La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) advirtió que están circulando correos electrónicos maliciosos a través de los cuales buscan acceder a datos como el nombre de usuario y clave de acceso al Sistema Marangatú. Expresaron que personas innominadas se encuentran utilizando esta modalidad de extorsión como señuelo para lograr acceder a la información privada.
“Estamos alertando a los contribuyentes a que no caigan ante estos engaños porque definitivamente nosotros creemos que desean obtener los datos para después generar procesos de estafa no solamente del ámbito tributario, sino que también pueden ser cuestiones financieras o comerciales”, expresó a La Nación/ Nación Media Juan Olmedo, director de grandes contribuyentes de la SET.
Aclaró que la información tributaria no está en riesgo, puesto que la misma se encuentra protegida por otros procesos de seguridad para impedir que terceros accedan a la misma. “Tuvimos reiterados reclamos de que se estaban recibiendo este tipo de correos e incluso por vía telefónica hacían este tipo de pedidos, pero no llegaron a vulnerar el sistema tributario”, explicó.
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También comentó que de esta manera el esquema intenta generar un vínculo de confianza con el fin de obtener un correo privado y contraseña para posteriormente buscar algún tipo de información bancaria y llevar la extorsión hacia el lado financiero.
En ese sentido, indicó que la única extensión de correo electrónico habilitada es @set.gov.py y que se recomienda no brindar ningún tipo de información para evitar inconvenientes posteriores, puesto que en ningún caso se solicitarán este tipo de datos confidenciales por parte de la dependencia.
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DNIT no pide información de cuentas bancarias ni solicita pagos por correos
En las últimas horas, se viralizaron capturas de pantalla donde se evidencia el modus operandi de hackers para vaciar cuentas bancarias mediante correos falsos. En uno de ellos, se solicita el pago de impuestos. Al respecto, el director de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, aclaró que los mismos son falsos y advirtió sobre su peligrosidad.
“Es importante aclarar que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no hace requerimientos por correo. Los pagos no se hacen por la web. Todo pago se realiza directamente por los bancos o financieras. En el caso de Marangatú, cada persona sabe cuándo debe actualizar sus datos, pero nunca se piden datos de tarjetas de crédito o de esa índole”, precisó Óscar Orué a Universo 970/Nación Media.
Mencionó también que en los correos falsos que circulan adjuntan enlaces y archivos; es decir, documentos. Por lo tanto, reiteró que para evitar caer en el phishing (como operan) no se deben abrir los documentos y mucho menos los links, ya que en caso de hacerlo, se podrán robar datos confidenciales.
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“Especialmente en el caso de los celulares, ya que la mayoría revisa así su correo, al abrir pueden tocar los documentos adjuntos, y como la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen conexión con la banca móvil, se podrá acceder a esa información. Por eso, no es solo no cargar los links, sino evitar tocar archivos para proteger datos”, enfatizó.
Orué contó que en algunos casos los correos solicitan pago de impuestos y a la par, que una vez saldado el tributo se devolverá parte del monto, cosa que es mentira. Por eso, insistió en que se tomen todas las precauciones necesarias para no ser víctimas de ciberdelincuencia.
“Tratan de ser creativos y hay gente que fue víctima de estos correos. Les aconsejamos que miren lo que se pide desde el sistema tributario y qué no, porque en algunos casos engañan diciendo que al pagar impuestos se les va a devolver un monto, eso es totalmente falso”, sostuvo.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
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Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
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La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
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Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.
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Stormy Daniels negó extorsión a Donald Trump
El interrogatorio a Stormy Daniels, en el centro de la causa que ha sentado a Donald Trump en el banquillo de la justicia, concluyó ayer jueves tras el intento de la defensa de presentarla como una mentirosa avariciosa que se aprovechó de sus acusaciones. La exactriz de cine porno negó haber amenazado al magnate con revelar una supuesta relación extramatrimonial de 2006, que Trump siempre ha negado, si no le pagaba.
“Quería que se supiera la verdad (...) que quedara registrada en un documento para que mi familia no saliera perjudicada”, dijo Daniels a la implacable abogada de Trump, Susan Necheles. De 77 años, Trump está acusado de falsificar 34 documentos contables para disfrazar el pago de 130.000 dólares a Daniels haciéndolos pasar como gastos legales de su entonces abogado Michael Cohen en la recta final de las elecciones de 2016, que ganó frente a Hillary Clinton.
Los abogados de Trump han querido presentarla ante el jurado como “sórdida, avariciosa y poco fiable”, acusándola de “extorsionar” al magnate, candidato republicano en las elecciones de noviembre frente a Joe Biden. Durante casi ocho horas de interrogatorio el martes y el jueves, Daniels explicó al jurado de Nueva York la aventura de una noche que, según ella, tuvo con Trump en un torneo de golf de famosos. El jueves, los abogados de Trump sugirieron que Daniels buscaba dinero con esta supuesta relación que contó en un libro por el que habría recibido 800.000 dólares, según la defensa.
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“Lo odiaba”
La acusaron de aparecer en un club de striptease, con una foto de Trump y el eslogan “Making America Horny Again (Haz América Cornuda de nuevo)”. “Nunca utilicé ese eslogan: lo odiaba”, dijo Daniels, de 45 años, que llevaba un vestido verde y una larga chaqueta negra con capucha.
El martes describió con todo lujo de detalles el supuesto encuentro con el magnate inmobiliario en un torneo de golf en 2006: su pijama, sus calzoncillos, la posición sexual y que no se puso preservativo, bajo su mirada impertérrita. Y aunque “no fue amenazada verbal ni físicamente”, dijo que se había “sentido avergonzada por no haberlo impedido, por no haber dicho que no”.
Tras recordarle que había dirigido y participado en más de 150 películas porno, la abogada de Trump le dijo que tenía “mucha experiencia en hacer que las historias falsas de sexo parecieran reales”. “Si esta historia no fuera cierta, la habría escrito mucho mejor”, respondió Daniels.
Los abogados de Trump llegaron a pedir la anulación del juicio el martes alegando que el testimonio de Daniels es “extremadamente perjudicial” para una causa que gira esencialmente sobre registros contables relacionados con las elecciones. El juez Juan Merchan lo rechazó. Este jueves volvieron a pedirlo. Tras Daniels subieron al estrado otras tres testigos, entre ellas Madeleine Westerhout, exdirectora de operaciones del Despacho Oval, que lo describió como un hombre práctico.
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“Caso Frankenstein”
En declaraciones a los periodistas a la entrada al tribunal este jueves, Trump dijo que el juicio es un “caso Frankenstein”. “El fiscal se lo está inventando sobre la marcha”, dijo el magnate. Merchan ha prohibido a Trump, que durante años ha llamado a Daniels “cara de caballo” y proferido otros insultos contra ella, hablar públicamente de los testigos, el jurado y personal de la corte.
Trump dijo el jueves que ha presentado un recurso contra la orden de silencio ante un tribunal de apelación, pero no dio más detalles. Su abogado exigió que se permitiera a Trump responder públicamente a las afirmaciones de Daniels sobre su encuentro ahora que ella ya ha declarado. Merchan, que ya ha impuesto 10.000 dólares de multa al magnate por desacatar su orden, se negó a levantarla.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y en Florida por presunta manipulación indebida de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, pero ese caso ha sido aplazado indefinidamente.
Fuente: AFP.