El pasado jueves el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) anunció la postergación por un año de la aplicación del Reglamento 1115/2023 con la introducción de enmiendas. En ese sentido, desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) destacaron que ello permitirá consensuar y desarrollar más acabadamente el sistema de trazabilidad para la soja.
Entre los cambios, se destaca la nueva categorización para países con riesgo nulo, cuyos envíos serán excluidos de la norma de referencia, con la reducción de controles y procedimientos simplificados para los operadores de dichos países proveedores.
El Reglamento 1115 había sido aprobado el 31 de mayo del 2023 y debía ser aplicado desde el 1 de enero de 2025, pero fue postergado para el 1 de enero de 2026, según informó el gremio. En ese sentido, la Cappro consideró que esta decisión no tendría que paralizar los trabajos que se vienen realizando hasta la fecha.
“Es una oportunidad para la puesta a punto del sistema de trazabilidad de la cadena de la soja nacional, que se viene desarrollando entre los gremios del sector privado para demostrar las buenas prácticas y la sostenibilidad que caracterizan a la producción agrícola y agroindustrial del país”, mencionaron.
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Sobre la postergación, desde la Unión de Gremios de la Producción, indicaron que existen medidas inviables que constituyen una traba al comercio y no tienen un sustento científico, donde el mayor riesgo se concentra en la exclusión de la agricultura familiar, un eslabón de gran relevancia para el desarrollo socioeconómico de los países sudamericanos, principalmente en Paraguay.
Asimismo, resaltaron la importancia de analizar las distintas implicancias de la aceptación de las medidas a las que vienen calificando como unilaterales. Por eso, mencionaron que nuestro país desde un principio expuso que la normativa sería una amenaza y un freno para el desarrollo, y esto sería el “reflejo de un baño de realidad del continente europeo”.
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