El Banco Central del Paraguay (BCP) emi­tió un boletín sobre la evaluación regional que el Grupo de Acción Finan­ciera de Latinoamérica (Gafi­lat) realiza a los países de la región, en la cual se profun­dizan los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales. Se trata del boletín Nº 6, que aborda el “Informe de prác­ticas y desafíos de los paí­ses de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales”, emi­tido por Gafilat en abril del 2020. El objetivo es presen­tar las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros, con rela­ción a la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final.

Está dirigido a entes supervi­sados por la Superintenden­cias de Bancos y de Seguro, pues Paraguay, como miem­bro del Grupo de Acción Financiera (Gafi), será eva­luado en este 2021. El BCP y las demás instituciones inte­grantes del Sistema ALA/CFT/FPADM (antilavado de activos; contra la financia­ción del terrorismo; finan­ciamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva) reali­zan esfuerzos para aplicar las recomendaciones y mejo­res prácticas internaciona­les. Para el BCP, prevenir el lavado de activos y combatir al financiamiento del terro­rismo son sinónimos de pre­servar la integridad del orden económico y financiero, por lo que se han esforzado en lograr grandes avances y se comprometieron con las políticas de Estado que ayu­dan a desarmar financiera­mente las operaciones del crimen organizado, que tras­cienden periodos de gobierno e ideologías.

Se plasman los desafíos para los países miembros de Gafi­lat, que se clasifican en 4 eta­pas correlativas, como ser la disponibilidad de beneficia­rio final sobre todos los vehí­culos relevantes, que incluyen los riesgos de las acciones al portador, las definiciones que no incluyen el control efectivo por otros medios, diferentes a la titularidad de acciones; las cadenas de titularidad que terminan en paraísos fiscales, o la falta de sanciones efec­tivas. Así también, la falta de acceso a la información y, en esta etapa, los obstáculos incluyen la falta de digitali­zación o la falta de acceso por parte de todas las autoridades relevantes. En 3er aspecto, la calidad de la información, donde se presentan desafíos sobre la falta de actualización o dificultad para cruzar infor­mación entre diferentes bases del Estado y el uso efectivo de la información, lo que se ve afectado mayoritariamente por la falta de recursos tec­nológicos, presupuestarios y de personal.

En cuanto a la disponibili­dad del beneficiario final (BF), el Gafi y el Foro Global requieren a los países ase­gurar la disponibilidad y el acceso oportuno a informa­ción básica y de BF de perso­nas jurídicas y estructuras jurídicas que sean precisas y actualizadas. Para ello, esta­blecen 3 mecanismos alter­nativos, pero combinables para dar cumplimiento a este requisito en materia de socios o accionistas y BF; el primero de ellos es requerir a las entidades conservar esta información y entre­gársela a las autoridades cuándo sea solicitada deno­minado company approach. El 2º habla de que las auto­ridades obtengan la infor­mación de cualquier fuente existente, ya sean datos de la autoridad fiscal, el regis­tro de la propiedad inmue­ble, un sujeto obligado, etcé­tera; es decir, un enfoque de información existente; y, por último, requerir que la infor­mación esté contenida en un registro.