Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.

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Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles. En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

• Fuente: AFP

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En una conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo expusieron los números de la nueva medición respecto al importante crecimiento del nivel de empleo en el país. Los datos fueron realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicados en la mañana de este viernes.

En el último trimestre del 2025, se registraron 118.964 nuevos ocupados; la tasa de desocupación se redujo a 3,6 %, la más baja en los últimos 9 años. En total se registra actualmente 242.000 nuevos empleos.

“El mercado laboral con base en el número de ocupados incluye aquellos empleos formales como así también a los independientes que tienen RUC, y a los informales", detalló el jefe de Gabinete Javier Giménez.

Aseguró además que en esta primera mitad del Gobierno se está llegando al 50 % de las ocupaciones que prometió el Gobierno del Paraguay y que está cumpliendo.

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Por su parte, la ministra de Trabajo Mónica Recalde, resaltó que la generación de empleo se estableció como una política social.

“Estos indicadores relevantes en tema de formalización: 7 de cada 10 de los empleos creados en el último cuatrimestre son formales; resaltar que la mejor política social es la generación de empleo”, refirió.

Sobre los números de desocupaciones, destacó que se llegaron a números históricos, 3,6 %, la tasa más baja de la región. Agregó que por primera vez la desocupación es 50 – 50 entre hombres y mujeres.

Otro de los crecimientos se registra con los asalariados privados. El total de ocupados asciende a 3.297.188 personas. La mayor generación de empleo se registró en industrias, comercios, restaurantes y servicios.

Otro dato importante tiene que ver con las mujeres: aproximadamente el 60 % de los empleos creados son gracias a que las mujeres salieron de la desocupación y la inactividad.

“Para el próximo trimestre, atendiendo al programa Hambre Cero, tenemos una estimación de que casi 23.000 mujeres más se estarían incorporando al mercado de trabajo en el mes de marzo”, refirió.

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La recaudación tributaria abrió el 2026 a buen ritmo, ya que el movimiento interno de la economía fue el principal sostén de los ingresos fiscales según la DNIT.

En enero, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó USD 482 millones, que en guaraníes son unos 3,2 billones, 0,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Ese crecimiento moderado fue apalancado principalmente por la recaudación de los impuestos internos, que aumentaron 10,1 % interanual y marcaron el ritmo del inicio de año.

La Gerencia General de Impuestos Internos recaudó un total de USD 283,9 millones, traducidos en G. 1,89 billones, lo que significó G. 173.750 millones más que en enero de 2025.

El impulso provino principalmente de sectores vinculados al comercio, como alimentos y bebidas, así como de la ganadería, las telecomunicaciones, construcción y servicios.

Concretamente, los ingresos tributarios a través de los impuestos internos evidenciaron el dinamismo del mercado local, desde el consumo hasta la actividad empresarial, que fue el que sostuvo la recaudación en el primer mes del año.

Con relación a los impuestos aduaneros, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de USD 198,1 millones (G. 1.319.282 millones), con una variación interanual negativa de -10,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

Si bien, las importaciones registraron un incremento del 2,8 % en el valor imponible en dólares, la recaudación se contrajo, principalmente debido a la apreciación del guaraní (15 % en enero), que redujo la base imponible en moneda local y, por ende, la recaudación efectiva, explicó la Dnit.

El Gobierno nacional impulsa una instan­cia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consen­sos entre los sectores involu­crados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, soli­cita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diá­logo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.

“En conversación con el pre­sidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reu­nión de trabajo con los distin­tos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fis­cal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresi­dente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar even­tuales ajustes al texto apro­bado por Diputados.

Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reu­niones previas con los actores involucrados, antes del trata­miento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está con­vocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modi­ficaciones o sugerencias, estuvi­mos coordinando eso”, indica.

La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciati­vas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sis­tema previsional estatal regis­tra un déficit creciente desde hace más de una década, impul­sado principalmente por regí­menes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficia­rios. De acuerdo con datos ofi­ciales del Ministerio de Econo­mía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.

El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, ade­más de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han gene­rado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efec­tos en derechos adquiridos.

En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.

El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercam­bio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.

“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.

“Esta reforma no los perju­dica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afecta­dos por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectiva­mente sus haberes. La segu­ridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.

“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero única­mente si tomamos decisiones responsables y estructura­les”, advirtió el parlamenta­rio en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.

Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legis­ladores opositores y disi­dentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supues­tamente de manera apresu­rada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

A dichas afirmaciones se suman las amenazas prove­nientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para trun­car el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.