El gobierno busca alinear la política fiscal con la política social para sostener y fortalecer los programas de asistencia en marcha. En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, con el objetivo de evaluar el avance de los principales programas sociales y su sostenibilidad en el tiempo.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el estado de ejecución de iniciativas prioritarias como el programa Hambre Cero y la pensión para adultos mayores, considerados pilares de la política social actual.

La conversación se centró en asegurar que estos programas cuenten con financiamiento suficiente y una ejecución eficiente, en un escenario donde la disponibilidad de recursos es clave para garantizar su continuidad.

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El MEF tiene un rol determinante en este proceso, ya que es el encargado de administrar los recursos del Estado y definir las prioridades del gasto público. En ese sentido, la coordinación con el MDS resulta fundamental para que los fondos asignados se traduzcan efectivamente en cobertura y resultados en los sectores más vulnerables.

Uno de los puntos centrales abordados fue la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto social. Esto implica no solo asegurar financiamiento, sino también optimizar la implementación de los programas, evitando superposiciones y fortaleciendo los mecanismos de control. El objetivo es que cada guaraní invertido tenga un impacto concreto en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.

Además, el encuentro reflejó la importancia de integrar la política social dentro de la estrategia macroeconómica del país. Los programas sociales requieren estabilidad fiscal para sostenerse en el tiempo, por lo que su planificación debe estar alineada con las metas económicas y las restricciones presupuestarias.

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Orué explicó que esta organización surtía de productos a diferentes comercios y se está trabajando para identificarlos.

Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se ratifica que los productos frutihortícolas incautados en la jornada del viernes ingre­saron al país de contrabando. Además, se informó que la res­ponsable de las mercaderías ya fue individualizada y que se deslindarán las responsabili­dades de las empresas vincu­ladas a través de un sumario, según Óscar Orué, titular de la DNIT.

En conversación con Universo 970 AM y GEN/Nación Media, indicó que la propietaria del cargamento es una “señora extranjera”, sin dar mayores detalles sobre la identidad de la persona. Explicó que esta orga­nización surtía de productos a diferentes comercios y se está trabajando para identificarlos. “Hay que ver realmente eso dentro del proceso de investi­gación, de ver si ellos conocían o no el origen; eso también es algo que normalmente siem­pre las empresas, en este caso, defienden, que supuestamente no saben el origen y ellos com­pran de distribuidores. Enton­ces, vamos a ver si realmente sabían o no sabían (que era con­trabando); eso en el sumario se va a poder determinar”, apuntó sobre las responsabilidades.

La firma Retail SA emitió un comunicado sobre el opera­tivo, debido al hallazgo de cajas con el distintivo de la empresa, señalando que la organización en cuestión no forma parte de la cadena de suministro, pero reconoció una compra puntual del mes de febrero. El director fue consultado al respecto, a lo que respondió: “Es lo que dice Retail; yo no conozco mayo­res detalles, seguramente en el sumario se va a poder deter­minar el nivel de responsabili­dad y todos van a tener el dere­cho a la defensa. Para nosotros no (no hay dudas de que es con­trabando), porque con el correr de los días nadie se presentó a mostrar documentación que respalde”, ratificó Orué.

Con relación a la empresa en cuestión, explicó que está ins­crita como contribuyente y realiza importación y expor­tación de productos frutihor­tícolas. “Ellos querían hacer pasar como si fuera produc­ción nacional, pero no pudie­ron demostrar, porque tam­poco mostraron quiénes eran los productores. Yo supongo que es porque era proveedor de la empresa, del comercio, del supermercado”, dijo Orué sobre la presencia de las cajas con la marca de Retail SA, en el sitio de la incautación. Agregó que, tras el sumario, se designará un juez instructor, quien determinará si incluye en el proceso a la firma del Grupo Vierci, que es matriz de las cadenas Superseis, Stock y Delimarket.

Un operativo anticontrabando intervino una estructura logís­tica en Fernando de la Mora, donde se incautaron miles de kilos de productos frutihortí­colas sin respaldo documental. En el sitio fueron halladas cajas con la razón social de la firma Retail SA, del Grupo Vierci.

El procedimiento fue ejecutado en un depósito ubicado sobre Zavala Cué y Andrés Barrero, en la zona de Acceso Sur, Fer­nando de la Mora. Allí inter­vienen los equipos de la DNIT, Senave y Delitos Económicos, tras un trabajo de inteligencia coordinado entre las institu­ciones.

Entre lo decomisado figuran 7.860 kg de tomate (393 cajas), 4.020 kg de zana­horia (200 bolsas), 36.144 kg de papa (2.008 bolsas) y 5.000 kg de cebolla (250 bolsas). La carga de papa, que supera las 36 toneladas, constituye una de las mayores incautaciones del año en este rubro, según fue con­firmado durante el operativo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, encabezó este lunes la reunión de la mesa directiva con líderes y vicelíderes de bancadas en la que recibieron al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera. En nombre del Ejecutivo reafirmó el compromiso de avanzar en medidas que optimicen el gasto público y regularizar las deudas pendientes del Estado con los distintos sectores.

El secretario de Estado fue convocado por los miembros de la mesa directiva a efectos de que exponga la situación actual de las deudas acumuladas con el sector de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y con proveedores del Ministerio de Salud Pública.

Lovera explicó que mantuvieron reuniones estratégicas con la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y con representantes de gremios de la construcción como la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) para acercar posiciones. El Ejecutivo reconoce el atraso, señalando que la deuda tiene una “larga data” heredada de la gestión anterior.

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Detalló que el sector reclama un total de 300 millones de dólares. De este monto, 200 millones corresponden a certificados de avance de obras al 31 de marzo, mientras que los 100 millones restantes corresponden a intereses generados por el impago de facturas de la administración pasada.

En ese sentido, el titular de la cartera de Estado afirmó que se están realizando reprogramaciones para pagar obras con avance en 2025. Se prevé un flujo de recursos de aproximadamente 150 millones de dólares para los meses de abril y mayo de este año.

Explicó que esta cobertura proviene de la mayor recaudación prevista por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), cuyo vencimiento es en abril, además de expectativas positivas en el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP), con un crecimiento proyectado del 10,6 %. No obstante, advirtió una debilidad en la recaudación aduanera debido al comportamiento del tipo de cambio del dólar.

“Estamos todos enfocados en buscar soluciones y mejorar lo que la ciudadanía reclama, y eso es posible a través del diálogo y la construcción de ideas”, expresaba Lovera ante los legisladores presentes.

Seguidamente, el ministro de Economía y Finanzas expuso que la deuda en este sector es significativamente mayor, alcanzando casi los mil millones de dólares.

Para la estrategia de pago con este sector, se acordó un flujo de pagos de 180 millones de dólares para los meses de abril y mayo. El ministro sostuvo que el MEF propuso la cesión de derechos de cobro.

“Esta herramienta, que se terminará de definir en un plazo de 15 días, permitirá que las empresas con facturas impagas obtengan liquidez inmediata a través del sector financiero”, explicó.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa avanzando con su calendario de pagos y desembolsará en la fecha un total de G. 10.348 millones para honrar compromisos con proveedores del Estado.

El proceso es llevado adelante a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), que se encarga de canalizar las transferencias correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril de 2026. Estos compromisos están financiados con Fuente 10, correspondiente a Recursos del Tesoro.

Desde la cartera económica señalan que los desembolsos se realizan de forma sostenida y conforme al orden de ingreso de las solicitudes, lo que permite mantener previsibilidad en los pagos y brindar mayor certidumbre a los proveedores del Estado.

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Esta dinámica resulta clave para sostener la operatividad de empresas que dependen de contratos públicos, especialmente en sectores vinculados a servicios, infraestructura y provisión de bienes.

El cumplimiento regular de estos compromisos también impacta directamente en la liquidez del sector privado, contribuyendo a la estabilidad de la actividad económica y evitando la acumulación de deudas que puedan afectar la cadena de pagos.

En este sentido, el MEF viene priorizando una gestión ordenada del Tesoro, con el objetivo de garantizar la continuidad de los pagos y fortalecer la confianza en la administración pública.

Para facilitar el acceso a la información, el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el portal institucional del MEF, dentro del apartado de Consulta Ciudadana, en la sección Calendario de Pagos y específicamente en el módulo de Pago a Proveedores.

Esta herramienta permite a los beneficiarios verificar el estado de sus solicitudes y conocer las fechas estimadas de desembolso.

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