Paraguay no solo está pasando por una turbulencia económica, a raíz de los vientos externos que golpean a la producción, sino también por una de carácter político, que no duda en jugar sucio, a costa de la estabilidad financiera. Esta vez, el Banco Central del Paraguay (BCP) está en la mira de un sector político del Senado, que convocó a su titular, José Cantero, y a miembros del directorio, para dar explicaciones sobre informes de dos casos protegidos por el llamado secreto bancario o deber de secreto. Esto podría atentar gravemente contra la institucionalidad del BCP.
La estabilidad macroeconómica y financiera que se logró construir durante décadas, y a lo largo de diferentes períodos de gobierno, y la confianza de que se mantendrá como una política de Estado, es uno de los principales activos que tiene el país. El principio fundamental que constituye uno de los pilares de la confianza y desarrollo del sistema financiero es el deber de secreto. Los países serios que desarrollaron un sistema financiero solvente y estable, que permita conformar ahorros de largo plazo y que sea un vehículo que canalice ahorro a inversión, sustentaron la confianza y credibilidad en el sistema a partir del deber de secreto bancario.
La convocatoria del Senado y más específicamente de referentes del Frente Guasu a las autoridades del BCP podría poner en riesgo la credibilidad de la casa matriz, e incluso, podría considerarse el hecho como una amenaza a su institucionalidad, atendiendo al deber de secreto. Ese principio no es más que la obligación que tienen tanto las instituciones financieras como los bancos centrales de proteger la información personal de sus clientes y ciudadanos, respectivamente, y en especial acerca del dinero que depositan en aquellos y la información recabada por la banca matriz en el marco de sus funciones sobre dichos ciudadanos.
