La agente fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Francisco Javier Acosta Rolón (jefe de Resguardo), Juan Andrés Arroyo Báquez (jefe de Administración) y Christian Luis Palacios Gómez (auxiliar despachante particular), en el marco de una investigación por presuntos hechos punibles cometidos en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sede de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Los ciudadanos Acosta y Arroyo fueron imputados por la supuesta comisión de cohecho pasivo y extorsión, en calidad de coautores, mientras que Palacios fue imputado por el supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor. La imputación fue presentada tras un allanamiento realizado el pasado 10 de julio, en el marco de una denuncia por presunto pedido irregular de dinero.

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Durante el procedimiento, autorizado judicialmente, el Ministerio Público incautó documentos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, además de requerir el respaldo del circuito cerrado del lugar. En poder de uno de los implicados se encontró una mochila con USD 50.395 y G. 22.800 millones, así como una cartuchera con otros USD 12.046 y G. 1.372.000. Adicionalmente, fueron hallados G. 3.500.000 en tres sobres ubicados en un cajón asignado a un funcionario.

La investigación sigue en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González se refirió a la defensa del espacio aéreo y protección territorial que está encarando el gobierno de Santiago Peña mediante una histórica inversión en la adquisición de los aviones Super Tucano, así como radares que serán incorporados próximamente. También destacó la confianza del Ejecutivo en las acciones que despliegan las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

“Verdaderamente es una inversión histórica, eso hay que reconocer, valorar y, desde nuestro punto de vista de la Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, tenemos que agradecer al señor presidente, porque esa una decisión política muy importante la que tomó y aplicó, él anunció y después se hizo”, indicó el general, este viernes, en el estudio de Nación Media, entrevistado durante el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

Detalló que son USD 150 millones de inversión inicial, de los cuales USD 105 millones se destinaron para la compra de los aviones Super Tucano, y USD 45 millones para los radares y un sistema de mando y control, “que va a servir no solamente para ese radar, sino a otros que van a ser adquiridos posteriormente”.

“Son 150 millones de dólares invertidos por este Gobierno para la Defensa Nacional, que enfrenta a una nueva forma de amenaza, porque existen las hipótesis de conflicto y en base a eso se hacen los planes. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto de guerra convencional, pero sí tenemos la realidad, que las nuevas amenazas son el crimen organizado y el terrorismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas, respondiendo a esas amenazas”, sentenció.

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Por otra parte, el ministro de Defensa refirió las labores que vienen realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), principalmente en el norte del país, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para la defensa dentro del territorio nacional y, en ese marco, se vienen concretando fuertes golpes a los grupos criminales.

“Los elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, a partir del 2014 con la modificación de la ley 1337, que incluye la palabra ´interna’, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas cuando hay una amenaza a la soberanía externa, decía la ley anterior, y se le incluyó la amenaza interna, entonces, a partir de ahí se pueden utilizar los elementos de combate en el territorio nacional, pero con el cuidado doctrinario y de naturaleza de las Fuerzas Armadas”, explicó en el programa de GEN.

Uno de estos golpes se está dando en el departamento de Canindeyú, donde se instaló la Subárea de Pacificación de la FTC ante la amenaza que representaba el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. El ministro resaltó que ya se vienen dando importes golpes a esta organización criminal, propiciando su debilitamiento en dicha zona.

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“Las operaciones contra el crimen organizado, en este caso contra el crimen organizado, se realizan por etapas, hay que darles tiempo a las fuerzas para que cumplan con la misión. Lo primero que se consiguió fue justamente, que no se tenga más el concepto que en el Norte manda ‘Macho’, eso cambió totalmente desde que nos instalamos ahí”, refirió.

Manifestó que “este criminal dejó de tener esa libertad de movimiento que tenía anteriormente, según las informaciones que tenemos, pero todavía no cumplimos la misión de ponerlo a disposición de la justicia, mientras eso nosotros no hagamos, no podemos decir que estamos tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido”.

“Estamos realizando intensas tareas de inteligencia, y la inteligencia dice a la parte operativa dónde debe actuar y así lo estamos haciendo. Ya se dieron varios golpes importantes a la estructura, no solamente de este señor, sino de otras estructuras criminales, y esperemos que se dé el resultado que queremos, y eso va a ocurrir”, aseguró.

El Gobierno paraguayo emprendió gestiones junto con autoridades de la República Argentina para abordar la situación en el punto de alije ubicado en el kilómetro 171 de la hidrovía Paraguay–Paraná, utilizado para el transbordo de combustible.

En ese marco, la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip, se reunió este martes con el director general de Aduanas argentino, José Andrés Velis, y le transmitió la preocupación del Gobierno paraguayo e hizo dos planteamientos.

Uno de ellos fue la extensión del plazo aduanero por 12 meses para continuar las operaciones en la zona, y la creación de una mesa de trabajo que integre a representantes de ambos gobiernos y del sector privado de los dos países. El encuentro fue parte del seguimiento a los diálogos bilaterales mantenidos en la reciente Cumbre del Mercosur, celebrada en Buenos Aires.

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El director general de Aduanas argentino expresó su disposición para avanzar en medidas que permitan agilizar los procedimientos aduaneros entre ambos países. Cabe mencionar que en paralelo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Área de Control Integrado de Cargas (ARCA) de Argentina, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acordaron extender por 10 meses la operativa en el punto de alije.

El anuncio se dio a conocer este martes por el director de la DNIT, Óscar Orué, quien manifestó lo siguiente. “Esto permite continuar con acciones conjuntas de control y fiscalización en frontera”. El gobierno del vecino país tenía intenciones de suspender la operativa en la zona, una medida que afectaría directamente la logística de abastecimiento de combustibles para nuestro país, según advirtieron los gremios.

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Argentina y Paraguay acordaron extender la operativa en la zona de alijo en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, un punto fundamental para el abastecimiento de combustibles para nuestro país. El director de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, manifestó que durante el plazo de 10 meses se buscará que el puerto se habilite de manera oficial.

Argentina suspendió el transbordo de mercaderías en este punto al constatar que el puerto no está habilitado. “Lo que se buscaría dialogar es la posibilidad de que ese puerto se habilite por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina), eso es lo que le vamos a insistir a través de los gremios, de que puedan habilitar el puerto y cumplir con todos los requisitos que la Aduanas Argentina requiera”, manifestó Orué en conversación con la radio Universo 970 AM.

El titular de la DNIT descartó que lo que se busque sea el pago de algún impuesto en el lado argentino, ya que el transbordo se hace en tránsito, sin despacho en esa zona. “Lo que ellos necesitan es que se habilite el puerto y evitar el ingreso ilegal de combustible en Argentina y por eso tomaron esa decisión”, explicó.

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El ARCA decidió suspender pese a que en el lugar hace más de 3 décadas Paraguay realiza el transbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Orué manifestó que el acuerdo para la habilitación temporal se logró gracias al buen relacionamiento que mantiene la institución con su par argentino. Esta decisión cobra relevancia teniendo en cuenta la importancia que tiene para los emblemas privados de combustibles.

A partir de este momento, desde la DNIT se trabajará con los distintos actores como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), los emblemas privados, con el Ministerio de Industria y Comercio y Petropar para buscar una alternativa y negociar con el ARCA.

“La noticia positiva es que se extiende 10 meses, vamos a dialogar con todos los sectores porque convengamos que fue una decisión unilateral de la Agencia de Recaudación Argentina. Nosotros estamos actuando de intermediarios por el buen relacionamiento que tenemos”, refirió.

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