El experto en derecho comercial, internacional y marítimo, Santiago Giménez Gill, explicó que el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná es una medida de consecuencia equivalente que en la práctica ya tiene un “efecto de un gravamen o un arancel para nuestro país”. Consideró que la imposición no hace diferencia de banderas, nos afecta directamente, y habría que analizar si se da un impacto real en los buques con carga argentina.
Sostuvo que la interpretación del vecino país es muy complaciente y pareciera que no se realizó con buena fe. “Tenemos muchos tratados muy claros, el de Asunción, los protocolos adicionales del Mercado Común del Sur (Mercosur), el de la hidrovía y los adicionales. Todos hablan de eliminar ese tipo de barreras y asegurar la libre navegación”, mencionó a la 650 AM.
Remarcó que la medida “supuestamente está acorde a los tratados”, pero un país no puede poner un peaje de manera universal y tampoco el hecho de que en documentos se encuentre detallada una apreciación significa que efectivamente el efecto de la misma sea igual para todos. “Yo creo que debemos tener otro tipo de medidas a parte de lo que es el arbitraje”, sentenció Giménez.
El conflicto dado en la vía navegable se inició el pasado 1 de enero cuando se oficializó la imposición unilateral de Argentina en cobrar un peaje de USD 1,47 por tonelada de carga a toda embarcación de bandera extranjera que transite por aguas de su territorio, en el tramo Confluencia- Santa Fe y cuyo impacto se estima en USD 40 millones anuales, si el vecino país sigue emitiendo facturas.
Según había mencionado a La Nación/Nación Media Juan Carlos Muñoz, directivo del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Paraguay mueve unas 3.200 barcazas mediante su flota, siendo el 60 % de la carga regional, seguido por Brasil que opera un 30 % y Bolivia el 10 %, en tanto, Argentina mueve unas 100 unidades, y Uruguay en último lugar.
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