El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid, puso en contexto la realidad del mercado laboral, el salario mínimo y la pérdida del poder adquisitivo en torno al 28% según un cálculo que realizó. Indicó que si se hace un paralelismo de lo que fue la inflación acumulada desde la época de la democracia, juntando con todos los salarios y sus respectivos aumentos o reajustes, se encuentra una diferencia abismal.
“Hoy día, la pérdida del poder adquisitivo del salario es casi 28% aproximadamente si no es más, es decir, de cada 100 mil guaraníes unos 30 mil prácticamente no tiene el poder adquisitivo”, expresó Pérez Avid en el programa Maitei Py de Canal GEN- Nación Media.
Para dar un ejemplo, solo en el segmento del trasporte público, un trabajador debe destinar casi el 15% de sus ingresos para movilizarse si lo va hacer con 4 pasajes al día, que lo tiene que hacer para ir a trabajar justamente, estar todo un día fuera de la casa y pasar horas en el tránsito. Señaló que de acuerdo a las propias estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se cuenta con 286.000 personas que trabajan pero no perciben el salario mínimo siquiera.
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Negociaciones e informalidad
Ante la consulta de cómo acceder a un salario más elevado que el mínimo, el especialista explicó que esto dependerá exclusivamente del empleador o de lo que puedan llegar a negociar, ya que en muchos casos se cuenta con profesionales de alta capacidad, y según él, las mismas empresas son las que deberían actuar como líderes que es el que busca que su trabajador gane un crecimiento no solo económico sino que sea integral; personal y profesional.
Pérez Avid remarcó igualmente que una especie de salario emocional son los tratos participativos, o en los que los colaboradores se sientan identificados, y que también es fundamental que los trabajadores tengan motivaciones. “El empleador líder tiene que generar valores en su empresa, como siendo honestos con las autoridades del trabajo”, resaltó.
Al tiempo de agregar que esta última parte muchas veces resulta un poco imposible, en un mercado laboral con el 73% de informalidad, producto justamente de una carencia o déficit de una fiscalización adecuada del Ministerio del Trabajo, que redundan en una serie de consecuencias que afecta no solo al trabajador, sino también al buen empleador que sí procura cumplir con todo lo que dice la ley, perjudicando a la economía del país.
A esto se suma que muchas no abonan el seguro social, y los trabajadores no tienen acceso a un sistema previsional como el Instituto de Previsión Social (IPS), que por ley es una obligación, y por otro lado también se tiene la situación de la falta de respeto a las jornadas laborales o los descansos adecuados, acotó.