Paraguay es el sép­timo país en América Latina con mayor nivel de informalidad en el empleo, con aproxima­damente 50%, que está por encima del promedio de la región y del de los países en desarrollo y emergentes en general. Se destaca que el pro­medio de la década del 2010 fue superior al de la de 1990, según el reciente informe del Banco Mundial (BM), deno­minado “La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas”.

Los factores como las inefi­ciencias del mercado labo­ral, excesivas regulaciones, la corrupción y las grandes desigualdades económicas y sociales crearon un ambiente que permitió que la informali­dad crezca en América Latina, según enfatiza un informe del Banco Mundial.

En la mayoría de los países de la región, la informalidad en el empleo es mayor que la infor­malidad en la producción, lo que refleja una menor pro­ductividad en el sector infor­mal que en el formal, señala el análisis realizado por ana­listas de la consultora Mentu.

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Por su parte, el informe del BM también menciona que las políticas más exitosas para combatir la informali­dad en la región se centraron en la reducción de las cargas fiscales, el fortalecimiento de la aplicación de las normas laborales y la eliminación de los desincentivos al empleo formal. El organismo inter­nacional afirma que la ele­vada informalidad debilita los esfuerzos políticos reali­zados para frenar la propaga­ción del covid-19 e impulsar el crecimiento económico.

Bolivia lidera la región con el mayor nivel de informalidad laboral, seguido de Hondu­ras y Nicaragua. Colombia, Perú y Ecuador continúan la lista, por debajo de Paraguay. En tanto, República Domini­cana, El Salvador y Jamaica completan el top 10 del rán­king, según el organismo internacional.

El estudio menciona tam­bién que en los países emer­gentes, la informalidad labo­ral representa más del 70% del empleo total y equivale a casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese sentido, sostiene que “la magnitud de esta situa­ción reduce la capacidad de estos países de movilizar los recursos fiscales necesarios para apuntalar la economía durante una crisis; llevar a cabo políticas macroeconó­micas eficaces y generar capi­tal humano para el desarrollo a largo plazo”.

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