El exministro de Industria y Comercio (MIC) y actual candidato al Senado Gustavo Leite afirmó que existen condiciones para que baje el precio del combustible y que Petróleos Paraguayos (Petropar) podría reducir los precios de los carburantes entre G. 800 y G. 1.000 en el diésel.
El economista refirió que esto tendría una incidencia muy importante en el bolsillo del consumidor y manifestó que se espera tener resultados auspiciosos en no más de 72 horas.
“Existe información fidedigna de que en breve el combustible estaría bajando y que Petropar estaría en condiciones de bajarle el combustible a la gente”, explicó e indicó que se extremarán esfuerzos para conocer la veracidad de esos números, e incluso, se comunicará con la estatal en pos de la transparencia.
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Sostuvo que tampoco se debe olvidar que por cada G. 400 que bajen también se deberá bajar el precio del pasaje. “Hace cuatro años y medio es un reclamo de la ciudadanía”, aseguró y destacó también que la baja de los combustibles tiene más incidencia que “una supuesta baja de la electricidad que ofrecen los contrincantes ocasionales en estas elecciones”. Esto, al referirse a la propuesta de la dupla presidencial de la Concertación, cuya oferta electoral es descalificada por técnicos porque conducirá a la Ande a la quiebra.
Leite comentó que se prevé que el gobierno de Santiago Peña priorice el abaratamiento de los precios del producto, así como del gas. “Eso adelantó nuestro candidato. Claro que es una prioridad y claro que va a seguir siéndolo”, remarcó.
También la inclusión de fuentes alternativas como el biocombustible que Paraguay produce será parte de una política con el fin de que sin subsidios los ingresos queden en nuestro país.
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Filtración: defienden credibilidad de la Comisión Antilavado y acusan al entorno del CIRD
El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que el órgano haya realizado filtraciones de informaciones de personas que firmaron contratos privados con oenegés.
“Yo tengo que descartar que esas informaciones que han tomado estado público vengan de la Comisión Bicameral de Investigación”, sostuvo este jueves el parlamentario en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo responsabilizó de la divulgación de datos a los operadores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderado por Agustín Carrizosa, organización no gubernamental que se encuentra en la mira de la Comisión Antilavado ante las diversas denuncias periodísticas que refieren que esta fundación realizó una repartija del dinero público a sus allegados que debió ser utilizado en un proyecto de reactivación económica poscovid durante el anterior gobierno.
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“Hay un malestar interno en el CIRD y sospechamos que la propia gente que trabaja ahí es la que está filtrando a puchito esta información. Yo creo que este tema de la filtración se circunscribe a una sola institución, el CIRD. Carrizosa tiene problemas de garganta profunda en su propia institución, la filtración provino de ahí, es una conclusión clara”, remarcó el parlamentario.
Planteará comparecencia en audiencia pública
Carrizosa mediante medios de comunicación que buscan desacreditar al órgano calificándolo como una “comisión garrote” había sostenido que dicho estamento posee un objetivo político centrado en crear informaciones falsas con el fin de desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil, apuntando a colocar en duda la credibilidad y seriedad de la comisión.
“Lo que ahora va a venir es un proceso público a pedido por todo el mundo en el que vamos a invitar por rango de plata gastada o invertida a las instituciones que más dinero público han manejado. Entonces, el CIRD tendrá la oportunidad de venir a la comisión para rendir cuentas y explique en qué gastó los centavos, guaraníes y dólares para que la gente del Paraguay pueda sacar sus conclusiones”, remarcó Leite.
El legislador sostuvo que propondrá “el lunes que el CIRD comparezca ante la comisión. Esta institución manejó más de 6 millones de dólares, nosotros siempre mencionamos que no vamos a ser jueces, somos investigadores porque tenemos ese poder constitucional”.
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“Comisión Antilavado está para transparentar y no para castigar”
“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.
“Si no quieren dar información, están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, sostuvo en una entrevista con la 780 AM.
Las afirmaciones del vicepresidente de la Comisión Antilavado surgieron tras la negativa del estudio jurídico Colab Abogados EAS en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la Justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.
OBLIGACIÓN COMO SENADORES
“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.
Mediante un comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz instaron a otras organizaciones a “no ceder ni un centímetro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.
“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.
RATIFICAN ROL DE LA CBI
El senador Dionisio Amarilla ratificó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual preside, posee facultades constitucionales, por lo cual puede solicitar informes. Esto atendiendo a la negativa de determinados sectores para rendir cuentas ante la comisión. “Nos parece un despropósito que se plantee una inconstitucionalidad, atendiendo a lo estipulado en el artículo 195 de la Carta Magna que otorga facultades a esta comisión para solicitar comparecencia de particulares y que suministren informaciones”, expresó ante los medios de prensa en el Senado.
Amarilla dio a conocer la nómina a la que accedió la CBI, en la cual se especifican todos los beneficiarios de los fondos de Usaid. Con esto en cuenta, manifestó la intención de la comisión de dar a conocer la manera en la cual han sido utilizados esos desembolsos. “Ya tenemos documentos que confirman que parte de los fondos fueron a parar como remuneración para algunos incursores en la política. Hay sospecha de injerencia para afectar a ciertas personas y se ha pretendido relativizar la soberanía paraguaya”, subrayó el presidente de la CBI.
Detalló que se siguen analizando determinados datos, adelantando que se darán a conocer informaciones brindadas por la propia Cancillería en torno a organizaciones y consultoras, las cuales han recibido altos montos de dinero. “Volveremos a someter esto a debate”, señaló.
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Comisión Antilavado está para transparentar y para no castigar, dice Leite
“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.
“Si no quieren dar información están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, sostuvo en una entrevista con la 780 AM.
Las afirmaciones del vicepresidente de la Comisión Antilavado surgieron tras la negativa del estudio jurídico Colab Abogados EAS, en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.
“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la Ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.
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Mediante una comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz, instaron a otras organizaciones a “no ceder ni un centímetro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.
“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.
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Senador explica por qué es importante ley para transparentar las ONGs
El senador Gustavo Leite aseguró que sin la Comisión Bicameral de Investigación no se iba a conocer cómo están operando las organizaciones no gubernamentales, ya que cerca de 6.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no están en regla, según la Dirección de Personas Físicas y Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Por esta razón, el legislador aseguró que es vital la actuación de la Comisión Bicameral de Investigación, dado que ciertas asociaciones son utilizadas para el lavado de activos.
Según el senador, existen tres tipos de ongs, de las cuales solo una veintena están en regla y por lo que pide “separar el trigo de la paja” y para eso se cuenta con el concurso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). “Yo separo en tres a las organizaciones sin fines de lucro, las que se hacen de maletín para desvalijar al Estado, las que reciben plata del extranjero para avanzar en agendas globalistas y las arraigadas hacen probablemente una veintena, que son las que hacen todo en regla”, señaló.
Agregó que sin la Comisión Bicameral todo esto no iba a saltar nunca “porque está escondido bajo la alfombra”. Aseguró que tras la actuación se pudo magnificar y tener que ver “cuántos son los reportes de operaciones sospechosas que hacen los bancos para ver si tenemos un problema mayor de lavado de dinero o es bajo el porcentaje”, indicó el senador Gustavo Leite.
A esto añadió que están intentando armar un “rompecabezas gigante” que nace de la falta de información. Explicó que el objetivo fundamental de esta Comisión es evitar el lavado de dinero y poder tener información certera sobre cuál es la dimensión real de este hecho punible en nuestro país.
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El DNIT es la institución que ha pedido a la Comisión que le otorgue más tiempo a modo de remitir información respecto a las ONG y del caudal de dinero que manejan. Leite recalcó que el propósito es la transparencia y no la persecución, puesto que es necesario que se informe el origen del dinero, en qué se destina y quienes son los beneficiarios.
El senador también hizo hincapié a la 1020 AM de la necesidad que existe de proceder a la sanción de una ley que controle a las ONG, los recursos y el destino de los fondos, a fin de asegurar la verdadera transparencia.
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