementos como para ordenar el día sábado su detención”, refirió.
Con respecto al rol que cumplía la citada persona, Olazar detalló que estaba a su cargo la gestión de los laboratorios y las farmacias que operan dentro del Hospital Central.
Durante las pericias se recabaron datos del correo electrónico, donde precisamente se demuestra que hubo un intercambio de mensajes con las personas que ya están imputadas. Específicamente, se encontró un nexo con Zulma Villalba, quien es la persona que actualmente tiene más caudal probatorio en su contra en la carpeta fiscal. Santacruz es un funcionario nombrado con muchos años de antigüedad en el IPS, según los datos.
La abogada adelantó que están en la mira otros funcionarios y desde el instituto se siguen aportando más evidencias colectadas a través de denuncias hechas ante la asesoría jurídica. “Nos traen fotos, documentos, testimoniales y sigue la investigación. Mucho detalle no puedo dar para no entorpecer la investigación”, aseveró.
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