La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado en relación con el borrador del proyecto de ley de Semillas presentado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), expresando su preocupación por el contenido del mismo.
Explican que la norma propuesta por el Senave busca regular y promover una eficiente actividad de producción, circulación, comercialización y control de calidad de las semillas.
No obstante, la producción de semillas incluye las actividades inherentes a la producción, selección, envasado, y en general, todo proceso tendiente a poner la semilla en condiciones de ser utilizadas, indicó.
Aseguró que esta situación abre un importante panorama de posibilidades para situaciones que pueden incidir negativamente en la producción, según explicó.
“Lo relativo a acuerdos intrarregionales ‘a firmarse’ sobre el que se circunscribe el marco de aplicación de las normas que compone el proyecto, abre una peligrosa ventana para el ingreso de restricciones respecto de las cuales nuestra asociación se encuentra en franca oposición, como es el caso de la normativa de la Unión Europea (Resolución 1115/23) bastante discutida en estos días”, señalaron.
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En ese sentido, afirmaron que la extensa normativa que se propone, desde su visión, presenta varias deficiencias que comprometen su viabilidad y que antes que proponer lineamientos accesibles y ágiles para el cumplimiento y aplicación de sus disposiciones por parte de los destinatarios de las mismas, incluye prescripciones (conceptos, criterios y regulaciones) que dificultarían tanto su comprensión como su observancia por parte del productor.
Desde el punto de vista de la APS, lo que subyace en este tipo de propuestas legislativas, más bien orbita en la intención de extender al productor las responsabilidades por las deficiencias en materia de fiscalización y control antes que mejorar sus procesos institucionales relacionados al cumplimiento de la legislación.
Por eso, exponen que antes que obligar con nuevas figuras y compromisos, incluso de nivel penal, al productor, deberían los propulsores de la reforma legislativa, analizar mejor su funcionamiento y mejorar los mecanismos institucionales.
“Deben procurar alcanzar un nivel óptimo de gestión por el cual pagamos todos los ciudadanos y en particular los que producimos para alcanzar una soberanía alimentaria y para sostener el gigantesco aparato estatal”, aseveran.
Entre los puntos que desarrollaron, reafirmaron su total disconformidad y gran preocupación respecto a que esto tenga curso en el Congreso y sea promovido por el Poder Ejecutivo, ya que esto implicaría la generación de eventuales condiciones que tendrían un impacto notorio en los actores de la producción sostenible del país y el derecho de los agricultores, constituyendo una nueva amenaza para el sector.
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