Uno de los aspectos que se abordó durante la capacitación ofrecida para la implementación de las tobilleras electrónicas es lo referente a los requisitos técnicos que permitan acceder a este dispositivo.

El lunes y el martes se realizaron dos jornadas para debatir la Ley 7270/2024, así como el Decreto Reglamentario, el Reglamento Orgánico Funcional del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Sismed), el Protocolo de Implementación del SIMDEC y la Acordada de la Corte Suprema de Justicia.

El director general del Sistema 911, Carlos Hernán Escobar, explicó a La Nación/Nación Media que el taller con los fiscales, jueces y defensores públicos sirvió para conocer todo lo que hace a la implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo que hoy hicimos fue contarles lo que nosotros necesitamos realmente, porque tecnológicamente la tobillera es una solución para que podamos tener un control en tiempo real”, aseguró.

La jornada fue muy productiva debido a que, tanto los fiscales como los jueces y defensores públicos, mostraron interés y estaban interesados en conocer el alcance y cómo puede ayudar esta solución. “Es una herramienta que le va a ayudar a controlar efectivamente la prisión domiciliaria, que es lo que la acordada de la Corte Suprema de Justicia dictaminó, para el uso, en primer lugar, de los casos de violencia intrafamiliar”, explicó Escobar a LN/NM.

Además del dispositivo para la persona beneficiada con la medida alternativa a la prisión, otro estará en manos de la víctima, alertando si el victimario se acerca. Esta misma alerta sonará a las autoridades, permitiendo que se pueda actuar de manera rápida y así proteger a la víctima, explicó.

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Además de los casos de violencia intrafamiliar, también podrán ser beneficiadas personas enfermas que necesiten dejar la prisión y así puedan guardar reclusión en sus respectivos hogares. “Es también para ayudar a la gente a que salga de la prisión, pueda ser reinsertada a la sociedad y tenga que guardar una prisión domiciliaria, nada más. Ya sea de la tercera edad, o que esté enferma, o cosas así. Y serviría como una herramienta para descomprimir las cárceles”, comentó a LN/NM.

Escobar indicó que una de las cosas que más consulta generó durante la capacitación fueron los tiempos, debido a que los magistrados tienen plazos que se deben de respetar, para lo cual, los tiempos son muy importantes. “A ellos (a los jueces) les aprietan mucho los tiempos procesales. Cuando hay un pedido de una revisión, ellos tienen 48 horas para responder”, indicó.

Explicó que, en este caso, el trabajo del defensor es muy importante, ya que, si el recaba la mayor cantidad de información precisa, como, por ejemplo, lugar exacto donde guardará reclusión, las dimensiones, etc., eso ayudará a facilitar para delimitar hasta dónde puede ir y qué lugares ya pueden resultar en una alerta.

“Es muy importante hacer la factibilidad técnica antes de pedir la medida. Para eso es importante traer todos los presupuestos: dimensión de la casa, ubicación exacta, etc. Y es la defensa la que tiene que traer todos los datos, todo bien detallado”, comentó a LN/NM.

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El director del Sistema 911 comentó que cuando ellos reciben la orden de un arresto domiciliario y se hace la comunicación, lo que la Policía debe hacer es cumplir con las órdenes del juez. “El juez me dice para poner la tobillera por 12 meses, entonces, yo coloco. Puede revertir la decisión más adelante, sí, puede. Entonces, se retira”, explicó.

Agregó que, gracias a esta herramienta, se podrá tener un control real de los movimientos de la persona con arresto domiciliario, considerando que actualmente se realizan los controles, pero de manera aleatoria, debido a que no hay suficiente personal que pueda ayudar. Recordó los casos que durante los controles se encontró a personas en la despensa, e inclusive hubo casos de gente que iba de shopping pese a contar con arresto domiciliario.

Agregó que este hecho, por más que parezca que no es grave, puede hacer que una persona con prisión domiciliaria pierda el beneficio. “Si una persona sale a comprar un cigarrillo en la esquina de su casa, está violando su prisión domiciliaria, porque puede que no vaya lejos, pero salió del área delimitada”, explicó.

Actualmente, al Estado le cuesta 650 dólares el mantenimiento de cada persona privada de libertad. Si bien ahora solo se autorizaron la utilización de 20 tobilleras electrónicas, con la implementación de esta tecnología, que con el tiempo podrá descomprimir las penitenciarías, inclusive se estaría ahorrando dinero, ya que el mantenimiento de la tobillera cuesta 250 dólares mensuales, lo que representa un ahorro significativo.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS), confirmaron que avanzan las mejoras en establecimientos de la red sanitaria, consultas médicas y provisión de medicamentos. El doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración, sostuvo que están realizando un recorrido por los departamento de Itapúa y Misiones, fin de verificar el estado en el que se encuentran los hospitales.

Según explicó, lo que se pretende es llevar a cabo una refacción general, en especial en el hospital de Encarnación, atendiendo a que hace más de 20 años que no se le realiza ningún tipo de mantenimiento y el establecimiento tiene muchos problemas estructurales. La próxima semana un equipo de la Dirección de Mantenimiento se trasladará hasta el lugar con todos los técnicos para un relevamiento y así empezar los trabajos correspondientes.

“Teníamos los planes pero recién pudimos terminar nuestra licitación para mantenimientos del área interior, lo primero que hicimos fue darle prioridad a Encarnación, por el hecho que también en agosto ahí se va a realizar el rally y además es un reclamo de todos. Sabíamos que estábamos en esta situación pero no podíamos dar mucha respuesta, recién ahora con la conclusión de esta licitación para el interior del país″, dijo Brítez a los medios de comunicación.

Empezarán por los hospitales de cabeceras, posteriormente irán a Concepción y los demás centros asistenciales. En cuanto a presupuesto mencionó que tienen aprobado el mantenimiento, pero faltan aún algunos detalles.

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“Ya estamos empezando a trabajar para tener también nuestros presupuestos puntales de cada institución, en que vamos a hacer este mantenimiento necesario sobre todo en el Hospital de Encarnación, como en la mayoría de nuestros centros que están en esa situación falta mantenimiento, falta tratarle un poco más de cariño y ahora tenemos la oportunidad con esto que estamos iniciando”, explicó.

En cuanto a la provisión de medicamentos, el titular de la previsional manifestó que “por fin pudimos terminar toda nuestra licitación, la entrega de los medicamentos ya está en campo de los proveedores, nosotros ya tenemos toda concluida nuestras licitaciones y todavía no están entregando como nosotros queremos, pero por lo menos estamos aceptando lo que tienen”.

Sobre las unidades que disponen, indicó que de repente cuentan con una orden de entrega de 1 millón o de 500 mil unidades, pero no disponen aún con esa capacidad.

“Entonces estamos concentrados en el Hospital Central todo lo que va llegando, de forma a que lo que no encuentran en las diferentes periféricas o en otras instituciones, si van al Hospital Central lo van a encontrar, se les hace una derivación del medicamento que sí están en el Hospital Central y que en algunos lugares aún no están siendo entregados”, manifestó.

Sobre las citas médicas explicó que “estamos implementando con el nuevo sistema sap, donde estamos detectando que entre un 20 a 25 % no se está utilizando, esa gente que está en la lista y que consiguieron su turno no concurren o no acuden a la consulta, entonces 48 horas antes vamos a ponernos en contacto con ellos y vamos a verificar si van a venir a su cita o no y de tal forma a que podamos redireccionar esos turnos”.

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El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, presidente en ejercicio, destacó que las familias que se dedican al oficio de la olería en la ciudad de Tobatí (Cordillera) son un ejemplo de fuerza y sacrificio. Un gremio local informó que solo quedaban 400 olerías activas en la comunidad, hasta que la asistencia del actual Gobierno permitió la recuperación de varias empresas familiares, y que actualmente estiman que son 1.500 olerías en actividad.

En su publicación a través de redes sociales, Alliana señaló que los tobateños son beneficiados gracias a uno de los programas más importantes que impulsa el Gobierno como es Che Róga Porã, que está destinado a dar oportunidades de vivienda a los sectores más desfavorables, así como la creación de trabajo para distintos rubros de la construcción. Estas políticas de Estado permiten que cientos de familias vuelvan a tener una fuente de ingreso seguro con la producción de ladrillos comunes, que son utilizados para la construcción de las viviendas.

Para conocer más acerca de la situación de los oleros de Tobatí, el diario La Nación/Nación Media se puso en contacto con Elio Núñez, presidente de la Asociación de Oleros de Tobatí “San Roque”, quien destacó que están muy emocionados por las 1.500 olerías que pudieron recuperarse en la ciudad cordillerana, mediante la atención que les está prestando el Gobierno para poder sacar adelante su producción.

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Indicó que el propio presidente de la República, Santiago Peña, ordenó a sus ministros para todos los oleros sean atendidos y es lo que ellos están sintiendo, ya que regularmente están recibiendo la visita de autoridades del Ejecutivo. Entre ellos, el ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja; el titular de Industria y Comercio, Javier Giménez, o la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Amanda León, quienes están viendo opciones de asistencia con implementos que les estaban faltando para sacar adelante la producción.

“Con el gobierno anterior casi habían parado todas las olerías que había en Tobatí, debido a que hubo muy poca demanda y, de a poco, la gente fue dejando de lado la producción de ladrillos. Hasta que llegó este nuevo gobierno, que está llevando adelante muchas obras en esta primera etapa, y eso nos sacudió todo mal, hizo que se elevara el precio y motivó a la gente a volver a operar sus olerías familiares. Ahora estamos llegando a unas 1.500 a 1.600 olerías en Tobatí”, explicó Núñez.

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“Ahora, hay de vuelta este movimiento pujante y constante. Además, algo histórico está pasando con nuestro gobierno, porque son gente trabajadora, ya sea el vicepresidente Alliana, el presidente Peña y el ministro Baruja, que es ingeniero luego, y entienden lo que es el trabajo y eso motiva a la gente. Ahora nos estamos moviendo de vuelta a toda máquina, en principio las 400 olerías sobrevivientes al gobierno anterior; pero cuando vieron las demás que no dábamos abasto comenzaron a trabajar de vuelta las otras olerías”, comentó el líder gremial.

Indicó que gracias a que el MUVH ordenó que se vuelvan a utilizar el ladrillo común en la construcción de viviendas es que está generando ahora la masiva demanda de producción. “Nosotros, solo trabajo es lo que le pedimos al Gobierno, ahora ellos están encaminando las cosas. El ministro Baruja ya le mandó a su compañero, el ministro de Industria y Comercio, que vino el propio ministro Giménez a ver qué necesitamos, se interiorizó le mostramos como es nuestro día a día, y se fue entusiasmado para buscar el mecanismo para ayudarnos”, indicó.

Señaló que la titular del CAH conversó con los oleros e indicó que a todos aquellos que se organicen se les otorgará un pequeño crédito para su materia prima. “Porque nosotros a veces, soguegui (por la falta de dinero) no podemos comprar la arena que es la materia prima de los ladrillos. Si ahora se puede comprar unas 12 cargas, se puede sobrepasar la temporada de lluvia, que es lo que imposibilita llegar a las canteras, muchas veces”, acotó Núñez.

El presidente de la República, San­tiago Peña, firmó el Decreto n.° 3250 por el cual se aprueban los términos y con­diciones del contrato de prés­tamo a ser suscrito entre la Agencia Financiera de Desa­rrollo (AFD) y el Export-Im­port Bank (Eximbank) de la República de China (Taiwán) por un monto total de USD 200 millones.

El contrato de garantía entre Paraguay y el Eximbank de Taiwán para el programa Che Róga Porã a cargo de la AFD autoriza la formalización de los citados documentos. “De esta manera seguimos dando pasos agigantados para que nuestro programa siga tra­bajando para lograr que más familias en el Paraguay ten­gan viviendas dignas y de calidad”, destacó el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

Con esta medida, la AFD se encuentra habilitada para formalizar el contrato de préstamo, lo que permitirá fondear a entidades finan­cieras y ofrecer condiciones accesibles para la adquisición de viviendas para el beneficio de la clase trabajadora, abor­dando el déficit habitacional del país y promoviendo un desarrollo integral para las familias paraguayas.

Según el decreto, también el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de la República del Paraguay, formalizará el contrato de garantía con dicho orga­nismo financiero, aproba­dos por el artículo 1.° del decreto. Igualmente, estará facultado a adoptar las medi­das legales y administrati­vas de rigor, para efectos del mismo en el marco de las normas que regulan la AFD y las demás leyes com­plementarias.

Tras la firma del contrato, el documento deberá pasar por el Congreso Nacional para la autorización del desem­bolso. El fortalecimiento de Che Róga Porã reafirma el compromiso del Gobierno de construir un país donde todas las familias tengan la oportunidad de crecer bajo un techo digno y seguro, afir­maron desde el MUVH.