En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”. De acuerdo al análisis de los legisladores, esta modificación a la ley n.° 6.980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno", de hecho recomendó el rechazo de la iniciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operaciones para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efectos de neutralizar la amenaza inminente si fuere necesario, sin comprometer la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cuales consideraron que la aplicación de la propuesta legislativa no era viable. En esta línea, indicaron que la recomendación de rechazar el proyecto se debe a una conclusión remitida por el propio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tratados internacionales y convenios a los que se encuentra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

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“Cualquier derribo de aviones que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vinculada a la potencialidad de las aeronaves ante una posible acción hostil que constituya una amenaza a los intereses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comisión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los principios y garantías constitucionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territorial en el espacio aéreo nacional. “Por lo tanto, es innecesaria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

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El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.

“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.

Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció sobre debate en torno al proyecto de ley que propone habilitar el derribo de aeronaves sospechosas en el espacio aéreo paraguayo. La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubin, reactivó esta discusión sobre la cual ya se pronunció el Ministerio de Defensa.

“La protección de nuestro espacio aéreo debe estar basada en los principios consagrados en nuestra Constitución y en los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, expresó Latorre a través de X.

El titular de Diputados reafirmó, además, “la posición firme en defensa del ordenamiento jurídico vigente” y destacó el avance que representa la adquisición del sistema de radares y los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Óscar González, dejó en claro que no es necesaria una ley que permita el derribo de aeronaves. “No necesitamos de la facultad de derribar aeronaves, necesitamos la ley así como está, porque nos garantiza que vamos a poder proceder con toda la eficacia que corresponde”, sostuvo este lunes ante varios medios de prensa.

Según González, el hecho de no contar con autorización para derribar un avión no significa que la aeronave vaya a escapar del control del Estado. “De ninguna manera. Vamos a hostigarle hasta que aterrice, con armas, el piloto está facultado a hacer tiros disuasivos”, explicó. Además, enfatizó que se trata de una estrategia conjunta que involucra a distintas agencias nacionales y que cuenta con respaldo internacional.

“La protección del espacio aéreo es una cuestión regional”, resaltó el ministro, al recordar que existen convenios de cooperación e intercambio de información con las Fuerzas Aéreas de Brasil, Argentina y Bolivia. Desde el Ejecutivo y del oficialismo, sostienen que los actuales marcos normativos ya otorgan herramientas suficientes para la defensa del espacio aéreo sin necesidad de autorizar medidas extremas.

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Por: Adelaida Alcaraz

Con un acuerdo internacional histórico, un fondo de USD 700 millones y la creación de miles de empleos, nuestro país se proyecta como hub estratégico de inversión sostenible y créditos de carbono, así lo manifestó Stavros Siokos, el líder de Astarte Capital Partners.

La tecnología no conoce de límites, barreras idiomáticas ni distancias. Así lo demuestra esta historia que arranca en altamar, a bordo de un velero que cruza aguas internacionales. En plena reunión de negocios, Stavros Siokos, managing partner y cofundador de Astarte Capital Partners, firma internacional especializada en activos reales y capital natural, con sede en Londres, que recientemente anunció que duplicará su inversión en Paraguay destinada al desarrollo forestal sostenible, generación de créditos de carbono y reactivación económica.

Stavros accedió a conectarse con FOCO para una entrevista exclusiva en la que revela los principales puntos de cómo Paraguay está a punto de convertirse en protagonista de la nueva economía verde global. Además, la forma en la que su compañía planea canalizar hasta 700 millones de dólares en proyectos forestales en nuestro país. “No se trata solo de plantar árboles, este modelo de inversión sostenible redefine el valor ambiental, económico y social de todo un país”, aseguró.

¿Podría explicar cómo el acuerdo de créditos de carbono entre Paraguay y Singapur permite a Astarte ampliar sus inversiones hasta USD 700 millones en su segundo fondo forestal?

El acuerdo entre Paraguay y Singapur, bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, es clave para ampliar nuestras inversiones. Establece un marco claro, respaldado por ambos gobiernos, para generar y transferir créditos de carbono internacionalmente reconocidos (ITMOs). Esto eleva tanto la integridad ambiental como el valor de mercado de nuestros proyectos.

Nuestra plataforma genera créditos de carbono de alta calidad con beneficios sociales y ambientales reales: creación de empleos permanentes, preservación de biodiversidad y desarrollo comunitario. El fondo ha sido premiado por su impacto y ya atrajo inversores de 28 países en cinco continentes, lo que evidencia su credibilidad y escalabilidad global.

¿Qué tan avanzada está la legislación paraguaya sobre créditos de carbono?

La legislación paraguaya sobre créditos de carbono se destaca a nivel global por ofrecer un marco legal claro y sólido que garantiza transparencia, responsabilidad y alineación con los estándares internacionales. Esta base firme permite al país emitir créditos de carbono de alta integridad, incluidos aquellos elegibles bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, haciéndolos atractivos para instituciones globales y mercados regulados. Como resultado, se abren oportunidades significativas para escalar e internacionalizar proyectos de créditos de carbono, atrayendo inversión y posicionando a Paraguay como un actor confiable en el mercado global del carbono.

¿Qué impacto local esperan generar con la expansión del fondo, en términos sociales y económicos?

Prevemos un impacto local significativo a partir de nuestra expansión proyectada —en lo social, lo económico y lo ambiental. Dado que nuestros activos forestales se ubican principalmente en zonas de baja densidad poblacional, la creación de 5.000 empleos directos y 50.000 indirectos aportará beneficios sustanciales a las comunidades locales. En el plano social, estamos comprometidos con un desarrollo inclusivo, ofreciendo igualdad salarial entre hombres y mujeres, generando empleos permanentes e invirtiendo en programas de capacitación para fortalecer las capacidades dentro de las comunidades.

Económicamente, la presencia de nuestras operaciones estimulará el crecimiento al atraer y apoyar una variedad de industrias relacionadas con la madera, fomentando así la diversificación y resiliencia económica a largo plazo. Esta expansión no se trata solo de crecer: se trata de construir un futuro sostenible en alianza con las comunidades donde operamos.

El fondo SAIFF proyecta más de 80.000 hectáreas y 60 millones de árboles. ¿Cuál es el cronograma y cómo equilibran impacto ambiental y retorno financiero?

Ya hemos asegurado todas las tierras necesarias para el desarrollo y actualmente hemos superado la mitad de nuestra meta de plantación de 60 millones de árboles. Nuestro objetivo es completar el proyecto dentro del cronograma previsto, combinando una ejecución disciplinada con un fuerte compromiso ambiental.

Equilibrar los retornos comerciales con los objetivos ambientales es central en nuestra estrategia. Si bien estamos comprometidos con ofrecer un sólido rendimiento financiero, también priorizamos la creación de un impacto ambiental positivo. Para ello, hemos designado el 30 % del área total como reservas naturales protegidas y estamos monitoreando activamente más de 75 especies para asegurar la preservación y el fortalecimiento de la biodiversidad local.

Para nosotros, la creación de valor a largo plazo surge de alinear el éxito económico con el uso responsable de la tierra y el cuidado ambiental.

¿Qué papel cumplen las alianzas locales, como con Silvipar AB, en el éxito del modelo?

Las alianzas locales, como nuestra colaboración con Silvipar AB, son fundamentales para el éxito e impacto a largo plazo de nuestras iniciativas de capital natural. Silvipar aporta décadas de experiencia práctica en manejo forestal sostenible, conservación y trabajo con comunidades, tanto a nivel global como con fuerte presencia en Paraguay.

Esta alianza nos permite integrar estándares institucionales globales con conocimiento local, asegurando que nuestros proyectos sean ambientalmente sólidos, socialmente inclusivos y estén completamente alineados con las prioridades de desarrollo nacional.

Además, estas colaboraciones fortalecen la capacidad institucional en el terreno mediante la formación de equipos locales calificados, la transferencia de conocimientos y la generación de empleo estable y duradero en comunidades rurales, contribuyendo a formar un sector forestal resiliente y con relevancia global.

Mirando hacia 2030, ¿cuáles son los principales riesgos para escalar este fondo en Paraguay?

Seguimos confiando en el potencial a largo plazo de escalar nuestra plataforma en Paraguay, aunque reconocemos una serie de riesgos clave que deben gestionarse con cuidado. En el plano regulatorio, mantener la estabilidad y claridad en la legislación de mercados de carbono y en la política de uso de suelo será fundamental para preservar la confianza de los inversores y asegurar el reconocimiento internacional de los créditos de carbono.

¿Factores climáticos o del mercado podrían afectar sus planes?

Los riesgos climáticos -como eventos extremos o cambios en los patrones de lluvia- representan una preocupación global para las estrategias de capital natural, y aunque Paraguay está entre los países mejor posicionados para mitigar estos impactos, es un factor que seguimos de cerca.

Nuestra investigación respalda la sólida resiliencia climática de Paraguay, y nuestro marco integral de gestión de riesgos está diseñado para enfrentar estos desafíos de manera proactiva, asegurando que la plataforma se mantenga robusta, adaptable y bien posicionada para un crecimiento sostenible a largo plazo.

¿Cómo mide Astarte su impacto en carbono y cómo se alinea con estándares ESG?

Astarte mide y reporta su impacto en remoción de carbono -estimado en 18 millones de toneladas de CO₂- mediante un proceso riguroso y transparente, alineado con los principales estándares internacionales en ESG y contabilidad de carbono.

Nuestros proyectos siguen metodologías reconocidas a nivel global, como las establecidas por Verra, lo que garantiza que todas las remociones de carbono sean reales, medibles, adicionales y verificadas de forma independiente.

También alineamos nuestros informes con marcos ESG clave como el SFDR, el TCFD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, brindando transparencia y responsabilidad a nivel institucional.

Este enfoque no solo respalda la generación de créditos de carbono de alta integridad, sino que también refuerza nuestro compromiso con la inversión responsable y el impacto climático a largo plazo a escala global.

Por último, ¿qué mensaje le daría a otros inversores interesados en Paraguay como hub de inversión verde?

Diría que Paraguay está emergiendo como un hub convincente para la inversión verde y la innovación en créditos de carbono, ofreciendo una combinación única de recursos naturales, avances regulatorios y alineación internacional.

Para los inversores institucionales globales que buscan oportunidades creíbles y de alto impacto en capital natural, Paraguay destaca por su capacidad de ofrecer resultados ambientales sólidos junto con retornos competitivos.

La legislación avanzada del país sobre créditos de carbono -totalmente alineada con el Artículo 6 del Acuerdo de París- crea un camino claro y transparente para generar créditos reconocidos internacionalmente, mientras que su estabilidad política, disponibilidad de tierras y biodiversidad lo hacen altamente atractivo para la inversión a largo plazo.

Nuestra experiencia demuestra que, con las alianzas locales adecuadas y estructuras de gobernanza sólidas, Paraguay no solo representa una oportunidad, sino también un potencial de liderazgo en la construcción del futuro de las finanzas sostenibles a escala global.