El gobierno de Inácio “Lula” da Silva anunció una medida provisional para el sector agrícola brasileño, que consiste en modificar el uso de créditos fiscales a partir del pago de impuestos. Estos créditos permitían a los productores descontar el tributo que tenían que abonar; al no poder utilizarlos, el costo para las empresas se dispararon, afectando al precio final.
Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) indicaron que esta es una medida que beneficiaria relativamente a Paraguay, pero especialmente a los exportadores, más que a los productores, porque aún quedan cosechas que colocar.
“Esta situación le desacomoda y complica a los agrícolas de Brasil porque tuvo un impacto de precios en el mercado, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. En Paraguay ya vendimos prácticamente todo; los exportadores deben colocar lo que queda en la industria y aprovechar esto más que los productores”, manifestó Héctor Cristaldo, titular de UGP, a La Nación/Nación Media.
Acerca del precio, mencionó que si bien los costos bajaron por factores climáticos, hay un repunte de precios de 20 puntos luego lo acontecido en Brasil de USD 370 a USD 390 por tonelada. “Pero es una cuestión muy general y el productor ya no tiene posibilidad porque prácticamente ya vendió toda su cosecha”, insistió.
Según explicó el economista Manuel Ferreira, en el caso de que la presión del sector agrícola provoque un revés, esto sí perjudicaría a los productores paraguayos, porque va a generar un margen mayor de precios para los brasileños.
Recordó la potencia productiva de Brasil, ya que crecieron 4.300.000 hectáreas nuevas de hojas, una vez y medio Paraguay, y están avanzando fundamentalmente sobre pasturas degradadas. “Ese avance casi tiene alrededor de 95 millones de hectáreas de pasturas degradadas. Tienen para seguir creciendo muchísimo”, precisó a medios locales.
Con la medida tomada por el Gobierno, que busca corregir distorsiones en el sistema tributario sin aumentar impuestos, productores de soja brasileños refieren que la pérdida para el sector rondaría los USD 1.200 millones, además de provocar inseguridad jurídica e imprevisibilidad del mercado, según Clarín.