Más de 50 gremios asociados a la Fede­ración de la Produc­ción, la Industria y el Comer­cio (Feprinco) reiteraron ayer, en una conferencia de prensa, su rechazo al proyecto de ley “que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformados por tractocamión y semirremol­que y crea el comité técnico del costo operativo del flete” y condenan la injerencia polí­tica en cuestiones privadas.

La convocatoria fue en la sede de la Unión Industrial Para­guaya (UIP), donde su presi­dente, Enrique Duarte, señaló que no están en contra del derecho a manifestarse, pero sí de la manera en que se rea­liza, a la falta de respeto de los derechos de terceros, pues no es el camino. “Condenamos la injerencia política por encima de las actividades privadas. Los sectores privados siempre hemos trabajado en la metodo­logía de la negociación para lle­gar a acuerdos”, expresó.

Alfredo Fast, de la Federación de Cooperativas de la Produc­ción (Fecoprod), señaló que hay un perjuicio grande al sec­tor porque están siendo rete­nidos con productos y materias primas de que deben llegar a destinos considerados sensi­bles. “Están siendo retenidos productos alimenticios para animales, productos básicos de la canasta familiar que deben llegar a los mercados locales y otros sectores. El Estado está totalmente ausente y no pode­mos continuar de esta forma”, expresó.

Pedro Galli, titular de la Aso­ciación Rural del Paraguay (ARP), dijo que 80 gremios ya se adhirieron en contra del proyecto de ley que pre­tende fijar el precio del flete. “Será un camino a un des­tino negro, en países veci­nos se ve que los ciudadanos sufren las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus autoridades”, comparó. Dijo que el sector empresa­rial está unido porque pre­tenden atacar el sistema del corazón económico, es jugar con fuego porque se sabe que uno de los pilares del desarro­llo del país es la estabilidad económica. Advirtió que si se avanza en la fijación de pre­cios mediante leyes, se con­ducirá a una inminente infla­ción de 2 dígitos y al fracaso del Gobierno actual.

Instó a llegar a una solución mediante el diálogo y no pre­tender hacerlo vía ley escu­chando solo a una de las par­tes. “Es un tema del ámbito privado, una negociación entre las partes”, subrayó. Mostró su indignación por el polémico audio filtrado del senador luguista Sixto Pereira, quien actúa como líder y arenga a una de las partes para seguir con la medida de presión para conse­guir sus pretensiones, cuando en realidad su función debe ser buscar el bienestar de toda la ciudadanía.

Las movilizaciones y cierres de rutas realizadas por gru­pos y organizaciones que demandan la sanción de una ley que fije el costo opera­tivo y precio del servicio del flete, tienen un impacto muy grave sobre las cade­nas productivas, industria­les y comerciales del país poniendo en riesgo a toda la cadena de suministro de bie­nes de consumo.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) se ve en la necesidad de instar a las autoridades nacionales a hacer cumplir irrestrictamente las disposi­ciones constitucionales y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de perso­nas y el transporte de bienes, señaló el gremio, a través de un comunicado. “Todo ciudadano tiene el derecho constitucionalmente garan­tizado a manifestarse pací­ficamente y con fines lícitos, pero este derecho debe ser ejercido preservando, y sin afectar derechos de terce­ros, el orden público y el bien común”, enfatizó.