La cadena de tiendas de proximidad Superseis Express lanzó desde el 14 de enero al 28 de febrero una promoción exclusiva denominada “Mini vibes” que permitió a todos los clientes participar a través de sus compras y tener la posibilidad de ganarse un automóvil 0 km Mini Hatch Cooper SE 2023 100% eléctrico. Liz Fátima Reyes Agüero fue la cliente ganadora, la mecánica de la promoción “Mini vibes” consistía en acumular oportunidades a través de cupones generados por la compra de cualquiera de los productos de marcas que sumaban puntos.
El sorteo se llevó a cabo el pasado miércoles 1 de marzo, y la ceremonia de entrega se dio en la noche del viernes 3 de marzo en el local Superseis Express de la Avda. Primer Presidente. Todos los clientes interesados en conocer más detalles sobre lo que ha sido esta promoción y las marcas adheridas, además de otras ofertas y novedades de Superseis Express pueden obtener más información a través de las redes sociales de Superseis.
Superseis Express cuenta ya con 8 locales en todo el país, 5 de ellos en puntos estratégicos de la ciudad de Asunción, 2 de ellos en la ciudad de San Bernardino, y 1 en la ciudad de Coronel Oviedo. En este proyecto, son los jóvenes quienes ocupan el 90% de las posiciones ya que la compañía se enfoca en seguir impulsando la economía a través de la generación de empleo formal. Retail SA tiene como eje principal la generación de fuentes de trabajo y oportunidades para todos: colaboradores directos, indirectos, así como las pymes de la industria nacional, permitiendo de esta manera seguir impulsando la generación de fuentes laborales formales y dignas que hoy ya posicionan a la compañía como el mayor empleador formal del país y la generación de oportunidades para la incorporación de más productos de la industria nacional.
Este nuevo formato presenta una puesta en escena diferenciada con atributos novedosos en su layout, un local con acceso a wifi gratuito y un espacio para carga de dispositivos, además de las marcas exclusivas de la cadena: Freddo, El Corte Inglés, Hershey’s, Cuétara, Aceites Ybarra, entre otros. Estas novedades se complementan con los clásicos de la cadena: alimentos frescos, el Fresh Market con frutas y verduras frescas, Sushi mixes listos para el consumo inmediato, menús keto y ensaladas frescas del Green Chef, jugos naturales, panificados de producción propia y toda una nueva línea de alimentos “Ready To Eat”.
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Se entregó el hijo del presunto financista del asalto a casa de cambios en Asunción
La Policía Nacional logró frustrar la huida de Julio César Chiovetta Oviedo, quien sería el presunto organizador del asalto a la casa de cambios en Asunción, durante su detención indicó que su hijo se entregaría. Tal como lo anunció, hoy martes, el joven de 23 años se entregó y afirmó que temen por su vida.
Se trata de Brian Chiovetta, hijo del hombre que fue detenido ayer lunes en la ciudad de Capiatá, que se entregó a las autoridades policiales hace unas horas. Se presume que César Chiovetta sería el organizador del asalto a la casa de cambios Fénix Exchange en Villamorra.
Según el comisario César Diarte, jefe del Departamento de Investigaciones, César fue contratado para organizar el golpe al local. “Le dijeron que el dinero multimillonario depositado en el local, era de un estanciero que había vendido su inmueble”, manifestó en entrevista con la 650 AM.
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Resaltó que tienen miedo del dueño de la plata robada porque aparentemente existe una orden de ejecución de todos los implicados en el asalto e incluso de sus familiares. “Se nota que siente mucho miedo, se mostró abierto a colaborar dando datos. Aparentemente, recibió amenazas del grupo que sería dueño del dinero sustraído”, confirmó.
El padre intentó excluir a su hijo del atraco, pero los investigadores cuentan con imágenes claras de que Brian estaba entre los delincuentes. “Tras su dentición, Chiovetta remarcó que su hijo se iba a entregar a las autoridades policiales, con el fin de enfrentar las acusaciones”, puntualizó.
Los investigadores presumen que Julio César Chiovetta y su hijo Brian financiaron el robo ocurrido el pasado 18 de junio contra la casa de cambios ubicada en pleno barrio Villamorra de Asunción, además, alquilaron una vivienda en Fernando de la Mora, utilizada por los delincuentes como refugio.
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Ande hace mejoras en servicio eléctrico
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) anunció que alrededor de 8.000 clientes de los municipios de Santa Rosa del Aguaray y Karapa’i, en el departamento de San Pedro, se beneficiarán con una mejora en la calidad del servicio eléctrico, gracias al mantenimiento integral de líneas de 23.000 voltios que se está llevando a cabo en la zona.
Para el efecto, 55 funcionarios distribuidos en 13 cuadrillas de Ande y empresas contratistas están realizando el cambio de crucetas y aisladores averiados, así como la reparación de conductores deshilachados, entre otras tareas detectadas previamente con la utilización del aplicativo SIM MT.
Este aplicativo permite georreferenciar los posibles puntos de mantenimiento, con lo cual se logra una mayor eficiencia y agilidad en la ejecución de los trabajos, según el reporte de la empresa estatal.
Estas tareas están a cargo de la sección de Atención al Cliente Santa Rosa del Aguaray y empresas contratistas, con el fin de brindar un servicio eléctrico de mayor calidad y continuidad a la ciudadanía del departamento de San Pedro.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
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¿Un gran negocio o un riesgo para el sistema eléctrico?
La criptominería ilegal provoca pérdidas por 40 millones de dólares anuales, en tanto que la legal deja en las arcas nacionales unos 150 millones de la moneda americana. Ante ese cuadro, legisladores estudian un proyecto para suspender por 180 días la actividad de las granjas de criptomonedas instaladas en el país y la prohibición de instalar nuevos equipamientos de este tipo.
- Por Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Fotos Gentileza
El próximo martes 23 de abril a partir de la 9:00 en la sala de sesiones del Congreso se realizará la audiencia pública para analizar los alcances del proyecto de ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”. Los proyectistas fundaron la iniciativa en las millonarias pérdidas en dólares que ocasionan las operadoras ilegales y en que las conexiones clandestinas de las granjas de criptomonedas son una de las causas principales de los cortes de energía eléctrica en distintas localidades del país, principalmente en Alto Paraná, que es el centro geográfico de este tipo de operaciones.
El senador Colym Soroka (ANR) apuntó en la sesión del 10 de abril pasado: “Creo que la criptominería es un gran negocio. Apuntamos a que este buen negocio sea para todos los paraguayos y no para un sector. Tenemos el caso de una empresa que hizo un amparo ante la Corte Suprema y que hace 20 años está trabajando con ese amparo, no tiene una readecuación de su tarifa hace 20 años, mientras que los pobres ven aumentar las suyas año a año”.
SANCIONES Y NEGOCIOS
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) contó a La Nación/Nación Media que se avanza en los proyectos normativos para sancionar la criptominería ilegal y que el punto central estará en la posibilidad de que “toda la infraestructura que se intervenga sea decomisada a favor de la Ande (Administración Nacional de Electricidad)”. El legislador considera que la criptominería “es una oportunidad para el Estado paraguayo. El tema es simple. Brasil nos paga 10 dólares por cada megawatt hora (MW/h) de excedente de energía, en cambio las cripto pagan 40 dólares más el IVA y llegan a pagar hasta 50 dólares. Entonces hablamos de cuatro a cinco veces más”.
DATOS DE UN FENÓMENO
El Gobierno tiene habilitado un registro para todas las empresas de criptominería bitcoin, las cuales también deben recibir autorización por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Son unas 50 empresas, de las cuales cinco son grandes que dejan en las arcas de la Ande unos 150 millones de dólares más IVA por año. Estas empresas tienen establecido en el contrato que deben desconectarse automáticamente en horarios de consumo pico y también deben pagar al inicio de sus operaciones tres meses por adelantado como una especie de póliza de seguro.
Vale decir que esta disponibilidad de energía a bajo costo atrajo a gigantes del espacio cripto como Marathon Digital y Sazmining, por citar ejemplos.
El sitio especializado Sherlock Communications destacó el excedente de 5.500 MW de Itaipú, los costos energéticos constantes y la previsibilidad de Paraguay al describir el fenómeno de la instalación de granjas en el país.
En el reporte comentó que “Bitfarms, por ejemplo, comenzó su incursión en enero de 2023 con una instalación de 10 MW, mientras que Commons Foundation consolidó su presencia al asegurar 100 MW. Sazmining, a pesar de su lanzamiento de una operación de 5 MW, ahora enfrenta desafíos debido a cortes de energía”.
Se agregó a su vez que Bitfarms adquirió terrenos 100 MW en Iguazú, mientras que Penguin Infrastructure está en camino de aumentar sus instalaciones de minería de bitcoin después de firmar un acuerdo con Marathon Digital. Pero más allá de las grandes empresas, el informe afirmó que existe una comunidad cripto emergiendo en Paraguay. Como ejemplo de esta consolidación vale mencionar la realización de la tercera edición del Crypto Summit (Encuentro Cripto) del Sur el 20 de febrero pasado en las instalaciones del Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este.
BAJO PRECIO
Unos 50 dólares por MW/h es el precio de referencia para estas empresas, aunque según otras voces deberían abonar entre 75 y 85 dólares por MW/h como mínimo. Así lo expresaron la campaña Itaipú Causa Nacional, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la campaña Itaipú es También Soberanía en una nota que presentaron ante la Contraloría a la que adjuntaron un estudio de 16 páginas sobre el impacto de la criptominería en las finanzas y la infraestructura de la empresa energética nacional.
“Estas empresas están vaciando la Ande y provocando una sobrecarga en el sistema eléctrico que perjudica con cortes de luz y distorsiones en la tensión, factor de potencia y calidad del servicio eléctrico. Las pérdidas para la Ande hoy ya están en torno a 200 millones de dólares/año, causadas solamente con las criptomineras ‘legales’, por lo que las cifras totales son mucho mayores y podrían alcanzar hasta 1.800 millones de dólares/año”, expusieron en la presentación.
Entre tanto, desde finales de 2022 la Ande viene luchando contra las operaciones ilegales estimando en unos 500.000 dólares mensuales las pérdidas que le provoca este hecho.
En lo que va de 2024 se intervinieron 14 granjas ilegales de criptominería que usaban el equivalente a 40 MW. Para dar una idea, Pilar o Villarrica usan 33 MW al mes.
Técnicos de la Ande explicaron que se hace difícil rastrear a las ilegales porque se instalan en zonas con varios alimentadores de distribución, donde hay radicadas industrias o agroindustrias de gran consumo para pasar desapercibidas.
CUIDADO CON LAS ELECTROINTENSIVAS
Para Mercedes Canese, ingeniera especialista en electricidad, “Paraguay tiene algo que muy pocos países tienen, que es un excedente hidroeléctrico muy importante. Figura todavía como el tercer exportador mundial de electricidad y es el primero si hablamos de energía renovable”.
“Además, no solamente eso, tiene tierra fértil, tiene agua dulce, tiene una población joven y trabajadora. Entonces, deberíamos elegir qué tipo de inversiones se quieren no solamente por las necesidades actuales o el potencial actual, sino también pensando en el futuro”, agregó.
“Estas electrointensivas tienen una mínima generación de empleo constituyendo un tipo de inversión de tipo extractivista”, señaló citando otros ejemplos como la propuesta de instalación de una planta de aluminio, pero también “los servicios digitales como la criptominería, token, data centers y otras. El hidrógeno verde también entra en ese campo”.
Canese apuntó que la instalación de este tipo de empresas “no se diferencia de exportar la energía a Brasil y a Argentina como estamos haciendo hoy. Es inclusive peor que eso porque ni siquiera cubren los costos. Brasil y Argentina nos pagan un precio miserable por nuestra energía, pero cubre el costo y nos dejan un pequeño beneficio que es la compensación por cesión de energía que es la que financia muchos programas sociales”.
A más de ello, advirtió que si se da luz verde a las electrointensivas dentro de muy poco tiempo nuestro país consumirá toda su energía excedente. En este sentido, estudios técnicos dan cuenta de que Paraguay alcanzaría a consumir toda su energía, siguiendo el ritmo que tiene hoy, recién en 2042.
En cambio, con la incorporación rápida de criptomineras ese lapso se reduciría dramáticamente y para 2030 ya no se tendrían excedentes energéticos.
“UNA GRAN HERRAMIENTA”
Para Patrick Wenger, especialista paraguayo en criptomonedas, no sería buena la prohibición de la minería de criptomonedas. “Si se hace de manera legal y correcta, puede ser muy beneficiosa para la Ande y el país, siendo una herramienta para promover las inversiones extranjeras en el área de la tecnología”.
Este ingeniero empresarial con especializaciones en Suiza y Alemania consideró que “la energía ociosa, que abunda en Paraguay, es cedida al Brasil por un precio insignificante. Esta podría ser utilizada por los mineros que consumen el 100 % de la energía solicitada las 24 horas del día pagando una tarifa mayor de la que nos paga Brasil. Básicamente los mineros podrían ser uno de los mejores clientes de la Ande, siempre y cuando se mantengan las tarifas mineras actuales y no haya incrementos excesivos que los ahuyenten”.
El coautor del libro “Finanzas descentralizadas. De conceptos centrales a protocolos de finanzas descentralizadas para transacciones financieras” recordó que “la blockchain de bitcoin tiene un sistema deflacionario que disminuye la capacidad de creación de nuevos bitcoins cada cuatro años. Se estima que el último bitcoin será creado en el año 2140, lo que demuestra que aún le queda mucho por recorrer a la industria minera”.
Contra el argumento de que son inversiones que no generan trabajo, expuso que “la ingeniería necesaria para modelar una granja de minería es sumamente compleja. Esto requiere mano de obra altamente capacitada, lo cual genera puestos de trabajo directamente para la gente que opera las granjas e indirectamente para la gente que construye y diseña las granjas”, concluyó.
ACTUALIZAR MARCO LEGAL
Para Carmen Arias Rodríguez, abogada y magíster en Energía, “hace falta una revisión del marco legal que rige el sector eléctrico paraguayo y la política energética. Nuestro marco legal no crece a la par de los nuevos escenarios energéticos que tenemos a nivel nacional, regional y mundial”, apuntó.
Así, recordó que la ley que rige el sector eléctrico paraguayo es la Carta Orgánica de la Ande de 1964, que “tuvo una sola modificación en el 82 y nunca más se la tocó. También hay leyes que de repente se contraponen otra vez con esa misma Carta Orgánica. Entonces es bastante complicado trabajar dentro del sector eléctrico con una ley que rige de manera heterogénea absolutamente todo”.
Sobre la sanción a las granjas de criptominería ilegales, indicó que existe el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, que implica la intervención del Ministerio Público y un proceso penal.
Para la especialista se necesita una mesa interinstitucional integrada por el MIC, el Viceministerio de Minas de Energía, la Ande y las binacionales para abordar la situación de manera inmediata porque es algo que está candente y requiere rápida solución.
ENDURECER SANCIONES
Para Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), “tienen que haber sanciones más duras para la criptominería ilegal, pero no estamos muy de acuerdo con que se prohíba, porque esto va a recrudecer el problema y puede terminar haciendo que haya más conexiones clandestinas”, advirtió.
Comentó que a su parecer lo importante es “que no se les deje la cancha muy libre. Ahora pasa que van los compañeros, hacen la intervención, pero no se les quita los equipos, nada no se incauta”, indicó. “Son muchísimas las granjas y corre mucho dinero, aceitan hasta a los fiscales”, denunció. “No existe una consecuencia al hecho de robar energía, consiguen que no se te lleve nada y se dejen los aparatos y se mudan nomás a otro lugar a seguir haciendo lo suyo”, agregó.
Según relató, las granjas no solamente se instalan en las ciudades, sino que brotan incluso en zonas alejadas causando perjuicios a la vecindad por la cantidad de carga que tienen.
“Usan equipos de refrigeración en gran cantidad y las 24 horas y es enorme. En casi todas las intervenciones que se hacen se encuentran transformadores de 3.000 a 4.000 kW. Imaginen que uno de 200 kW alimenta a todo un barrio, así que uno de 4.000 es casi para un pueblito, entonces se resienten las líneas, perjudica mucho”, explicó. Villalba recordó el impacto que provoca el consumo intensivo de las criptomineras en alimentadores y cables al punto de que incluso esto obligó a la Ande a anticipar sus cronogramas de reemplazo de estos elementos.
“La prohibición provocará algo parecido al narcotráfico, no se va a atajar, solo se va a criminalizar y me parece que le cerrás la puerta a la Ande a que trabaje en un parque en el que se pueda usar el excedente de energía”, expuso.