Con la participación de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, el viernes se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía en la ciudad de Buenos Aires, Argen­tina. Durante la intervención de los países afectados, el Gobierno argentino reconoció que hasta hoy no se pudo justifi­car el cobro de la tarifa del peaje por motivos de dragado, acción que llevó a los demás Gobiernos a plantear otra instancia para llegar a un acuerdo.

Luego de 8 meses de trata­miento de la cuestión del peaje, que todos consideran como improcedente, dis­criminatorio e ilegal, y tras haber dado a Argentina un amplio margen de tiempo para que fundamente el cobro, llegaron al acuerdo de dar por finalizada la labor técnica y elevar la discusión al nivel del Comité Intergu­bernamental de la Hidrovía (CIH), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argentina se opuso a este procedimiento asegurando que debe continuar en la instancia técnica, aparte de sostener que no suspen­derán el cobro hasta que el problema se solucione, un pedido reiterativo por los países afectados.

La justificación que puso sobre la mesa el Gobierno argentino fue que el cobro se ejecutó en razón de servicios de señali­zación, cambio de trazas cons­tantes y un Sistema de Iden­tificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés), que permite conocer en tiempo real el posicionamiento de las embarcaciones y la navegación nocturna en dicho tramo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el viceministro de Relacio­nes Económicas e Integra­ción de la Cancillería, Enri­que Franco, precisó que este proceso ya se está “alargando demasiado” y que el daño oca­sionado al sector privado flu­vial crece.

También aclaró que ante la imposibilidad de seguir tran­sitando por el tramo, por la falta de pago de las facturas ya emitidas, no existe riesgo de que las embarcaciones que­den retenidas debido a que en la comisión se había decidido no aplicar esto hasta tanto se resuelva el problema.