La Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) explica que se encuentra con dificultades respecto al proceso de licitaciones desde el año 2020, lo cual les afecta en su calidad de proveedores de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Este gremio nuclea a empresas constructoras del sector eléctrico que se encargan de la fabricación de postes de hormigón, un material muy importante para las obras de infraestructura.

Al respecto, el presidente de la Cecoel, César Ozuna, comentó a La Nación/Nación Media que solicitaron la mediación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) en busca de respuestas a la situación. Refirió que el primer pedido tiene que ver con la necesidad de que la Ande disponga de los postes de hormigón armado para sus obras de infraestructura en materia de distribución. Además de la verificación de los procesos de control de materiales e inspección de su fabricación, por el peligro que conlleva para la seguridad del suministro de la energía y a las personas.

“Pedimos la intervención de la UIP para que se defina la denuncia del 2020 y que debe ser desestimada para poder liberar varios procesos dentro de Ande y que la estatal clarifique sus procesos de ensayo y numeración para los fabricantes de postes”, apuntó Ozuna. Así también, que se gestione ante la estatal una reunión en el menor tiempo posible, a fin de solicitar analizar conjuntamente como transparentar los procedimientos.

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Según indicó, la dificultad se originó en el año 2020 ante la protesta presentada en el marco de la licitación 1539/20 por la Empresa Gauss del ingeniero Guillermo Kramer, en consorcio con el exsenador Dionisio Amarilla, por haber sido descalificada por incumplimiento de las condiciones financieras establecida en el pliego, y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) falló a favor de la Ande.

Si bien la licitación fue anulada, se radicó una denuncia ante la Fiscalía contra personas innominadas por el supuesto hecho punible de lesión de confianza. La causa fue atendida por el fiscal Juan Ledezma, el cual aún no expidió resolución a la fecha. Sin embargo, los fabricantes consideran que el real objetivo habría sido forzar una adjudicación y que la denuncia cuenta con fines políticos.

“Estamos requiriendo las resoluciones y dejar esta injerencia política en el proceso. Y que también estos sean limpios y clarificados, con responsabilidad, porque la falta de estos elementos afecta a todas las empresas constructoras del sector, esa es nuestra preocupación”, agregó y, además, señaló que en el año 2020, la empresa que fue adjudicada para el suministro de 17.000 postes de hormigón armado, solo habría entregado a la fecha 1.400 unidades.

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