Este martes 11 de agosto, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto que establece el 14 de abril como Día Nacional del Vorí Vorí. La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo.

El día establecido es el 14 de abril, en reconocimiento a la valoración internacional que alcanzó en esa fecha el Vorí Vorí, cuando fue incluido por TasteAtlas como la mejor sopa del mundo y posteriormente como el mejor plato del mundo, contribuyendo a aumentar su visibilidad internacional.

La iniciativa, presentada por el diputado Luis Federico Franco (PLRA-Central), había sido aprobada inicialmente por Diputados con el 22 de agosto como fecha conmemorativa. Sin embargo, la Cámara de Senadores introdujo modificaciones y planteó el 14 de abril como fecha oficial, propuesta que finalmente fue aceptada por Diputados.

El diputado Héctor Figueredo (ANR-Paraguarí), presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, defendió el dictamen favorable para aceptar los cambios introducidos por el Senado.

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Según explicó, la fecha permitirá conmemorar la consagración internacional del vorí vorí como uno de los platos mejor valorados a nivel mundial, además de poner en relieve su condición de Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay.

“Solicito el acompañamiento del dictamen de la Comisión de Industria para aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores”, manifestó Figueredo durante el tratamiento del proyecto. El diputado Carlos M. López (PLRA-Cordillera) también acompañó la propuesta.

El proyecto sancionado establece que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), en coordinación con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), gobiernos departamentales, municipales y otras instituciones, podrá desarrollar planes, programas y proyectos para promover, difundir y valorizar el vorí vorí, tanto dentro como fuera del país.

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A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.

La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.

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Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.

En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.

“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.

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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera y exministros de Hacienda, con el objetivo de analizar la situación actual de las finanzas públicas, intercambiar criterios sobre los principales desafíos fiscales y evaluar las perspectivas económicas del país para los próximos años.

A través de sus redes sociales, Peña calificó el encuentro como un “enriquecedor espacio de reflexión”, destacando que la conversación permitió combinar distintas experiencias en la conducción de la política económica. Germán Rojas, Benigno López , Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Oscar Llamosas, Marco Elizeche y Juan José Galeano, fueron los exministros presentes en la reunión.

El mandatario señaló que su participación aportó una doble visión, tanto desde su experiencia como exministro de Hacienda como desde su rol actual al frente del Poder Ejecutivo, con el propósito de construir proyecciones económicas “sólidas y responsables”.

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Durante la reunión, el ministro Oscar Lovera presentó un diagnóstico sobre la evolución de las cuentas fiscales, las medidas que viene impulsando el Gobierno y los principales retos que enfrenta la administración económica. Posteriormente, se desarrolló un intercambio abierto entre los participantes para analizar distintos escenarios y compartir recomendaciones.

Uno de los asistentes fue el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien explicó a la 1080 AM que uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de transparentar las obligaciones acumuladas por el Estado con sus proveedores.

Según indicó, el gobierno presentó una estimación de USD 2.700 millones en deudas pendientes, principalmente con proveedores del sector salud, empresas farmacéuticas y constructoras de obras públicas. A su criterio, incorporar estos compromisos dentro de las cuentas fiscales permitirá reflejar con mayor precisión la situación financiera del Estado.

Ferreira sostuvo que ese sinceramiento tendría un impacto sobre la trayectoria fiscal prevista. De acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, el déficit podría acercarse al 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, superando la senda inicialmente proyectada al inicio de la actual administración.

El exministro consideró que reconocer estas obligaciones constituye un paso necesario para fortalecer la credibilidad de la política fiscal y facilitar el diálogo con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno a las medidas que el país deberá adoptar para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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