En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.

La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.

En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.

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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.

Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con la cooperación de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), asestó un duro golpe al narcotráfico, tras la culminación del operativo denominado “Jejui”, con la incautación y destrucción de 137 mil kilos de marihuana, equivalentes a unos USD 10 millones. Los procedimientos se desarrollaron durante cinco días en la localidad de Maracaná, del departamento de Canindeyú, según el Canal GEN/Nación Media.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, explicó que el operativo se realizó en una zona de alta productividad mecanizada, en donde se siembran grandes cultivos de maíz y tabaco, mezclados con marihuana. Refirió que en el lugar se observó una alta inversión millonaria de los financistas.

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El periodista Juan Alcaraz reportó que la droga, una vez ingresada al Brasil, su valor asciende a unos USD 50 millones, lo que se consideraría como una mega incautación.

La estrategia de los narcos ahora es mimetizar la producción de la marihuana a través de otro tipo de productos como el maíz. “Así es que fueron descubiertas las 109 hectáreas de la producción mecanizada de marihuana mezclada con producción de maíz”, informó.

El ministro Rachid explicó que el operativo fue denominado como Jejuí, porque la zona es colindante con el río Jejuí, por donde la droga es transportada hacia el vecino país.

Es de recordar que en la semana pasada, en el lugar conocido como Yvy Pytã, fueron asesinadas tres personas, quienes realizaban labores en el procesamiento de la hierba maldita, para su posterior empaquetado y su envío a distintos puntos fronterizos con el río Paraná, lo que conecta con ciudades del estado de Paraná (Brasil) y otros estados.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Un hombre de 55 años que se dedicaba a vender helados falleció tras ser atropellado por una conductora que perdió el control de su motocicleta. La mujer sigue internada porque presenta varias lesiones tras impactar contra el vendedor.

Según el reporte policial de la Comisaría 5ta., el hecho se registró en Curuguaty, departamento Canindeyú, sobre la ruta PY13, vía por la cual el hombre iba empujando su carrito de helados con la intención de vender todos sus productos, pero fue arrollado y cayó a la capa asfáltica donde habría fallecido de forma inmediata.

La víctima fue identificada como Francisco Javier González Cardozo (55) y la conductora como Esmelda Vargas González (18), quien perdió el control de su biciclo y no pudo evitar el trágico accidente. Las personas que estaban en la zona auxiliaron al hombre hasta el hospital de Curuguaty, donde se confirmó su deceso.

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La mujer sigue internada tras caer de su motocicleta de la marca Kenton, modelo GL125, de color rojo. La misma quedó inconsciente y fue llevada hasta el centro asistencial donde le practicaron algunos estudios para descartar lesiones internas tras el fuerte impacto al caer del biciclo.

Familiares del hombre piden que se esclarezca el hecho, ya que era el único sostén de la familia y todos los días salía a trabajar con la intención de que a sus hijos no les falte nada. El hecho fue comunicado al fiscal Néstor Narváez que está investigando el caso para saber cómo ocurrieron los hechos.

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